"Nuestro compromiso es seguir siendo cada vez con mayor radicalidad un Gobierno obrerista, de todos los trabajadores y trabajadoras, en el pensamiento y en la acción. Hugo Chávez .(*)

Es una contradicción fundamental que en un país donde gobierna un partido socialista, con un presidente en funciones desde hace más de 10 años, proveniente del sector laboral, que fue y dice sentirse orgulloso de haber sido dirigente sindical, considerarse un "presidente obrero", se cometan tantas injusticias contra los millones de trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado, así como quienes integran el diverso sector de la economía informal. Y estas injusticas no se deben a las agresiones imperiales ni al bloqueo gringo, sino a la impunidad que ha generado la no aplicación de las leyes laborales tal como están contenidas en nuestro ordenamiento jurídico. Allí se ha demostrado una enorme debilidad institucional que se hace necesario modificar a favor de eso que tradicionalmente se denomina el débil jurídico, económico y social de la Relación Capital-Trabajo.

Con Chávez se logró avanzar enormemente en cuanto a los derechos de los trabajadores con la aprobación de un nuevo marco jurídico que amplió los mismos con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en la que se constitucionalizaron los derechos laborales en 11 artículos (desde el 86 hasta el 97), luego se concretó en la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT), la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la Ley Orgánica de Prevención de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo (LOPCYMAT), la Ley Orgánica de Seguridad Social Integral (LOSSSI) y adicionalmente los respectivos decretos de inamovilidad laboral, así como de incrementos de salarios mínimos anuales. Así actúa un estado que vela por el pueblo oprimido y que se plantea la transformación profunda de las relaciones sociales de una sociedad clasista como la venezolana.

No fue ni será fácil pues allí se desarrolla una batalla social, es decir, la Lucha de Clases, por una parte y por otra, combatir también la propia mentalidad burocrática enquistada en los órganos del estado.

Con Chávez, decíamos, se había avanzado mucho, sin embargo, siendo una sociedad capitalista, se encontraban en densos sectores, evidencias de precariedad laboral, flexibilización del trabajo y desconocimiento de las leyes por parte de los patronos, sobre todo del sector privado, es decir, de la burguesía nacional y transnacional. Pero con el marco jurídico mencionado, se cuenta con un arsenal importante para esta batalla social.

Sin embargo, en los últimos años, en el periodo del presidente Nicolás Maduro y producto de la inacción en este tema, el retroceso ha sido muy grande y ahora los patronos se sientes fortalecidos desacatando, desobedeciendo, retando incluso a los órganos del estado. Y cuando hablamos de patronos nos referimos a empresarios del sector privado, y paradójicamente, a patronos, directivos o autoridades del propio gobierno, es decir, de empresas públicas y ministerios que han sido designados por el propio presidente o en última instancia por ministros colocados allí a instancias del PSUV, o sea, el partido de gobierno.

Han sido tantas las violaciones de las leyes y las protestas de los trabajadores que al fin ha llegado a oídos de los sectores decisores. Imaginamos que el presidente Maduro al fin reaccionó ante tales desafueros y ordenó atacar dicho problema, que afecta al gobierno, al igual que las desmejoras salariales que se han tenido también en los últimos años, más cuando organismos como la ONAPRE y el Ministerio de Planificación "desatienden" las medidas presidenciales.

Recientemente Leímos una información relativa un Encuentro Nacional de Coordinación y Acción en Defensa de los Derechos de las Trabajadoras y Trabajadores realizado en la sede principal del Ministerio Público en fecha 18 de julio de este año 2023. Según la información, en dicho encentro estuvo presente el Ministro del Trabajo, Francisco Torrealba, junto a 75 asistentes que incluyeron a viceministros de la cartera; directores generales, directores estadales, inspectores de todo el país y coordinadores.

En tal sentido, el fiscal expresó que: "Muchas veces [trabajadores] son despedidos de manera totalmente injustificada y al margen de la ley. A ellos, asuman que el Ministerio Público los va acompañar para su reenganche y garantizar que se les respete ese derecho humano al trabajo…Nosotros destacamos para atender los delitos que puedan ocurrir en el ámbito laboral la creación de las fiscalías 63° y 78° nacionales especializadas en la defensa de los derechos humanos laborales".

El Fiscal General se refirió a los delitos penales contemplados en el ordenamiento jurídico que rige el mundo laboral; como son el desacato de una orden administrativa de reenganche de un trabajador amparado por fuero sindical o inamovilidad laboral; el desacato a la orden judicial de reenganche en el procedimiento de estabilidad; la violación al derecho a huelga, el incumplimiento y obstrucción de actos emanados del Ministerio del Proceso Social de Trabajo, el cierre de ilegal e injustificado de la fuente de trabajo y los accidente laborales. En este sentido, informó que durante los meses transcurridos del 2023, se han contabilizado 331 DENUNCIAS PENALES EN EL ÁMBITO LABORAL; LA MAYORÍA REFERIDAS A DESACATOS DE ORDEN JUDICIAL DE REENGANCHE. http://www.mp.gob.ve/index.php/2023/07/18/fiscal-general-participo-en-encuentro-nacional-en-defensa-de-los-derechos-de-las-trabajadoras-y-trabajadores/.

Decenas de empresas privadas no acatan las órdenes de reenganche. Eso ha generado una especia de anarquía y desobediencia del estado de Derecho y de Justicia. Hay que aplicar con todo rigor la ley, acompañados de los cuerpos de seguridad, tal como ocurrió recientemente en las empresas Polar en Chivacoa, estado Yaracuy. Debe hacerse lo mismo con los directivos de los organismos públicos quienes aprovechándose del nepotismo y del tráfico de influencias creen tener una patente de corso para hacer lo que les dé la gana con los trabajadores. Decía con mucha soberbia un "gerente público" el otro día: "En Miraflores manda Maduro, pero acá mando yo". Hay una "ley no escrita" la cual establece que cuando el patrono es del gobierno no se le aplica lo contemplado en la Ley y de ello se aprovechan directivos inescrupulosos. Eso debe erradicarse definitivamente.

Sólo referir algunos casos, tenemos acá que hay muchos directivos de empresas públicas que se niegan al reenganche. Organizaciones públicas como Lácteos Los Andes, Café Venezuela, Aceites Diana, CVG, Ferrominera del Orinoco, Aluminios del Caroní, Fundación Niño Simón. Universidad Campesina Argimiro Gabaldón las cuales se han venido denunciando a través de los medios de comunicación y redes digitales, entre tantas otras.

Así que con este Encuentro y las decisiones anunciadas por el Fiscal y el Ministro del Trabajo, debe comenzarse a hacerse Justicia laboral y que el burocratismo, la negligencia, la desidia o la displicencia no sigan entorpeciendo estos procesos a favor del trabajador y no de los patronos.

(*) Hugo Chávez. Las Líneas de Chávez. 02 de mayo de 2010.