(Video) Argentina: Por qué intervenir en el debate por una nueva ley de radiodifusión

 20 - 09 - 08 Voces Urgentes - ANMCLA

En latinoamérica avanza las acciones de los movimientos sociales que buscan la socialización del espectro radioeléctrico, Venezuela, Uruguay, México, Ecuador, Brasil, Paraguay y Argentina, son solo algunos de los países donde se debate y construyen propuestas sobre la forma en que las clases populares accedan y asuman protagonismo en el impulso y gestión directa de medios alternativos, comunitarios, ciudadanos, nombres que en distintos sitios hacen sintesis de la necesidad de asumir que la transformación de la sociedad debe plantearse muy en serio la necesidad de crear un sistema de comunicación que sea reflejo de los cambios necesarios, así pues, en manos de las comunidades populares deben estar.

Esta vez desde Argentina los compañer@s de Agrupación Tupac Amaru en el FPDS y Barricada TV Noticiero Popular, nos envian este video, sobre la actividad "Radio Abierta", organizadada por la Red Nacional de Medios Alternativos, nos cuentan:

"Desde hace algunos meses, y sobre todo tras el conflicto no acabado por la repartija de la renta extraordinaria agropecuaria, se viene instalando en la Argentina el debate sobre una posible nueva ley de Radiodifusión o ley de Servicios Audiovisuales. Éste va a ser un nuevo escenario de discusión nacional y tiene todo lo necesario para que se lo polarice de la misma manera que hace unos meses. Por eso mismo no podemos estar ausentes, más allá de si finalmente se vota una nueva ley o no y más allá de si sus hipotéticos contenidos son o no progresistas: el debate va a ser parte de la agenda y va a ser necesario plantear otro camino para enfrentar la concentración mediática y los negocios de la telefonía"




 

A continuación el Articulo completo:

Por qué intervenir en el debate por una nueva ley de radiodifusión

Natalia Vinelli

Agrupación Tupac Amaru en el Frente Popular Dario Santillan

Barricada TV Noticiero Popular

Desde hace algunos meses, y sobre todo tras el conflicto no acabado por la repartija de la renta extraordinaria agropecuaria, se viene instalando en la Argentina el debate sobre una posible nueva ley de Radiodifusión o ley de Servicios Audiovisuales. Éste va a ser un nuevo escenario de discusión nacional y tiene todo lo necesario para que se lo polarice de la misma manera que hace unos meses. Por eso mismo no podemos estar ausentes, más allá de si finalmente se vota una nueva ley o no y más allá de si sus hipotéticos contenidos son o no progresistas: el debate va a ser parte de la agenda y va a ser necesario plantear otro camino para enfrentar la concentración mediática y los negocios de la telefonía.

En este sentido es fundamental expresar una posición política pública como sector interesado en la comunicación (medios y proyectos comunitarios y alternativos) y como organizaciones políticas y sociales. Es necesario y urgente sumar el tema a nuestras reivindicaciones (estamos hablando del acceso masivo a la palabra), así como también ponerle el cuerpo a una campaña que tome el asunto como eje y exija al gobierno la publicidad de los borradores de la ley, la transparencia en los mecanismos de pedido, reserva y adjudicación de frecuencias para organizaciones populares, los requerimientos de un  plan técnico y las características y tiempos de la reconversión tecnológica que supone la TV digital.

Es decir, si por un lado no podemos esperar a ser “legales” para montar nuestros propios medios (por el contrario tenemos que llenar de hecho el espectro con nuestras voces, nuestras luchas y nuestras experiencias), por el otro tampoco debemos abandonar la lucha por una nueva ley de radiodifusión: son dos caras de una misma moneda. 

La ley vigente 22.285 

Recordemos que la ley vigente, la 22.285 de 1980, es en realidad un decreto ley de la dictadura que se viene arrastrando desde entonces y que hasta ahora no fue derogada, convirtiéndose en una de las deudas pendientes más bochornosas de la democracia y desnudando con toda claridad cuánto hay de verdad en la frase que dice que ésta es consecuencia de aquella. La 22.285 es claramente restrictiva, autoritaria y excluyente, y desde su promulgación impide sistemáticamente que toda organización sin fines de lucro, social o cultural pueda acceder a las frecuencias radioeléctricas. Porque si bien el artículo 45 de la ley fue parcialmente modificado por Kirchner (luego de ser declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia), estos cambios no modificaron sustancialmente el panorama: si por un lado sigue impidiendo el acceso a las cooperativas de servicios públicos, por el otro al no aplicar un plan nacional de radio y TV que llame a concurso público las modificaciones quedaron en el papel.

