En anteriores entregas de esta columna, me he enfocado en ir develando el plan del fascismo criollo en coordinación con sus pares internacionales en aras de reactivar las agresiones foráneas contra la República Bolivariana de Venezuela. Evidentemente, ante la posibilidad de que la política de diálogo promovida por el Ejecutivo Nacional devenga en acuerdos que permitan solventar los innumerables problemas que aquejan a las venezolanas y los venezolanos, algunos piensan que, de lograrse esto, oxigenarían políticamente a la gestión de Nicolás Maduro y, por ende, al chavismo, por lo que interesa a algunos sectores extremistas "descarrilar la carreta".

Ya hemos comenzado a observar una incipiente ofensiva internacional, bajo el tema de los DDHH, a fin de continuar generando daño y sufrimiento a Venezuela, desmejorando las condiciones de vida de la población a través de las medidas coercitivas unilaterales, buscando debilitar el poder nacional.

Pero, como lo dice Guaidó cada vez que puede, y de acuerdo a la cuartilla que le dieron, para lograr el tan ansiado colapso del gobierno dirigido por Nicolás Maduro, y más en medio del ciclo electoral en desarrollo y que he señalado en anteriores entregas (en estos momentos estamos en la fase final de la designación de los rectores y rectoras del Poder Electoral por los próximos 7 años para proceder a la convocatoria de las elecciones de gobernadores, gobernadoras, diputados y diputadas a los Consejos Legislativos en los estados; y de alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas, y que dependiendo de estos resultados, se active la posibilidad, de acuerdo a la evaluación política que sin duda harán los factores de la oposición, de organizarse para recoger las firmas y poder activar un eventual referendo revocatorio del mandato del presidente Maduro a partir del 10 de enero de 2022.

Pero, en el marco del desarrollo de la agenda política y legislativa del chavismo en la AN, en la sesión del jueves 11 de marzo de 2021, el presidente de la Comisión Permanente de Comunas, presentó ante la plenaria del Parlamento el Proyecto de Ley Orgánica de Ciudades Comunales, la cual sin duda busca crear nuevas relaciones de producción, y un nuevo modelo organizativo, combinando lo social y lo productivo que sirva para la diversificación de la economía en los espacios geográficos, en los territorios de cada uno y de cada una, de acuerdo a las realidades.

Y esto en tiempos de bloqueo económico y de pandemia no sólo es estratégico, sino vital para la sobrevivencia del Estado-Nación venezolano.

La construcción de las ciudades comunales deben motorizar la organización comunal y ciudadana que permita a las diferentes instancias del Poder Popular la construcción de espacios para nuevas relaciones metabólicas entre la sociedad y la naturaleza, la construcción de una nueva cultura, una nueva ética, una nueva moralidad, más allá del individualismo posesivo.

Las ciudades comunales deben estar a la vanguardia de la realización de la sociedad y apuntalar a la descolonización de las ciencias y las prácticas vigentes. Pero, para ello, debe trascender de la mera suma mecánica de Consejos Comunales y Comunas a través de la construcción de un nuevo espíritu , una nueva subjetividad verdaderamente humana.

Las ciudades comunales deben ser epicentro de la Revolución Cultural, de la nueva ética socialista, ser sustentables y ecosocialistas, apostando por nuevas relaciones sociales que logren territorializar la lucha antipatriarcal avanzando en la construcción de territorios libres de violencia.

Pues bien, luego de la exposición de Marcano, el presidente del parlamento procedió a la declaratoria de la urgencia reglamentaria para la aprobación del referido proyecto de ley, el cual en dicha sesión fue aprobado en primera discusión, para ahora irse en una muy amplia y debatida consulta popular y de parlamentarismo de calle, para luego aprobar definitivamente este instrumento normativo.

Ante este planteamiento del chavismo, que ha sido central en nuestra propuesta política, ya salieron gobernadores y alcaldes opositores, de la mano de algunos actores políticos, a atacar esta ley, al igual que lo hicieron con las leyes del poder popular, al tildar este instrumento normativo y el resto de leyes del Poder Popular de "comunistas".

En ese sentido, hay que hacer algunas puntualizaciones a este respecto.

En primer lugar, las comunas no necesariamente son una forma de organización político territorial exclusiva de regímenes socialistas. Basta ir por Suiza o a Colombia, países no precisamente socialistas y que tienen dentro de sus formas de organización político territorial a la comuna dentro de su ordenamiento jurídico.

En segundo lugar, eso consagra lo que el Comandante Hugo Chávez planteo en el año 2007 con su propuesta de Reforma Constitucional que lamentablemente no fue aprobada, del derecho a la ciudad, elemento este que tampoco es exclusivo de la República Bolivariana de Venezuela, sino que hasta la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU) la prevé y se ha pronunciado a este respecto.

Pero, evidentemente Guaidó y estos alcaldes, alcaldesas, gobernadores y gobernadora opositores, necesitan el detonante para la "presión interna" necesaria para que su plan perfecto de desestabilización y caotización de la sociedad que logre el derrocamiento de Nicolás Maduro y por ende, del chavismo en el poder, e instaurar un gobierno títere a los intereses de EEUU.

Pese a los innumerables problemas que sin duda hay en Venezuela producto del bloqueo, del asedio, pero también de errores en la gestión, de indolencias, ineficiencias, ineficacias y corruptelas por parte de algunos funcionarios del gobierno y el Estado en general, y a la generación de protestas en exigencias a mejores condiciones de vida, de trabajo y de salario; los actores de la extrema derecha no han logrado capitalizar ese malestar y descontento de cara a la activación de una nueva fase golpista y de agresiones contra nuestra amada patria, Venezuela.

Pero, ante las recientes declaraciones de la inefable señora y ex mandataria chilena quien hoy funge como flamante Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y la denominada Misión Independiente para la Determinación de Hechos, quienes cobraron 5 millones de dólares para generar un informe contrario a Venezuela sin haber venido al país, basado en más de un 80% en revisión de plataformas tecnológicas y webs abiertamente contrarias al proyecto bolivariano, el fascismo criollo debe activar el frente interno para tratar de carburar una nueva oleada de desestabilización e ingobernabilidad en el país.

Ahora la bandera y el programa de lucha del fascismo criollo será combatir al gobierno debido a que con este instrumento jurídico, se atenta en contra de la "descentralización" del Estado. Todo lo contrario, con esta ley se democratiza aún más el poder en diversos órdenes, y evidentemente que ante un proceso de transformación como éste y en donde se podrían estar tocando poderosos intereses, es evidente que se generarán resistencias.