Una última información de fin de año, emanada por la Asamblea Nacional de Venezuela, señala la aprobación de un crédito adicional, por un monto de cuatro mil ochocientos millones de dólares ($4.800 millones), para que el gobierno nacional, presidido por Nicolás Maduro Moros atienda, de una vez por todas, las urgentes demandas salariales y demás compromisos laborales con la administración pública del país.
Dentro de estas urgencias, la más inmediata y perentoria debe ser la cancelación pendiente, desde 2012, de las prestaciones sociales y pasivos laborales de los trabajadores y trabajadoras jubilados del sector universitario; y el imperioso e impostergable aumento del salario mínimo, incluidas primas contractuales secuestradas y mutiladas por el ejecutivo nacional, para el bienestar de sectores tan sensibles como la educación, la salud, la seguridad y demás entes, como ministerios, gobernaciones y alcaldías, entre otras instituciones del Estado venezolano.
Durante el mes de noviembre de 2024, el Jefe de Estado despachó, de modo alegre, gritón y sin miramientos, la cantidad exorbitante de seiscientos millones de dólares ($600.000.000) para los consejos comunales, durante los días previos a la elección de los llamados "jueces de paz". Todos los jubilados de las universidades públicas, que no hemos cobrado nuestras prestaciones sociales, nos quedamos boquiabiertos.
Algo insólito, en verdad, considerando que si el Estado cancela un monto redondo, pero transquilado —porque merecemos mucho más—, de treinta mil dólares ($30.000) para cada uno de los veinte mil jubilados (20.000) del sector universitario, que tenemos ya doce, diez, ocho (mi caso personal), seis, cinco y más años esperando nuestro pago por concepto de jubilación, establecido por ley y en compromisos contractuales, Nicolás Maduro Moros como Jefe de Estado, tendría que erogar de las arcas públicas una cantidad similar de 600 millones de dólares.
No olvidemos que su gobierno, desde 2018, ha eliminado catorce (14) ceros al bolívar como moneda nacional, y que los cuadros de inflación e hiperinflación experimentados en el país son factores decisivos al momento de evaluar la cancelación de nuestras deudas. Digo esto, porque es praxis de la revolución bonita tratar al trabajador con menor valor que un perro sarnoso, que un animal de corral o que un indigente de calle.
Por eso, cabe preguntarse, ¿cómo se explica que un gobierno que se dice bloqueado y asediado por el imperio, disponga de seiscientos (600) millones de dólares para los consejos comunales, y al mismo tiempo sostenga la excusa estúpida y mentirosa, de que no cuenta con los recursos financieros para honrar esos compromisos pendientes?
Muy mal parado quedó el Presidente Nicolás Maduro Moros las dos veces que prometió, (marzo 2021 y marzo 2022), pagar las prestaciones sociales, y hasta dio una "orden" dudosa, en cadena nacional, para que se abonara de "inmediato", la cantidad de diez mil bolívares (Bs.10.000); que al cambio oficial de entonces, a través del Banco Central de Venezuela, correspondía a dos mil cuatrocientos dólares ($2.400).
Eso fue falacia, engaño y mentira pública, notoria y comunicacional. Esto nunca se cumplió. De nada valieron llantos, quejas y maldiciones.
La duda pasa a peor cuando, en una de sus primeras alocuciones de enero de 2025, el mismo Jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, señala —sin que le tiemble un pelo del superbigote—, que pronto se estarán asignando a los consejos comunales otros seiscientos millones ($600.000.000) de dólares. Es decir, la suma de una cosa y otra significan mil doscientos millones de dólares ($1.200 millones) sólo para los "Consejos Comunales". ¡Cuanta dicha tienen esos Consejos Comunales!, que no le trabajan a nadie, que no suman horas-hombre como un jubilado universitario, como una enfermera, como un policía, como un obrero del aseo urbano, por decir lo menos.
Cabe hacerse otras preguntas: ¿Que papel tienen dentro del máximo interés social, político o económico de Venezuela, los llamados "consejos comunales"? ¿Serán acaso los receptores de fondos públicos para financiar las inminentes elecciones de legisladores, alcaldes y gobernadores en el país este año 2025?
Voy a explicar una breve anécdota que puede ser ilustrativa de cuanto prejuzgamos con el sentido común.
En noviembre de 2024 me encontraba en un local de servicios de internet y recarga de saldos telefónicos, frente a la plaza Bolívar de Pariaguan, estado Anzoátegui; y estaban allí dos damas "dirigentes" de los consejos comunales del pueblo, realizando transferencias bancarias, por separado, desde las cuentas de sus consejos comunales (acreditadas en el Banco Bicentenario) para sus cuentas de tipo personal (acreditadas ambas en el Banco de Venezuela). Estas señoras habían recibido Bs 350.000 una, y Bs. 250.000 la otra; equivalentes a nueve mil dólares ($9.000) una, y seis mil cuatrocientos dólares ($6.400) la otra, al cambio oficial del día a través del BCV, destinados (supuestamente) estos recursos, para la compra de un tractor de uno de eso consejos comunales; y quién sabe para qué el dinero del otro.
Una de las señoras manifestó, a bocajarro, que con ese dinero se compraría un fundo o terreno que tenía negociado —una mini finca, suponemos—, y hasta hizo una llamada a otra dama —supuesta vendedora—, para comunicarle que ya le tenía la plata. La otra señora del consejo comunal dijo, también a bocajarro, a la que la acompañaba en ese trámite de las transferencias, que ella se compraría una casa.
¿Qué significa, entonces, todo esto?
Que esos 600 millones de dólares de noviembre ($600.000.000), y los que vienen durante estas primeras semanas de 2025; más todos los millones de dólares entregados hasta ahora por el Jefe de Estado Nicolás Maduro Moros a los consejos comunales, tienen para sí una vieja marca —facturada Made in Venezuela—, llamada CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA.
Por eso, Presidente Nicolás Maduro Moros, si aún queda un traste de vergüenza en el gobierno nacional, solo le pido, encarecidamente y del modo más decente posible, que nos pague, cuánto antes, nuestras prestaciones sociales pendientes desde 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.
¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar tanta humillación, pobreza extrema y miseria, por parte del gobierno nacional? ¿Hasta cuándo la antimoral de la corrupción le va ganar la batalla, a la moral de la academia, del saber, del cocimiento, de la educación y de las universidad pública del país?
Usted, más que nadie, tiene la última palabra.