23 de enero 2009. - La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó hoy que la próxima semana serán citados, en calidad de testigos, algunos de los ciudadanos que estuvieron presentes en la reunión realizada en San Juan de Puerto Rico entre representantes de partidos de la oposición y un supuesto funcionario de Estados Unidos.

En el programa radial "En Sintonía con el Ministerio Público" la fiscal general de la República informó que se está tramitando una carta rogatoria con el gobierno de Puerto Rico por la presunta reunión, informó el Ministerio Público en una nota de prensa. Asimismo, indicó que por este mismo hecho se solicitaron movimientos migratorios ante la Onidex.

La máxima representante del Ministerio Público agregó que el grupo de personas que viajó a Puerto Rico, presuntamente se reunió con un diplomático extranjero y explicó que, de acuerdo con la Ley, cualquiera que se reúna en un país o República extranjera para atentar contra la integridad de un territorio o contra las instituciones republicanas, eso constituye, a la luz de la legislación venezolana, un delito.

Para determinar si este grupo de ciudadanos incurrió o no en delito, el Ministerio Público comisionó a la fiscal 23° con competencia nacional, Gabriela Soler, para que realice las diligencias pertinentes y recabe los elementos de convicción con el fin de esclarecer el hecho.

Remiten video

Por otra parte, la Fiscal General de la República informó que la solicitud realizada por el presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Ricardo Sánchez, para que se investigara el video en el que aparece el director de la PM, Carlos Meza, fue enviada a la Unidad de Depuración de Causas, debido a que en el escrito "no se específica de manera clara y precisa lo que quiere dicho dirigente estudiantil".

"En el escrito solicitan al Ministerio Público que revise el video a ver si se ha cometido algún delito. Nosotros no podemos averiguar si se cometió o no delito, al Ministerio Público hay que señalarle cuál es el presunto hecho punible o en todo caso los hechos ocurridos", dijo Ortega Díaz, reseñó la nota de prensa.

La fiscal explicó que de acuerdo con el Código Penal, cualquier persona que tenga conocimiento de la comisión de un hecho punible puede denunciarlo ante un fiscal del Ministerio Público o un órgano de policía de investigación.

"La denuncia se podrá formular de manera verbal o escrita, haciendo una narración circunstancial del hecho", sostuvo, pero añadió que no se le puede pedir al Ministerio Público que reciba un video, lo revise y determine si hay un hecho punible.

Ortega Díaz manifestó que en el escrito la persona tiene que narrar de manera sucinta lo que quiere que se investigue, porque la Constitución determina de manera clara y expresa cuál es la función del Ministerio Público. "No nos pongan a adivinar un hecho punible, a adivinar cuál es el hecho o la conducta que desarrolló una persona para constituir un delito".

Quema del Waraira Repano

Con relación a la supuesta quema del Waraira Repano (Cerro Ávila) por parte de presuntos estudiantes de la Universidad Metropolitana, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, dijo que se están realizando las investigaciones respectivas.

Hasta ahora, la fiscal 1° de ambiente con competencia nacional, María Alfonso, ha realizado varias entrevistas en calidad de testigos al Decano de la Universidad Metropolitana, al Consultor Jurídico de esa casa de estudios, así como a estudiantes.

A propósito de este tema, Ortega Díaz explicó que el Ministerio Público no tiene la facultad de privar de libertad a nadie, puesto que esta función sólo le corresponde a los Tribunales de la República y a los cuerpos policiales.

Acotó que quien hace este tipo de afirmaciones desconoce la Constitución de la República, puesto que el Ministerio Público no priva de libertad ni siquiera en flagrancia, ni detiene a nadie por considerar que una persona cometió un hecho punible.

En todo caso, el fiscal solicita la privación de libertad si se determina que la persona incurrió en un delito y el Tribunal decide si la acuerda o no.