Muchos chavistas, maduristas, diosdadistas, aristobulistas y revolucionarios rodilla en tierra tienen que soportar en silencio, sin derecho a reclamos, el sueldo miserable que les impuso la Oficina Nacional de Presupuesto, ONAPRE; les guste o no les guste, porque así es que se gobierna en Venezuela: al capricho y antojo del Presidente Obrero. Su palabra es la que vale y a hasta el Tribunal Supremo de Injusticias se pliega a sus zapatos.

Esto resulta vergonzoso y bochornoso.

Lo anterior se evidencia en el dictamen conclusivo emanado por el TSJ ante el amparo introducido por la universidades públicas del país para solicitar la nulidad, con acción de amparo, para derogar la tabla ONAPRE del 15 de marzo de 2020—previa sustentación legal, jurídica y gremial, en a base a los acuerdos logrados con el Estado en las últimos Contrataciones Colectivas Únicas—.

La Sentencia N° 00252. 14/07/2022 SPATSJ es taxativa en su propósito de dar por terminada la aspiración mayoritaria de una clase obrera, cuyo único propósito en la sociedad ha sido formar profesionales útiles a la patria, de menudo en las peores condiciones materiales y laborales.

El gobierno de Nicolás Maduro Moros impuso un parapeto humillador y vejador de los derechos y prerrogativas laborales conquistados históricamente, hasta con muertos en el camino de las protestas y demandas de justicia social en el pasado, mediante un mecanismo denominado "Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Pública, Convenciones Colectivas, Tablas Especiales, Empresas Estratégicas". También llamado tabulador o instructivo Onapre.

Ese parapeto institucional ha sido rechazado masivamente por cuanto vulnera derechos humanos esenciales de los venezolanos. Más de doce millones de ciudadanos han sido sometidos a este "proceso de ajustes del sistema de remuneración", sólo para sostener en el poder a una clase dirigente política podrida y corrupta; que quiere justificar con la pobreza masiva de los trabajadores y trabajadores, su ventajismo partidista y gubernamental, con la excusa de la crisis económica, la falta de recursos y el bloqueo de imperio.

El gobierno cobra casi el cien por ciento de los tributos fiscales aplicando el mecanismo de su criptomoneda, el Petro, obteniendo por esa vía millones y millones de dólares, sin que haya ley que regule ese "proceso fiscal". Anteriormente estos cobros se hacían en proporción al valor de la Unidad Tributaria en curso para el años fiscal respectivo. La Unidad Tributaria quedó así prácticamente derogada. De ahí que la excusa de la falta de recursos para mutilar nuestros derechos esenciales a la vida, la salud, la educación y la alimentación; además del acceso a los servicios públicos vitales (transporte, agua, gas, electricidad y comunicación), sea una falsa; puesto que el menguado salario mínimo o reglamentado en el país (el más pírrico y miserable del planeta tierra), no se beneficia de este mecanismo tributario.

El gobierno anuncia a finales de cada año un abultadísimo presupuesto nacional, pero hasta esta primera mitad de 2022 las 365 alcaldías de Venezuela dicen no recibir de manera oportuna los correspondientes dozavos del situado constitucional, y se mantienen en mora con cuanto proveedor de insumos o ayuda técnica sostienen contratos. Sus trabajadores son otras víctimas más del Estado, aunque éste les prohíbe todo derecho a protestar o quejarse, pues son tratados de traidores y despedidos, violando toda norma jurídica existente.

La imposición del Petro como valor referencial para los cobros de impuestos fiscales fue una manera sesgada de matar el valor nominal del bolívar como moneda de curso legal, como moneda nacional. Aunque el gobierno despotrica del dólar como moneda capitalista imperial, el Petro no es más que un mecanismo sesgado para sacarle al pueblo en dólares lo que no tiene. Un Petro equivale a 60 dólares, pero nuestros salarios equivalen a hambre, miseria, pobreza y humillación política; y en absoluto se equipara al valor mínimo de la canasta básica familiar, estimada entre diez y doce Petros.

Una simple multa al comerciante o a un conductor, se tasa en tres o cuatro Petros; con lo cual el gobierno le arranca al bolsillo del ciudadano 180 dólares, equivalentes a seis meses de salario mínimo. Y en Venezuela abundan las multas abusivas y los funcionarios corruptos que le hacen el juego atroz al gobierno socialista y revolucionario. Los alcaldes andan como locos aplicando multas de este tenor para su beneficio directo. Esto incluye el buen escoces y las amantes de postín.

