En mayo de este año, los profesores Jorge Dávila y Miguel Delgado solicitaron a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia la nulidad, por ilegalidad, del actual Reglamento Electoral de la Universidad de Los Andes. Según estos profesores, el Reglamento viola los artículos 28 y 30 de la Ley de Universidades que estipulan las condiciones para optar a los cargos de Rector, Vicerrectores y Secretario, así como los requisitos para ser elector.

Es conveniente que universitarios y no universitarios examinen con cuidado el Reglamento Electoral de la Universidad de Los Andes, los artículos mencionados de la Ley de Universidades y los razonamientos y explicaciones que los dos profesores han publicado en varios diarios locales; de este modo cada quien podrá formarse una opinión objetiva e independiente sobre un asunto que sin duda repercute en el bienestar de la colectividad merideña.

La ilegalidad o legalidad del Reglamento será decidida por el Tribunal Supremo de Justicia, pero es deseable que todos, y en particular los universitarios, hagan posible una discusión seria, libre de apasionamientos y amenazas, con el fin de que prevalezca la justicia y el bienestar común. La elección de las autoridades universitarias que regirán los destinos de una “Universidad con una ciudad por dentro” es un asunto de crucial importancia para Mérida. Para ilustrar este punto, vale la pena dedicar algo de atención y tiempo a la lectura de unas declaraciones públicas del equipo rectoral.

Las declaraciones a las que me refiero aparecen publicadas en un reportaje del diario local “Pico Bolívar”, en la sección Universidad, página 20, del 22 de julio de 2004. Las cuatro autoridades electas, un representante estudiantil (Br. Rafael Monsalve) y un profesor de Derecho Constitucional (Prof. Fortunato González) expresan allí sus impresiones sobre el recurso legal de los Profesores Delgado y Dávila.

En su declaración, el Profesor Lester Rodríguez, Rector electo, considera que “la intentona” de los profesores Dávila y Delgado “abre las puertas para que cualquiera intervenga nuestra universidad”. Luego, señala: “Los universitarios estamos en pie de lucha, no tenemos miedo, vamos a salir a la calle y si es necesario voltear esta ciudad, por Dios que lo vamos a hacer” (las negrillas y el subrayado son míos).

De acuerdo con esta declaración, el Profesor Lester Rodríguez considera al Tribunal Supremo de Justicia como un ente “cualquiera” que carece de potestad para decidir sobre la nulidad de un reglamento con presuntos vicios de ilegalidad. Igualmente, parece creer que el Consejo Universitario está facultado para aprobar reglamentos cuya legalidad nadie puede poner en tela de juicio, ni siquiera el Tribunal Supremo de Justicia, porque con ello se estaría violando la autonomía universitaria. De esta manera, el Profesor Lester Rodríguez imagina que será el Jefe de un pequeño Estado –la Universidad de Los Andes- dentro del Estado venezolano, un pequeño Estado que no vacila en desafiar a la máxima autoridad del Poder Judicial del país.

Pero el Rector electo va mucho más allá. Amenaza a toda la comunidad merideña con “voltear la ciudad” si la decisión del Tribunal Supremo no le favorece. Todos los merideños sabemos bien qué sucede cuando los universitarios deciden “voltear la ciudad”: saqueos, destrucción de los bienes públicos, interrupción del tránsito automotor, quema de vehículos particulares y actos de violencia, con un saldo lamentable de heridos y aun de posibles muertos entre estudiantes, transeúntes y miembros de los cuerpos de seguridad del Estado. Lo peor del caso es que el nuevo Rector parece muy dispuesto a cumplir su amenaza: ha jurado públicamente y en el nombre de Dios que junto a sus camaradas (no especifica quiénes son), pondrán en jaque a toda la ciudadanía si el Tribunal Supremo de Justicia se atreve a declarar la nulidad del Reglamento Electoral que le permitió ser elegido Rector.