 La 22.285 tuvo además otras modificaciones bastante menos simpáticas que ésta, y que profundizaron sus aspectos más pro comerciales y antidemocráticos. Las más importantes de ellas realizadas durante el menemismo (es clave la ley de Reforma del Estado 23.696, que permitió la concentración en multimedios). Pero este hecho no convierte a la 22.285 “original” en una ley que comparada con lo que quedó sería “progresista” (como si la ley ahora fuera otra distinta que la misma 22.285). Ése es el planteo, nada inocente por cierto, de Clarín cuando publica que del texto original de la 22.285 ya no quedaría “casi nada”. Frente a esto hay que tener en cuenta que la ley vigente es un Frankenstein sin costado amable alguno, una reglamentación cocida sobre la base del material cadavérico heredado de la dictadura (en todas sus lecturas posibles).

 Para que quede bien claro: las modificaciones no hicieron sino extender su carácter excluyente, abriendo la posibilidad de la creación de los multimedios previa privatización de los medios estatales. Privatización que ya estaba pautada en los años finales de la dictadura pero que quedó para ser realizada en democracia. Lo que prueba, una vez más, que las modificaciones hechas en democracia son consecuencia del texto de la dictadura, como sucede en otros ámbitos de la vida pública.

 El hecho de seguir padeciendo un decreto ley firmado por genocidas para regular el acceso a la radiodifusión es motivo suficiente para poner el cuerpo a la exigencia de su derogación, que –hay que destacar- viene siendo resistida desde 1983 y obturados muchos de los debates que generó. Sin embargo buena parte de la militancia popular o bien deja el tema en manos de “expertos”, cerrando las posibilidades de contar con canales de expresión propios que disputen el sentido y construyan una nueva subjetividad, o bien se dejan llevar por la comodidad y el achanchamiento que supone sostener que “no se va a votar una nueva ley”, que “va a ser igual” o que “no va a representar los intereses populares porque va a seguir siendo una ley burguesa”.

 Está claro que cualquier reemplazo en el marco del actual sistema de acumulación capitalista no va a estar comprometido táctica ni estratégicamente con la causa de los pueblos. Pero esto no supone dejar las cosas como están, sobre todo cuando se trata de cambiarlas. Es fundamental pensar el tema de la comunicación desde un punto de vista gremial y sectorial y tener reclamos y reivindicaciones puntuales sobre este tema: por ejemplo, contar con frecuencias radioeléctricas para las organizaciones populares y presionar para hacer efectivo el rumor del 33 por ciento del espectro para este sector. No hacerlo es dejar esta zona de pelea, que está íntimamente vinculada con la construcción del imaginario social y por lo tanto con la lucha ideológica, regalada en bandeja para repartija de las distintas fracciones de la clase dominante. 

El borrador en secreto 

 Hasta ahora el borrador de la nueva ley circula en secreto, aunque el actual interventor del Comfer Gabriel Mariotto se la pasa circulando por mesas de debate asegurando en general que el texto contempla los “21 puntos básicos por el derecho a la comunicación” (ver en www.coalicion.org). Estos 21 puntos son una serie de planteos centrados en la necesidad de una nueva ley de la democracia realizado por un conjunto bastante heterogéneo de organizaciones, expertos y medios comunitarios más o menos institucionalizados, organizados en la llamada Coalición por una radiodifusión democrática.

 Los 21 puntos son políticamente correctos, apuntan a la democratización de las comunicaciones y aunque no son la revolución tampoco tienen que ser alternativizados. Lo cual no significa dejar hacer o conformarse sino construir nuestros propios espacios para intervenir sobre el tema, yendo más allá de los 21 puntos con una política propia. Sobre todo cuando la Coalición, tras reunirse con la presidenta de la Nación, se comprometió en carta abierta a “apoyar, acompañar y sostener el proyecto que Ud., con valentía institucional, se ha comprometido a impulsar”. ¿Qué proyecto?

 El hecho de que circule en secreto no es menor y genera justificadas sospechas. Fundamentalmente cuando lo que se está debatiendo es el derecho a la comunicación como derecho humano, ¿cómo es posible que no se dé a difusión el texto para permitir el debate colectivo? Es claramente contradictorio señalar que la nueva ley será democrática y al mismo tiempo cercenar la posibilidad de participar en su diseño o hacer escuchar las voces comunitarias, alternativas, sociales. Por eso la primera reivindicación debe ser nuestra exigencia de que se dé a publicidad el borrador de la ley. Si la ley va a ser democrática, el Gobierno debe responder por esa democratización.