No me quiero imaginar si estos gobierneros fueran anti socialistas y anti revolucionarios, pero tuvieran igualmente el poder en sus manos, pese a humillar y maltratar al trabajador del modo flagrante en que lo hacen; a pesar de venderse al mundo como "gente de izquierda", "hijos de Simón Bolívar", "revolucionarios rojos rojitos". Más revolución llevo yo en mis venas que estos irresponsables y mentirosos. Hombres y mujeres que desde el poder mancillan y vulneran los derechos de los trabajadores públicos de la patria.

Al despropósito humillante y antihumano de ese instructivo ONAPRE—rechazado hoy masivamente por la clase obrera del país— hay que sumar otro mecanismo perverso, anti social, castrante, aberrante y perverso del gobierno nacional, relativo a la negativa del Estado a pagar las prestaciones sociales y pasivos laborales, para quienes le trabajamos al Estado venezolano durante 25, 30 y 35 años; mañana a mañana, tarde a tarde, noche a noche; viviendo en la actualidad en pobreza crítica, en la peor hambruna que se pueda imaginar el mundo civilizado, con enfermedades crónicas, desnutridos y desasistidos de todo mecanismo de salud y bienestar; sólo porque Nicolás Maduro Moros—alias SUPER BIGOTE— se niega a cancelar las prestaciones sociales de los jubilados desde 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 hasta 2021.

En marzo de 2018 y marzo de 2022 el Presidente Obrero Nicolás Maduro Moros prometió pagos parciales de las prestaciones sociales pendientes, y el pueblo —de buena fe—, le creyó. Burda burla. Humillación de la peor calaña, esa de engañar con tamaña desfachatez, a seres pobres y empobrecidos, que lo dimos todo por el servicio a la patria.

Todavía hay quienes tienen la esperanza de que los prometidos —y ya súper devaluados— diez mil bolívares prometidos el 1° de mayo de 2022, les va caer algún día en sus cuentas nóminas, como regalo del Niño Jesús. Llegará navidad y año nuevo, y tendrán que resignarse a ser unas pobres víctimas del peor presidente que ha gobernado a Venezuela.

Mentira y burla, tras mentira y burla. Insólito. Intolerable. Insoportable. Imperdonable.

Las dos procesos de devaluación del bolívar denominados "reconversión monetaria" (2018 y 2021) significaron la muerte del poder adquisitivo de los trabajadores venezolanos. Para el gobierno socialista revolucionario y chavista significó ahorro del gasto público. Con un presupuesto nacional devaluado y anti desarrollo humano, pudo mantener las nóminas de hambre, y se engañó al pueblo de una manera burda, bajo el prisma de un discurso político tan populista cuanto manipulador y engañoso. Ningún trabajador venezolano obtuvo beneficio social o económico alguno con esas dos mega devaluaciones del bolívar. Pero la burocracia gubernamental sí se enriqueció, y enquistó aún más a sus anchas.

Para tener certeza de la imagen-país actual basta observar que las casas de los venezolanos presentan más de seis años sin pintura en el exterior ni en el interior. Son viviendas feas. Hábitat de miserables. El famoso programa Barrio Nuevo Barrio Tricolor es un adefesio creado para enriquecer a los alcaldes (Métase el ojo en las alcaldías del estado Anzoátegui); quienes maquillan canchas deportivas, plazoletas y alguna que otra sede pública, con el uso de pinturas que les venden sus mismos familiares. Corruptela al mil por ciento. Pero los hospitales (verbigracia, el Razetti de Barcelona y Guevara Rojas de El Tigre) son la cruda expresión del abandono y la indolencia de los políticos gobernantes. En Caracas, los enfermeros y médicos residentes muestran en televisión sus trapos rotos, sus zapatos descosidos y con huecos; y su cara de rabia y frustración se manifiesta día a día, ante la revolución más corrupta e ineficaz del globo terráqueo: la revolución madurista del siglo veintiuno venezolano.

Los vehículos de los venezolanos son chatarras mal pintadas, sin cauchos ni baterías; con grandes fallas de motor y emisiones graves de gases tóxicos. El vestir de los niños es de pobres y harapientos. La plata no alcanza para ese tipo de gastos, porque los salarios son de hambre. Los centros comerciales donde no están metidas las manos peludas de los testaferros del gobierno y sus boliburgueses, son esqueletos del abandono, del fracaso y la quiebra absoluta. La viveza y la usura se imponen sobre todo valor moral y ético. ¿Cuál será, efectivamente, la "recuperación económica" que el Presidente de la República tanto cacarea?