Una declaración pública como ésta, proviniendo de un profesor universitario que ya se siente Rector de la Universidad, no puede atribuirse a la torpeza o a la ligereza de lengua de un sujeto impulsivo; no, este juramento suena a una declaración de guerra de quien se siente por encima de la Ley y de toda norma ciudadana; creyendo, tal vez con razón, que estamos indefensos y a su merced.

Por su parte, el Profesor Humberto Ruiz, Vicerrector Académico electo, deja entrever similar amenaza pero se cuida de incluirse como autor material de los hechos que vaticina. El Profesor Ruiz declara: “Es imprudente que estos dos profesores traten de llevar a la ciudad y a la universidad a esta situación, creo que se les debe hacer un llamado de atención porque lo que puede ocurrir es muy grave, el claustro está sintiendo que puede ser burlado en su decisión autónoma, libre y democrática para escoger autoridades en los próximos cuatro años”. El Profesor Ruiz advierte a los profesores Delgado y Dávila, de las graves consecuencias que puede acarrear el provocar la ira del “Claustro” si éste se “siente burlado”. Claro está, lo “grave que puede ocurrir” será responsabilidad de los profesores que demandan la nulidad del Reglamento, y no de los vándalos que en nombre del Claustro Universitario destruyan la ciudad porque se sintieron burlados. ¡Cuánto se parece este argumento al del violador que acusa a su víctima de haberle tentado a cometer el crimen!

Curiosamente, el Vicerrector Académico electo hace uso de la palabra “democracia” en su declaración, pero no duda en sugerir –no sabemos a quién- que a los profesores Dávila y Delgado se les “llame la atención” por el abominable pecado de acudir a un Tribunal de la República con el fin de solicitar la nulidad de un reglamento que consideran ilegal y que quizás atenta contra la institución universitaria. Visto así, ya sabemos a qué atenernos los universitarios durante la gestión del Profesor Ruiz como Vicerrector Académico: las decisiones del Consejo Universitario serán incuestionables, y a quien se le ocurra cuestionarlas se le “llamará la atención”: Bonita democracia universitaria nos espera; por una parte, sancionará a quienes utilizan los canales regulares legales, y por la otra, justificará y permitirá el vandalismo.

La profesora Nancy Rivas de Prado, elegida por una abrumadora mayoría de universitarios y a quien no conozco en persona ni por referencia, responde al reportero como lo haría una ciudadana respetuosa de la Ley. Ella no nos amenaza, tan sólo expresa su desacuerdo con la posición de los profesores Dávila y Delgado y señala que se está asesorando con sus abogados. Parece que en el equipo rectoral electo, alguien entiende cómo debe proceder un ciudadano en un Estado de Derecho para resolver las diferencias con sus congéneres.

El Profesor Mario Bonucci, explica en su declaración el fundamento o doctrina que condujo a la aprobación del Reglamento objeto de controversia; según su apreciación los “sistemas normativos están consustanciados con la dinámica social, es ésta la que origina las normas y si éstas no se adecuan en la misma sociedad, se tienen que diseñar para promover esa institucionalidad que nosotros queremos en la ULA”.

La Ley de Universidades contempla que para ser electos como autoridades universitarias se requiere “ser venezolanos, de elevadas condiciones morales, poseer título de Doctor, tener suficientes credenciales científicas y profesionales y haber ejercido con idoneidad funciones docentes y de investigación en alguna universidad venezolana durante cinco años por lo menos”.

¿Cuál es esa dinámica social que impide cumplir con cada uno de estos requisitos?. La respuesta es simple: la “dinámica social” es aquella que interpretan y crean unos pocos con capacidad para forzar modificaciones de las normas en pro de sus intereses particulares. Un buen ejemplo de este eufemismo “de la adecuación de las normas a la dinámica social” lo vemos hoy en el plano internacional. La dinámica social impuesta por el terrorismo autoriza al gobierno de los Estados Unidos a cambiar ciertas normas, y haciendo a un lado las leyes internacionales, destruye dos países violando universalmente todos los derechos humanos de sus habitantes. Las normas, creo yo, se crean y aplican para hacer posible la convivencia humana bajo principios de justicia y procurando el bien común, y en el caso de una institución como la Universidad, esas normas deben servir para que ésta cumpla cabalmente con su cometido social, a saber, “buscar la verdad y afianzar los valores trascendentales del hombre”.

