Arquitectura de un Mercado Regulado de Carbono en Venezuela: Hoja de ruta (3) Ley para la Regulación del Mercado de Carbono y la Restauración Ecológica.

Ante los retos ecológicos que Venezuela enfrenta, desde la deforestación en cuencas hidrográficas clave hasta la degradación en zonas críticas, surge una oportunidad histórica: establecer un mercado de carbono regulado que sea no sólo eficiente y transparente, sino también justo, territorial y restaurador. Este artículo propone una hoja de ruta(3) para la elaboración de una Ley de Mercado de Carbono, que integre estructuras jurídicas viables, lecciones aprendidas de la región y una narrativa que valore los saberes ancestrales, la resiliencia comunitaria y el potencial restaurador del país. Venezuela ha ratificado instrumentos internacionales como el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, lo que habilita la creación de mecanismos de compensación y comercio de emisiones. Sin embargo, aún carece de una legislación nacional que regule el mercado de carbono de forma integral.

La propuesta es avanzar hacia una Ley para la Regulación del Mercado de Carbono y la Restauración Ecológica, que articule:

• Derechos de emisión y compensación

• Certificación de créditos de carbono

• Gobernanza multiactor y territorial

• Mecanismos de sanción, transparencia y redistribución

Esta ley debe fundamentarse en la Constitución venezolana, la cual garantiza el derecho a un ambiente sano y la participación ciudadana en la gestión ambiental. La base constitucional para una Ley para la Regulación del Mercado de Carbono y la Restauración Ecológica en Venezuela se encuentra principalmente en los siguientes artículos:

Artículo 127- Derecho al Ambiente sano. "Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. […] Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación…"

Artículo 128 - Ordenación del territorio. "El Estado desarrollará una política de ordenación del territorio atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas, de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable, que incluya la información, consulta y participación ciudadana. Una ley orgánica desarrollará los principios y criterios para este ordenamiento"

Para el diseño de un mercado regulado de carbono en Venezuela, es crucial analizar las arquitecturas internacionales existentes y su aplicabilidad, considerando las particularidades ecológicas, institucionales y socioeconómicas del país. Entre las estructuras más prominentes se encuentra el sistema Cap-and-Trade, que establece un tope máximo de emisiones y facilita el intercambio de permisos, promoviendo la eficiencia y la reducción progresiva.

Otra alternativa es el impuesto al carbono, que grava directamente las emisiones de gases de efecto invernadero para incentivar la adopción de tecnologías limpias, modelo exitosamente implementado en Colombia desde 2016. Adicionalmente, existen sistemas híbridos que combinan elementos fiscales con mecanismos de comercio, ofreciendo flexibilidad y adaptabilidad territorial, como los que se desarrollan en Chile y México.

Finalmente, el enfoque jurisdiccional REDD+ ofrece una vía para generar créditos de carbono mediante la reducción de la deforestación y la conservación de bosques a escala regional, integrando comunidades locales en la gobernanza del carbono.

En el caso venezolano, dada su diversidad biocultural y los desafíos de gobernanza, un modelo híbrido con fuerte componente territorial y comunitario podría ser el más adecuado, permitiendo canalizar recursos hacia la restauración ecológica, reconocer el rol de los pueblos indígenas y rurales como custodios del carbono, y fortalecer capacidades locales para la certificación y monitoreo de proyectos. Esta arquitectura debe ser flexible, inclusiva y profundamente arraigada en los paisajes y memorias del país.

En el ámbito institucional, es fundamental crear una Autoridad Nacional de Carbono. Esta entidad, que integraría a actores públicos, académicos, comunitarios y privados, sería responsable de la regulación, certificación y supervisión del mercado. Deberá estar respaldada por un Registro Nacional de Créditos de Carbono, una plataforma digital que asegure trazabilidad, auditorías independientes y acceso público para garantizar transparencia y confianza.

Desde la perspectiva normativa, se requiere el desarrollo de metodologías de certificación específicas para los diversos ecosistemas venezolanos, desde los páramos andinos hasta las selvas amazónicas. Estas metodologías deben integrar criterios de adicionalidad, permanencia, co-beneficios sociales y gobernanza comunitaria.

En el plano financiero, el mercado podría incluir incentivos fiscales para empresas que reduzcan sus emisiones o inviertan en restauración ecológica. Asimismo, se podrían realizar subastas de derechos de emisión, cuyos ingresos se destinarían a fondos para la resiliencia territorial.

Finalmente, en el aspecto participativo, es indispensable establecer protocolos de consulta previa con comunidades indígenas y rurales. También se deben crear plataformas de diálogo intersectorial y regional para co-diseñar las reglas del mercado desde los territorios. Este proceso no debe verse como una serie de pasos técnicos aislados, sino como una transformación institucional y cultural que valore el carbono vivo, la memoria ecológica y el rol protagónico de quienes regeneran desde la base.

Aprovechando las lecciones de Colombia, que ha implementado impuestos al carbono y proyectos REDD+ con participación local, Venezuela tiene la oportunidad de crear un sistema que dirija fondos hacia áreas afectadas por la minería y la deforestación. Este sistema debería incentivar acciones tempranas y la colaboración comunitaria. La meta es que este mercado sirva como una herramienta para la restauración ecológica, la distribución equitativa de beneficios y la sensibilización. Así, se busca integrar la ciencia, la emoción y la acción colectiva en cada rincón del país.