No hay forma ni modo de hacerle entender al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela que un funcionario público, de acuerdo a la legislación vigente, se jubila a los 25 años de servicio: y de inmediato, en el corto —y tal vez en el mediano plazo— debe recibir el pago de sus prestaciones sociales.
Es un derecho laboral natural, ineludible, indiscutible e invulnerable. Pero el Estado, y más que el Estado, el gobierno nacional, ignora tales derechos de la manera más cruel.
Las prestaciones sociales están consagradas en el Artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y es el Estado que debe garantizar la igualdad y equidad del derecho al trabajo, según lo establecido en los Artículos 88 y 89.
También, rige el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras y su Reglamento, la Ley de Universidades y su Reglamento, la I Convención Colectiva Única de Trabajadores del Sector Universitario, en las Cláusulas 89, 90 y 91; así como la normativa legal vigente, establecidas en los acuerdos internos, actas convenios y convenciones colectivas de los gremios que hacen vida en las Instituciones de Educación Universitaria.
La existencia de leyes y normativas vigentes que amparan los derechos laborales de los universitarios, apegados a los principios de intangibilidad, progresividad e irrenunciabilidad, inherentes al Contrato de Trabajo de cada uno de nosotros, quienes fuimos causados a la terminación de la relación de trabajo, por motivo de Jubilación, nos da derechos legítimos al reclamo y beneficios inmediatos de nuestros pasivos laborales y de las prestaciones sociales acumuladas.
Esta situación se agrava y luce más bochornosa aún considerando que para el 5 de marzo de 2013, día del deceso del Comandante Eterno Hugo Chávez Frías, un profesor titular con titulo de doctorado a dedicación exclusiva ganaba en promedio mil cien dólares ($1.100), devengando en agosto de 2025 menos de siete dólares ($7) y la pérdida total de las principales primas socio-económicas.
Ningún otro gobierno presidencialista venezolano trató jamás TAN MAL al sector laboral de las universidades públicas del país. En este caso, considero que aplica la Ley del Odio contra los altos miembros del gobierno nacional, responsables de este descalabro; incluidas las dos reconversiones monetarias que borraron catorce (14) ceros a la moneda oficial en curso, el bolívar, en detrimento absoluto de nuestros salarios y beneficios contractuales.
Hasta el famoso PETRO, utilizado como cripto moneda legal para cobrar impuestos y cargas tributarias muy onerosas fue vana promesa para poder cobrar nuestras prestaciones sociales pendientes desde 2012. Son muchos años, supera con creces todas las barbaridades e injusticias de la IV República en esta materia.
Somos veinte mil trabajadores y trabajadores del sector educativo universitario, quienes nos dedicamos en cuerpo y alma a prestar nuestros servicios de la manera más abnegada posible —dando lo mejor de sí durante dos décadas—, los que estamos esperando con mucha angustia y desesperanza -insisto en decirlo-, el pago que se nos adeuda desde 2012. Es decir, nos hiper rete hiper devaluaron nuestros recursos económicos.
En mi situación personal, tengo ya nueve años de espera inútil, angustiosa y sufrida. Son más de veinte artículos que he publicado en aporrea.org para reflejar esta injusticia histórica.
Para remate de penas, hace un par de semanas la Opsu canceló al personal obrero, administrativo y docente el fideicomiso 2024-2025, y el 8,5 de los intereses de las prestaciones sociales para personal activo y jubilado; y por novena ocasión consecutiva la Universidad de Oriente NO CANCELÓ este beneficio al personal jubilado antes de 2018, porque según razones administrativas, priva sobre nuestro derecho a recibirlo, la conversión monetaria de 2018. Sería bueno que la Opsu explique qué criterios legales (que considero dudosos) impiden que los jubilados que no hemos cobrado prestaciones sociales, no recibamos los mencionados intereses.
Como sea el caso, la discriminación es injusta y criminal, considerando nuestro cuadro socio económico es de pobreza crítica, y en algunos casos, de pobreza extrema. Por eso, le pido, encarecidamente al Presidente Nicolás Maduro, como trabajador público del Estado venezolano, que por favor se digne en pagarnos lo que se nos debe.
Si lo hiciere la Patria os lo agradecerá.
Isla de Margarita, 12 de agosto de 2025
Presidente Maduro son nueva años sin cobrar mis prestaciones sociales
Por José Pérez