Las asignaciones de hábitats de la misión vivienda, la entrega de bolsas de alimentos Clap (generalmente con productos de muy mala calidad y dañados) se han convertido en mecanismos de exclusión y humillación de familias no politizadas ni domadas como borregos por esos consejos comunales que parecen tribunales de la inquisición. Estos consejos comunales funcionan como subsedes del Psuv, y para nada tienen un carácter social, transparente, de inclusión y respeto a la igualdad social. Más de un año tardan nuestros barrios en recibir un combo Clap de la limosna estatal, supuestamente creado para demostrar que el petróleo es de todos los venezolanos. En ese sentido, conviene revisar la encuesta del portal patria.org referida a la ENCUESTA MERCADO, a la ya me referí en un artículo pasado, el 16 de mayo de 2019: https://m.aporrea.org/economía/a278745.html. La respuesta mayoritaria del pueblo es que no tiene en su despensa ninguno de los 33 artículos expuestos en ese mamotreto, mal llamado "encuesta", a saber: huevos, sardinas, pollos, carne, arroz, pasta, leche, azúcar. Mantequilla, sal, aceite, etcétera.

Ya en el pasado los trabajadores le exigimos salarios dignos a los ex presidentes Carlos Andrés Pérez, Rafael Caldera, Jaime Lusinchi, Luis Herrera Campins, Ramón J, Velásquez y Hugo Chávez (todos ellos muertos), y ha sido nefasta la experiencia de sumar una conquista laboral digna a nuestras luchas sindicales reivindicativas. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro Moros se lleva el máximo trofeo de la ineptitud, la injustica y la falta de respeto al trabajador. Su capacidad de engaño es asombrosa. Ni respeta a los jubilados ni tiene la más mínima consideración con los cientos de miles que le regamos por todas las vías civiles que nos pague nuestras prestaciones sociales.

La aplicación de esa tabla Onapre, por la cual medio país marcha y solicita su nulidad pese a la manipulación descarada que hace el gobierno del poder judicial en Venezuela, es la más cruda expresión de que no hay derechos laborales tangibles en el país. Los sindicaleros pro gobierno institucionalizan la burla del Estado respecto al obrero, al empleado, al profesional en ejercicio o jubilado. Ni siquiera se respeta el derecho a la disensión, como debe ser precepto lógico dentro de una democracia representativa y protagónica. Pobre Constitución Nacional de 1999, tan bella en el papel, y tan ultrajada por la ignorancia y la arrogancia politiquera.

Ha sido el dirigente sindical Eduardo Sánchez quien, en una entrevista aparecida en https://venezuelainformahoy.com, denuncia que los militares y personal civil que labora en el Ministerio de la Defensa, gozan desde el 5 de julio de 2022 de tablas salariales distintas al instructivo Onapre, porque el mismo presidente Nicolás Maduro Moro decretó ese beneficio ventajoso. Esto no puede ser más que una bofetada a los demás trabajadores civiles del país. Solo un médico o un profesor universitario, una enfermera o un maestro de escuela, un ingeniero o una secretaria que se monte una cachucha militar sobre su cabeza puede tener salario digno en Venezuela. Esto es aberración política de la peor calaña.

Y aunque nuestras protestas no conduzcan a nada concreto, y resulten totalmente ignoradas y burladas por el gobierno le digo a mis compatriotas trabajadores que pasan tanta hambre como el resto del país, que le demostremos al gobierno en los próximos procesos electorales de qué tamaño tenemos las pelotas los venezolanos de a pie; y démosle la peor derrota electoral que ellos se puedan imaginar.

Ese puñal en el pecho sí les va doler. Una votación masiva, sentida y justa contra este gobierno miserable que no deja de burlarse de la clase trabajadora, de menudo apelando al lloriqueo golpista y al bloqueo lastimero, que para lo único que no tiene efecto al parecer es para su enorme enriquecimiento mediante la corruptela y el testaferrismo.

Un ejemplo de ello rueda en estos días de junio-julio en el estado Anzoátegui, desde Puerto La Cruz-Anaco-San Tomé-El Tigre, y más allá, hasta el mismo estado Monagas. Ante el inminente acuerdo energético entre EE.UU y Venezuela, previsto se concrete a partir de octubre próximo; un enchufado del alto gobierno anda comprando desesperado diez taladros cabilleros de 450 a 700 hp (cuyo costo total aproximado ronda los 15 millones de dólares), para concretar un acuerdo petrolero con la empresa norteamericana Chevron. Es decir, gente del gobierno cuadrando desde estos días sus enormes negocios con el petróleo de todos los venezolanos; mientras la gran mayoría muere de hambre y penuria gracias al bodrio Onapre. Entre tanto, seguimos mendigando salarios justos a una supuesta revolución que hace mucho tiempo cayó en el terreno de la mediocridad y la falsa.

Qué revolución tan bonita, comandante eterno… "Así, así es que se gobierna"…

Qué desfachatez.