Desde hace varios meses, las empresas camaroneras del Estado Zulia vienen desconociendo los derechos más elementales de sus trabajadores, despidiendo a directivas sindicales completas, obstaculizando las discusiones de contrataciones colectivas y obstruyendo
la actividad del propio Ministerio del Trabajo. Tal es el caso de la empresa INMARLACA, ubicada en los Municipios Rosario de Perijá y La Cañada de Urdaneta, la cual despidió a toda la directiva del Sindicato Único de la Industria y Producción del Camarón, similares y conexos de las Costas Occidentales del Lago de Maracaibo, SUINPROCACOLAMA.
El secretario general de dicho sindicato, Elímenes Quintero, y otros 13 integrantes de la directiva
fueron despedidos. La Inspectoría del Trabajo de Maracaibo dictó las respectivas providencias de
reenganche de todos los trabajadores despedidos, pero hasta la fecha la empresa se ha negado a ejecutar el reenganche, viéndose obligados los trabajadores a recurrir ante los tribunales laborales para intentar hacer valer sus derechos conculcados.
La empresa INPROCA, procesadora de camarones ubicada en El Bajo, en semanas recientes despidió a más de 50 trabajadores que intentaron legalizar un sindicato. Los dueños de estas dos empresas son los mismos: Jorge Márquez Faría y José Enrique Rincón. Los desmanes de
las camaroneras contra sus trabajadores se extienden a todo el estado: en el municipio Sucre (Bobures) una empresa camaronera también procedió a despedir a toda
la directiva sindical clasista, al mismo tiempo que se niegan a discutir un proyecto de contratación colectiva introducido por dicho sindicato. Esta empresa, cuyos dueños aparentemente son los mismos de las camaroneras de la costa oeste del Lago, ha presionado fuertemente a la Inspectora del Trabajo de Santa Bárbara para que no fueran reenganchados los trabajadores y no se discutiera el proyecto de contrato.
La empresa logró homologar por ante la Inspectoría del Trabajo de Cabimas seis contrataciones colectivas firmadas por un sindicato patronal fantasma, contando para ello con la complacencia del Inspector de Cabimas Julio Ascanio, abogado con varias décadas de experiencia y que sin embargo alegó “haber sido engañado” por la empresa al momento de consignar las convenciones colectivas. Hacemos notar que Cabimas queda a casi 500 kilómetros de Santa Bárbara, que no
es su jurisdicción, y que no se exigieron requisitos básicos como la boleta de legalización del sindicato, junta directiva actual y acta de asamblea en la cual se aprueba la contratación colectiva.
Las camaroneras del Sur del Lago han contado con el apoyo de diputados bolivarianos. Específicamente, la diputada Betty Zuleta, del MVR, ha asistido a la Inspectoría de Maracaibo para abogar a favor de estas empresas camaroneras y solicitando el desconocimiento de los sindicatos clasistas.
Llamamos a denunciar esta ofensiva antiobrera de las empresas camaroneras. Solicitamos al gobierno nacional a través de sus diversas instituciones se revise cualquier posible financiamiento que se le esté otorgando a estas empresas que en términos laborales permanecen al margen de la ley. Exigimos al Ministerio del Trabajo tome las medidas pertinentes para salvaguardar los derechos de los trabajadores de las camaroneras, y evitar que sus funcionarios sean nuevamente “engañados” por patronos inescrupulosos.
Enero de 2005.