Ejecutivo

EJECUTIVO NO HONRÓ PALABRA Y ACUERDOS CON AFECTADOS CONCESIONARIO LA VENEZOLANA.
Teodoro Guerrero Salas

Tal vez, pienso, sirva a nuestra memoria orientarnos en relación al origen del problema de producción de vehículos ensamblados en el país, comercialización, precios, oferta y demanda; recuerdo que a mediados y finales de 2008 y comienzos de 2009, comenzaba una fuerte presión y cambios notables en este mercado automotor. La Asamblea Nacional hablaba de un proyecto de ley, que ya se estaba en discusión con miras a controlar las graves distorsiones en la compra y venta de vehículos.
El Diputado Elvis Amoroso, entonces Presidente de la Subcomisión, que investigaba el alto precio de los automotores, dijo en esa oportunidad: -Contamos con anteproyectos y serán discutidos en la Comisión de Finanzas, venimos trabajando con los Ministerios de Interior y Justicia, Finanzas, Comercio e INDEPABIS, a fin de lograr hacer unos ajustes, se concluirá con una ley que regule la compra y venta de vehículos, las consultas se extendieron hasta el Tribunal Supremo de Justicia y Magistrados para la posible retroactividad.
También aseguró en esa oportunidad que quienes cometan delitos con el cobro excesivo por esas negociaciones deben ser castigados, -esa gente tiene que ser juzgada por estafa-, y recordamos que otro Diputado de la comisión, expresó el interés de la Asamblea Nacional para agilizar la ley y así evitar semejantes abusos, mientras que el Diputado Amoroso colocaba ejemplos, que Venezuela es el único país donde existe una distorsión de precios, eso no ocurre en Colombia, Brasil, Argentina, EUA ni en ninguna otra parte. ¿Qué ocurrió con el proyecto de ley? Todo quedó en el ostracismo y el silencio; en 2013 hubo un Decreto de Producción de Vehículos Automotores y su Precio Justo, pero este fue devorado por la guerra económica, que ya comenzaba en forma parcial, y los vehículos fueron como la punta de lanza del problema, que hoy alcanzó otros tantos productos.
Bueno es acotar que el problema económico, que confrontamos los venezolanos, por todas esas distorsiones, así se califican cada vez que se habla de la economía, el Diputado Jesús Faría de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, ha sido reiterativo, cada vez que es entrevistado sobre la ‘’guerra económica’’ y sus graves consecuencias, poco hablan de las bandas cambiarias y el dólar ilegal, que hace estragos en la economía. No está demás decir que, el caso venezolano de las distorsiones económicas, tampoco sucede en otros países de la región.
7200 PERSONAS ESTAFADAS POR CONCESIONARIO.
Transcurrido un año y unos meses de la gran estafa, el revuelo causado en el seno del Ejecutivo Nacional, la Asamblea Nacional, el Ministerio Público, una vez que los medios de comunicación lanzaron la noticia de la gran estafa a 7200 personas, quizás muchos de los afectados aún no estaban enterados del problema, pero las alarmas se encendieron y los perjudicados comenzaron a organizarse para comenzar sus luchas por recuperar su dinero, el 30 por ciento entregado por adelantado como cuota inicial exigida por el Concesionario.
Lo cierto es que, ante las repercusiones que en el seno de la opinión pública y los 7200 afectados, la mayoría padres o madres de familia, trabajadores, trabajadoras, profesionales y otros segmentos de población que anhelaban obtener su vehículo, tenían sus ahorros o vendieron otras pertenencias, otros sacaron sus créditos de las Cajas de Ahorros de sus empresas privadas o públicas, todavía existía la confianza, que era una manera de hacerse a un medio de
transporte individual y de la familia, unas 25000 personas que vieron frustrados sus anhelos, calmaron sus preocupaciones cuando el Presidente de la República abogó por encontrar una solución, asignó al Vicepresidente Ejecutivo de la República, quien asumió la responsabilidad de actuar en lo sucesivo para buscar una solución al problema, el Diputado Claudio Farías, se interesó en el caso y ofreció sus aportes como mediador en el asunto, el Ministerio de Comercio asumió su competencia, el Ministerio de Transporte asumió lo correspondiente, se dictó la PROVIDENCIA No. 14-2014, publicada en Gaceta Oficial Número 40435 del 17 de junio de 2014, con el fin de guía a los afectados bajo un marco, que alcanzara la solución del problema a los afectados, resarciendo los daños ocasionados por la empresa estafadora, quien valiéndose de órganos del Estado, logró captar a clientes en forma masiva.
Se nombró una Junta Administradora Ad Hoc con amplitud de facultades y poderes de Administración, Dirección, además la Fiscalía General de la República asumió sus competencias legales, incluso abriendo un Portal Web para facilitar el registro de todos los afectados y así obtener toda la información, que permitiera implementar las medidas de atención acordadas por el Gobierno Bolivariano.