Aún admitiendo que las realidades sociales imponen cambios en las normas, el proceso que conduzca a ese cambio deberá cumplir con un procedimiento que respete el orden jurídico establecido. Si la “dinámica social” impone la aprobación de nuevos reglamentos que violan leyes nacionales ya anacrónicas, entonces habrá que cambiar primero las leyes, y luego los reglamentos. Modificar las leyes de la República es potestad del poder Legislativo, no de una institución particular. Es obvio, que si en el seno de cada institución se aprueban reglamentos que conducen a la violación de lo estipulado en las leyes de la Nación, muy pronto tendríamos un caos jurídico que en la práctica conduciría a la ausencia de leyes.

El Br. Rafael Monsalve, también entrevistado en el mismo reportaje, considera que la acción de los profesores Delgado y Dávila, de tener éxito, violaría el derecho al voto y la autonomía universitaria. El derecho al voto, en cualquier democracia, en cualquier proceso electoral, tiene sus restricciones, como todo derecho. Cuando elegimos Presidente de la República, la Ley exige que los candidatos y los electores cumplan con ciertos requisitos. Igual sucede con la Universidad: la Ley establece cuáles son esos requisitos, y no puede un reglamento eliminarlos sin más. Estos requisitos son diferentes en el caso de la universidad, pues no es una institución al servicio exclusivo de los universitarios, sino de toda la Nación, y se la conmina a la búsqueda de la excelencia; no a la cómoda tranquilidad de sus miembros. Para que la Universidad de Los Andes cumpla con la misión que le asignó la sociedad tiene que ser dirigida por los profesores de mayor estatura académica y moral; de allí las exigencias de la Ley. Cabe resaltar que el Bachiller Monsalve, a diferencia del rector y el vicerrector académico electos, no amenaza a la comunidad merideña con actos de vandalismo. Algo de esperanza se vislumbra.

Para finalizar el reportaje, el periodista aborda al “Presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional”, el Profesor Fortunato González. El afamado profesor considera que no hay razones legales para la impugnación y que con esta acción sólo se daña a la universidad.

Que se sepa, los profesores Dávila y Delgado no están impugnando los resultados de las elecciones, a lo que aspira su solicitud es a que se declare la nulidad del Reglamento Electoral por considerarlo ilegal; obviamente, tal postura no les ubica en la diatriba electorera sino en la defensa de la institucionalidad. De todos modos, la docta opinión del Presidente de la “Asociación Venezolana de Derecho Constitucional” tiene su peso específico; no olvidemos que proviene de quien avaló y aplaudió uno de los decretos más anticonstitucionales y dictatoriales firmado en tierra venezolana: aquel del 12 de abril de 2001, del inefable y abortado dictador, Pedro Carmona Estanga.

Las declaraciones públicas del Rector y el Vicerrector Académico obligan a sospechar que la tesis de los Profesores Dávila y Delgado es correcta: el Reglamento Electoral vigente es ilegal y conduce a la elección de Autoridades Rectorales que no reúnen las características académicas y personales que se esperan de un Rector o de un Vicerrector de una Universidad Nacional. Tales amenazas, también ponen de manifiesto que la ciudadanía no debe ser indiferente al suceder universitario, pues las decisiones, acciones y omisiones de autoridades universitarias que confunden el concepto de autonomía con el de impunidad, pueden causarle graves daños y perjuicios a toda la comunidad merideña.

Finalmente, existe la posibilidad de que el reportero del Diario Pico Bolívar tergiversara todas las opiniones de los profesores y del estudiante entrevistados; pero si es así, ¿por qué ninguno de ellos ha exigido aún que el Diario rectifique el error?.