 De modo que como sector interesado debemos impulsar una línea de acción que presione para sacar a la luz “en toda su desnudez” el espíritu de la ley que se viene delineando desde el gobierno. Porque, obviamente, que los 21 puntos vayan a ser (hipotéticamente) contemplados no es ninguna garantía para una comunicación popular. Y, junto con esto, es fundamental plantear una segunda reivindicación centrada en la anulación del decreto 527 firmado por Néstor Kirchner en 2005, porque con este decreto vigente no es posible hablar de radiodifusión democrática ya que mantiene la concentración al suspender el cómputo de los plazos de las licencias de las empresas de radio y TV por diez años, beneficiando una vez más a las grandes corporaciones. 

Frecuencias para las organizaciones populares 

 Uno de los puntos que Mariotto está agitando alrededor de la nueva ley es la división del espectro radioeléctrico en tres partes: una para la radiodifusión pública, otra para la privada comercial y una tercera para las organizaciones sociales y comunitarias. Esto sin duda significa un gran avance, pero para no conformarnos con el espejismo es necesario garantizar el conocimiento del borrador para ver los términos de semejante propuesta, presionar sobre ese punto y pelear para garantizar nuestra presencia en el éter. Una tercera reivindicación es entonces la socialización del espectro radioeléctrico. Lo cual está directamente conectado con una cuarta reivindicación: la transparencia en los mecanismos de pedido, reserva y adjudicación de frecuencias.

 La lucha por una nueva ley de radiodifusión va a ser fundamental para conocer y/o exigir claridad respecto de los requerimientos técnicos y de inversión de capital; la disponibilidad real de frecuencias teniendo en cuenta que en teoría el espectro está saturado; qué se entiende por organizaciones sociales y por medios comunitarios, explicitando cuál será el alcance de estas señales (esto por ejemplo es una trampa en Brasil, donde la radiodifusión comunitaria solamente puede tener un alcance de 1 kilómetro… o sea 10 cuadras… haciendo más interesante el diálogo cara a cara con el vecino que mediado por una radio), etc. Esto obviamente entronca con la lucha por la anulación del 527, ya que buena parte de las frecuencias (que sin embargo son un patrimonio común de la humanidad que los Estados sólo pueden gestionar) están en manos de las grandes corporaciones.

 Por último mencionamos una quinta reivindicación, vinculada con las implicancias de la reconversión tecnológica que supone la televisión digital y los debates alrededor de la adopción del modelo tecnológico (yanqui, europeo o japonés). De acuerdo con la adopción de uno u otro modelo son distintos sectores del capital los que se enriquecen, y aquí entran a jugar también los intereses de las telefónicas con el muy posible negocio del triple play (convergencia de TV, telefonía e Internet). Es fundamental intervenir en ese debate, que en definitiva es intervenir en el debate estructural de las comunicaciones. Asimismo, si bien según el modelo adoptado habría lugar para 4 a 6 frecuencias donde entraba una en la radiodifusión analógica (la actual), es necesario conocer qué sucederá cuando en pocos años (10, 20) los transmisores y receptores analógicos sean dados de baja.

 ¿Qué clase de inversión habrá que realizar para sostener transmisiones digitales de televisión o radio? Esta pregunta lleva a pensar en la desigualdad social y de clase, ya que dependiendo de ese costo se estará o no en condiciones de acceder a las frecuencias. Como se ve el tema tiene muchas aristas, pero es necesario encarar la lucha para o bien desnudar la inexistencia de tal borrador o conocerlo para garantizar nuestra voz en los debates. La posibilidad de presionar para obtener frecuencias no debe ser dejada de lado, y debe ser una reivindicación constante. La forma más efectiva de presión no es esperar sentados a tener permiso para emitir ni dejar en manos de expertos que no nos representan la responsabilidad de intervenir en el debate. Se trata de una lucha integral y en este sentido conviene revisar la experiencia venezolana. Poblar el espectro radioeléctrico y pelear por el reconocimiento; desnudar el carácter de las propuestas en curso; apuntar a la socialización del espectro. 

 

* Que se dé a publicidad el borrador oficial de la nueva ley de radiodifusión para participar de los debates con nuestras voces.

* Anulación del decreto 527/05.

* Por la socialización del espectro radioeléctrico.

* Otorgamiento de frecuencias para las organizaciones populares.

* Transparencia en los mecanismos de reserva y otorgamiento de las frecuencias.

* No a los decomisos y devolución inmediata de los equipos secuestrados en los últimos años.

* Igualdad de condiciones para acceder a la tecnología digital.

* Contra el discurso único y la concentración multimediática.

 

POBLEMOS EL ESPECTRO CON NUESTRAS VOCES Y MIRADAS

LLENEMOS EL COMFER DE PEDIDOS DE FRECUENCIAS

SOCIALICEMOS EL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO 

LA UNICA LUCHA QUE SE PIERDE ES LA QUE SE ABANDONA 


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