Los medios de comunicación han dado toda la cobertura, entrevistando a parte de los afectados, así como a los voceros representantes de los distintos Estados del País y la Gran Caracas, que son los que han cargado con la responsabilidad de coordinar, gestionar ante los entes gubernamentales todas las diligencias pertinentes para ayudar a resolver los problemas, estos, sin embargo ha tenido dificultades para obtener informaciones por parte de las autoridades responsables de gestionar y buscar soluciones, el esfuerzo de voceros y aquellos afectados o afectadas que han participado, sacrificado parte de su tiempo de trabajo y de la familia, para representar a sus compañeros y compañeras, que fueron víctimas de la estafa.
VIERNES 14 DE AGOSTO SE DESVANECEN ESPERANZAS ANTE FRUSTRADO INTENTO DE DIALOGAR CON EL VICEPRESIDENTE.
En similitud a otras ocasiones en las que acudieron en masa hasta las cercanías del Despacho de la Vicepresidencia, siempre se presentaban obstáculos por parte de los organismos de Seguridad del Estado, la GNB y sus oficiales al mando, alegaban sus medidas tomadas por instrucciones superiores, pero como la presencia de 500; 1000 ó más asistentes de los afectados, como siempre se hizo en forma ordenada, pacífica, apegados a la ley, eran acuerdos de mayoría para ejercer derechos constitucionales, ante el rompimiento de las promesas de recibir a las comisiones de voceros de acuerdo a las reuniones realizadas y fechas acordadas.
En ese sentido, fue que se decidió acudir en masa para hacerse sentir ante la indiferencia e incumplimiento de la palabra y promesas de los responsables de informar y trabajar en función de la solución del problema en tiempo prudencial, razones de peso obligaron el pasado viernes 14 del corriente mes, a agruparse nuevamente, después, que meses antes se acordó, una vez hecho el registro respectivo, la primera entrega de cien vehículos el pasado mes de julio, como quiera que se quedaron a la espera del cumplimiento de lo prometido, pasaban los días y apelando a las vías de información, no fue posible ninguna comunicación ni respuesta, entonces fue por lo que, decidieron ir personalmente a Caracas, los del interior del país y encontrarse frente al Despacho de la Vicepresidencia, así se trató de hacerlo, pero fueron conminados a desistir.
LAS PRIMERAS HORAS DE LA MAÑANA EL GRUPO REPRESENTATIVO QUE ACUDIÓ A LA CITA NO PUDO PASAR LA BARRERA POLICIAL.
Para sorpresa, fueron impedidos para concentrarse en el sitio acordado, debido a los cordones de seguridad por parte de la GNB y la PNB, ya ubicados para impedir el acceso en las afueras cercanas a la sede de la Vicepresidencia, hicieron todos los esfuerzos posibles y no hubo receptividad por parte de las autoridades, que dirigían las acciones coercitivas contra 500 o más afectados, los mensajes eran reiterar y exigir el cumplimiento de la palabra honrada por el Vicepresidente de la República, se utilizó una camioneta con equipo de sonido para difundir los mensajes, después, como ya lo es sabido, el haber agotado todas las vías, además acogidos a lo pautado en fechas anteriores, aunque ninguna autoridad firmó nada, si están las pruebas públicas de grabaciones, declaraciones en prensa, comunicados, radio, televisión, Facebook y demás redes sociales, correos, comunicaciones telefónicas etcétera, etcétera.
Al escribir una vez más sobre estos temas, utilizaré la primera persona para dejar sentado que como periodista de opinión con más de 50 años en estos menesteres, siempre sostengo que el principio de la crítica exalta valores ajustados al poder juzgar, valorar aquello que a nuestro juicio, es producto de lo que observamos, somos testigos, o somos informados a través de fuentes confiables, serias, razonables, y me apego a la ética profesional, lamentablemente la crítica política, salvo las excepciones no se valora con justeza; aunque a partir de 1999 con la nueva CRBV, y el liderazgo de Hugo Chávez, desde la presidencia de la República, fue un propulsor de la crítica justa, necesaria y también de la autocrítica, siempre clamaba por esa necesidad a fin de enmendar errores.
Pues soy un ciudadano, que ya en el retiro trabajo con el verbo de la palabra escrita desde mi humilde rincón de mis lecturas, mis investigaciones, nutriéndome de vasto material que recibimos hoy día gracias a la tecnología avanzada de la comunicación, amando este arte desde muy joven, lo dejaré cuando el Dios de la Naturaleza me lo impida, soy revolucionario desde mis 20 años hasta la presente, son principios inalienables, libre pensador, bolivariano desde la escuela primaria y la ‘’ Semana de la Patria’’ ahí aprendí de buenos maestros y maestras nuestra historia, geografía, moral y cívica y urbanidad de Carreño, a los 20 años, en un acto en la Plaza Bolívar de mi pueblo evoqué el pensamiento bolivariano, por lo tanto soy revolucionario y esta crítica no me restará mis principios bolivarianos, incluso antes de Chávez, acoto todo esto en primera persona, porque a veces recibe uno críticas descalificativas, de revolucionarios, que se arrogan derechos de lanzar epítetos no acordes con la mesura, la solidaridad, reciprocidad y el respeto y estilo de cada quien, y seguramente habrá quienes no les agrade este artículo que es una crítica a la actitud asumida por el Ejecutivo contra el derecho legal de los ciudadanos estafados.
