Intelectuales exigen cese de campaña mediática contra Venezuela en México

Ciudad de México, 24 May. ABN. El cese de una campaña mediática por parte de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) de México, rechazaron y exigieron destacados intelectuales de ese país contra el Gobierno de Venezuela.

Consideran los intelectuales mexicanos que se trata de una abierta y escandalosa injerencia en los asuntos internos venezolanos a raíz de la decisión del Gobierno de Venezuela de no renovar la concesión a la empresa televisiva RCTV.

El grupo de intelectuales plantea en el histórico pronunciamiento, que la arremetida mediática forma parte de una agresiva estrategia de la ultraderecha nacional y mundial alentada por Estados Unidos que tiene vocería en México, a través de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), presidida por Manuel Espino.

A continuación el texto y los firmantes del comunicado:

'En los mismos momentos en que en nuestro país se discute la inconstitucionalidad de la Ley Televisa, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) está realizando una gran campaña mediática contra la medida tomada por el Gobierno de Venezuela de no renovar la concesión a Radio Caracas Televisión (RCTV), en abierta y escandalosa injerencia en los asuntos internos venezolanos.

Quienes están acostumbrados a usufructuar los bienes públicos como si fuesen un patrimonio propio, no pueden admitir que, en acto soberano, un Estado los rescate para los fines sociales que la Constitución les asigna.

Los grandes medios de comunicación privados usualmente, además, disponen monopólicamente de ellos y violan principios y normas democráticas, engañan y desinforman a una población que desprecian, y a la que buscan domesticar y embrutecer con una programación que destruye los valores humanos.

La decisión soberana del Estado venezolano de no renovar la concesión pública a RCTV, que expira el próximo 27 de mayo a la medianoche, es un acto legal, legítimo y no excepcional, pues en el mundo más de 600 concesiones no han sido renovadas por razones de interés público. Sobre lo cual no dice nada la CIRT, de la misma manera en que nunca se ha pronunciado ante actos verdaderamente autoritarios en nuestro país o en algún otro.

No se trata siquiera de una expropiación a la empresa, como se la quiere presentar, ya que puede seguir transmitiendo por cable e Internet.

Lejos de un acto autoritario, es una medida democratizadora por parte del Gobierno venezolano frente a un medio de comunicación que ha actuado facciosamente, instigando de modo obsceno al golpe de Estado de 2002, violado sistemáticamente la Constitución y sus leyes complementarias de Comunicación Social.

Igualmente, defraudando al fisco por cifras multimillonarias, violando las leyes laborales, que hace uso del espacio radioeléctrico para promover el racismo contra las mayorías venezolanas, el desprecio por la dignidad de la mujer y la denigración cultural de la sociedad.

Además, la concesión de la frecuencia será transferida a Televisora Venezolana Social (TVes), ente no estatal destinado a la producción independiente y comunitaria.

Lo más grave es que la campaña injerencista de los empresarios de radio y televisión mexicanos forma parte de una agresiva estrategia de la ultraderecha nacional y mundial alentada por Estados Unidos, que tiene hoy vocería en la Organización Demócrata Cristiana de América, presidida por Manuel Espino, contra el proceso democrático y emancipador venezolano, antecedida y acompañada por las indignas actitudes del expresidente Vicente Fox en apoyo a la política imperial de George W. Bush en América Latina.

Exigimos se ponga un alto a la campaña intervencionista de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión en los asuntos internos de Venezuela, así como pedimos respeto a las decisiones soberanas del gobierno elegido y confirmado democráticamente varias veces por la gran mayoría del pueblo venezolano.

En México mismo la sociedad reclama la democratización del espacio radioeléctrico, el colocar el interés público por encima de los intereses privados y el fin de los privilegios monopólicos de las grandes televisoras.

Suscriben este pronunciamiento:

Pablo González Casanova, Samuel Ruiz, Víctor Flores Olea, John Saxe-Fernández, Gustavo Iruegas, Alejandro Encinas, Miguel Concha Malo
Oscar González, Luis Hernández Navarro, Raúl Álvarez Garín, José Antonio Almazán, Miguel Álvarez, Salvador Zarco, Octavio Rodríguez Araujo, Juan Brom, Guillermo Almeyra, José Francisco Gallardo
Magdalena Gómez, Ana Esther Ceceña, Héctor Díaz-Polanco, Gabriel Vargas Lozano, Gilberto López y Rivas, Carlos Fazio, Héctor De la Cueva, Claudia Gómez Haro, Beatriz Stolowicz, José Steinsleger
Alma Rosa Alva de la Selva, Laura Carlsen y Alicia Castellanos Guerrero.

Consuelo Sánchez, José Enrique González Ruiz, Rafael Reygadas
Enrique Herrera, Miguel Ángel Ferrer, Víctor Rodríguez Padilla, Arturo Huerta, Federico Álvarez, Cauhtémoc Amezcua Dromundo, Ximena Ortúzar, Adalberto Santana, Carlos Véjar Pérez-Rubio, Salvador Morales Pérez, Arturo Limón, Nayar López Castellanos, Diana Guillén
Fabiola Escárzaga, Amparo Martínez, Guadalupe Bertussi, Abelardo Mariña, Silvia Sandoval. Alfredo Rajo, Jesús Escamilla, Tamara Barra,
Tatiana Coll, Amalia Rivera, Mario Saucedo, Camilo Valenzuela, Dolores Padierna, Angel Cedillo, Saúl Escobar, Eliana García, Pablo Franco.

Marco Álvarez, Humberto Zazueta, David Cervantes, Nina Torres, Guillermo Michel, María Emilia Caballero, Rosa María Hernández, Alejandro Álvarez Bejar, Octavio Mercado, Olivia Vidal, César Navarro,
Luciano Concheiro, José Luis Contreras, Oscar Alzaga, Miguel García Aguirre, Elba Meza Garcés, Eric Urizar, Javier Hernández Alpízar, Lorena Peralta Rojas, José Manuel Castillejos Río, Martha González Rentería, Margarita Enriquez Campos, Guadalupe Plascencia,

Firmas de organizaciones:

Alianza de Tranviarios de México; Sindicato Nacional de Trabajadores de General Tire; Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio;
Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD);
ALAMPYME-México (Asociación Latinoamericana de Micro, Pequeños y Medianos Empresarios); Grupo Tacuba A.C., Coordinadora Nacional Plan de Ayala; Centro Cultural El Sol de Zapopan (Jalisco); Asociación de Jubilados Defensores del Patrimonio Histórico Ferrocarrilero y
Maderas del Pueblo del Sureste A.C.

Mujeres por Mujeres por México en Chihuaha A. C.; Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P.; A.C, Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón; CIPO-RFM; Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua A.C-Red de Género y Medio Ambiente; Kolectivo El Rebelde, Mérida, Yucatán; Enlace, Comunicación y Capacitación A.C.; Alternativas de Comunicación Indígena en la Selva; Alianza Cívica Coahuila y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos.


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La fuente original de este documento es:
Agencia Bolivariana de Noticias (ABN) (http://www.abn.info.ve)



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