La Incompetencia del Poder Judicial en Mérida:

Las Actuaciones Arbitrarias y Violatorias del Debido Proceso del Fiscal 19° José Gregorio Lobo y el Juez Heriberto Antonio Peña.

El día viernes 11 de febrero de 2011, en la ciudad de Mérida, en el Circuito Judicial del mismo, se inicia un proceso contra la estafa inmobiliaria. El caso, es la estafa que la Empresa Constructora El Cobijo hizo contra 128 familias, educadores compatriotas todos organizados en una OCV, que llevan más de 5 años denunciando las irregularidades cometidas por un ente del Estado (IPASME), en la construcción de las residencias “La Fortaleza” quien por las responsabilidades de sus funcionarios aprobaron la ejecución física del proyecto, siendo falso, todo en un concierto con la Constructora para que bajaran los recursos y así desviarlos en proyectos privados.

Todo está documentado, y la lucha ha sido dura, pero se ha puesto peor. En la audiencia de presentación del día 12 de febrero, el Fiscal Decimo Noveno José Gregorio Lobo Rangel y el Juez, Heriberto Antonio Peña, haciendo gala de su falta de Ética y profesionalismo, mantuvieron la privativa de libertad sobre el Compatriota Hugo José Cerrada, profesor del IUTE, luchado social, miembro del partido y presidente de la OCV, quien ha venido batallando de forma constante por años, denunciando las irregularidades en la construcción y buscando resolver el problemas de sus compañeros y el suyo propio.

“El mundo al Revés” diría Eduardo Galeano, esta es una realidad, el denunciante ahora es acusado, cuando todas las pruebas demuestran que no tiene responsabilidad absoluta en el caso, una persona que siguiendo directrices de la Asamblea de propietarios (máxima autoridad de la OCV) ha emprendido una lucha contra la corrupción y la ineficiencia gubernamental.

La orden es investigar y tener responsables tras las rejas….que bueno, así debe ser!!. Pero esta orden debe dársele a personas que sepan administrar la justicia, no a unos funcionarios que irresponsablemente y sin ninguna ética pasan por encima de la justicia.

El compañero Hugo José  Cerrada, ha sido privado de libertad, por una denuncia interpuesta por más de 12 co-propietarios del complejo habitacional. Lo insólito del caso es que ellos mismos en la Audiencia han aclarado, dejando mal parado a la misma Fiscalía, que su denuncia fue interpuesta contra la Constructora y el IPASME, no al presidente de su OCV.  

Al verse contra la pared, la Fiscalía argumenta que el presidente de la OCV, en una acción legal decidió rescindir el Contrato de la OCV con la Empresa constructora, para de esta forma ir buscando alternativas y así terminar el complejo habitacional. Este argumento de la Fiscalía, supuestamente la encuentra fundada en la denuncia interpuesta por 12 personas co-propietarios que no estuvieron de acuerdo con dicha medida emprendida por la Directiva de la OCV.

El pequeño detalle es fue la misma Asamblea de Propietarios por mayoría quien ordeno a su junta Directiva que así lo hiciera.

Esta es la única causa que se le imputa al Ing. Hugo Cerrada, haber rescindido un contrato con una empresa estafadora, la “única razón jurídica” manifestada por el Fiscal y el Juez, pasándose por alto el Acta de la Asamblea.

Entonces señor juez y señor fiscal, si es que se les puede decir señores: ¿De cuándo acá la minoría es mayoría y la mayoría es minoría? ¿Para qué carajos estamos en una democracia protagónica y participativa en donde la voz y voto de la mayoría debe hacerse cumplir?, me parece extraño el comportamiento y actitud del Juez y el Fiscal, parecen venidos de la MUD.

No conforme dicho argumento, en caso que la acción tomada por el presidente de la OCV, por mandato de la Asamblea, fuese vista como violatoria del derecho de 12 personas. Eso no sería un caso para llevarlo a las instancias según el Código Civil, y no por el Código Orgánico Procesal Penal?

Exigimos que se revise la decisión tomada. Exigimos la investigación profunda del Caso. Exigimos que el compatriota Hugo José Cerrada salga en Libertad Inmediatamente, para que esté al frente de esta lucha incansable e inagotable, al lado de sus compañeros de la OCV.

Comandante presidente Hugo Chávez, Fiscal General Luisa Ortega Díaz y Dra. Luisa Morales, ¿Por qué no se revisan las arbitrariedades y los abusos cometidos por los funcionarios públicos que “administran la justicia”? Solicitamos se aboquen a este caso y otros más de compatriotas que dan su vida por esta revolución y terminamos siendo víctimas de un proceso corrupto, ineficiente e incapaz, que daña la imagen de la misma revolución, si es que ésta es verdadera, ya que lastima y doblega la lucha del pueblo, y que puede tener a futuro un desenlace muy devastador. 

josermendoza@hotmail.com

(*) Politólogo



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José Rafael Mendoza (*)

Politólogo Venezolano. (Universidad de los Andes) Magister en Administración Pública (Instituto Universitario Ortega y Gasset - Madrid). Especialista en Análisis y Evaluación de Políticas y Servicios Públicos (Instituto Goberna - Madrid). Doctorando en Gobierno y Administración (IUOG-Madrid). Docente e Investigador Universitario (Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública; Escuela Venezolana de Planificación y Universidad Bolivariana de Venezuela). Analista y Consultor Político.
Blog: http://observatoriopoliticovenezolano.blogspot.com/

 josermendoza@hotmail.com

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