Dicho lo anterior cabe apelar al artículo 57 de la CRBV, sobre nuestros derechos de pensar libremente, opinar, verter ideas, sean de viva voz o por escrito, a través de medios de comunicación y difusión sin ser censurados, claro que somos responsables de lo que digamos, pues mientras estemos dentro del marco legal, no debemos de temer por expresar con libertad el ejercicio de la crítica, si fuere el caso.
El artículo 68, aunque sea referido a derechos políticos, estos ciudadanos afectados por la gran estafa, como lo hicieron otras veces se reunirían o concentrarían en las cercanías de la Vicepresidencia y fueron objeto de agresiones psicológicas y coercitivas, testigos los hay, gráficas y videos los hay, un Capitán de la GNB, y un Mayor del mismo cuerpo, se valieron de su condición de militares para presionar a quienes desde la camioneta con el equipo de sonido lanzaban mensajes referidos a la palabra empeñada por el poder ejecutivo e incumplida hasta los momentos, la camioneta quería ser decomisada por orden de este Capitán, que exigía facturas; los abogados presentes y afectados por la estafa, sacaron a relucir sus fundamentaciones legales, que no permitían la retención del vehículo, sí había alguna infracción no era la que querían aplicar, en todo caso fueron afectados en su tiempo por tres horas, hasta que otra autoridad militar les dijo, que para entregarles la camioneta, se dispersaran y problema resuelto, no sin antes los alegatos e intercambio de palabras, que muchas veces ante los argumentos legales estos militares querían anteponer su criterio y poder de autoridad, no se mostraban dispuestos a aceptar los preceptos legales.
El gobierno debe hacer honor a la CRBV, como herencia fiel de la Revolución Bolivariana, surgida en 1998 con el ejercicio de la soberanía popular y el liderazgo de Chávez, el hecho que sectores políticos opositores al gobierno, sean protagonistas desde hace años de ejercer la violencia política callejera, no a todos aquellas organizaciones civiles, gremiales, sindicales, populares, que decidan utilizar el derecho constitucional para manifestar pacíficamente y exigir al Estado cumplimiento de promesas o solución de problemas, no debe aplicarse a todos y todas la misma receta, pues son excesos, que tal vez por hechos y acontecimientos pasados, pretenden evitar violencia, pero esta se está dando, sin que hayan las previsiones del caso, y esa si es el desbordamiento de pasiones y fanatismos políticos que obnubilan la razón, contra el combate a esos focos de violencia delincuencial entremezclada con la política, no tenemos observaciones, siempre que la ley se cumpla.
PRECEDENTES QUE NO AVALAMOS AUN SIENDO DEL PROCESO REVOLUCIONARIO LA CRBV DEBE SER EJEMPLO.
Y desde las alturas del poder no deben de aplicarse medidas coercitivas contra organizaciones o ciudadanos como el caso de los 7200 estafados por el concesionario La Venezolana, y menos cuando el gobierno asumió la responsabilidad de buscar una vía expedita para resolver el problema y los afectados, han exigido solución por las vías pacíficas, acogidos al Estado de Derecho, de manera que no son merecedores al trato que les han dispensado, incluso en algunas reuniones privadas entre los voceros y quien ejerce la autoridad del problema, han sido objeto de tratos poco mesurados, ajustados a las buenas relaciones humanas, la reciprocidad, solidaridad y el principio participativo, entonces no se justifican tratos prepotentes, por funcionarios ajustarse a los artículos: 139; 140; 141 de la CRBV, que contempla las responsabilidades individuales por abusos de poder. Que el Estado debe responder patrimonialmente por los daños u omisiones que sufran los particulares en cualquiera de sus derechos y el 141; la Administración Pública está al servicio de los ciudadanos, precisamente fundamentados en principios ya señalados, en líneas anteriores.
Deseamos que el Presidente de la República tome en sus manos la promesa inicial, y busque una salida en beneficio de quienes fueron estafados, porque los del Concesionario se aprovecharon tal vez del tráfico de influencias en la Administración Pública, y desde dentro promocionaros sus carros, se sabe por ley, que ante las estafas, los estafados demandan y acuden a la justicia para embargar o recuperar algo de lo estafado, pero aquí en este caso el Gobierno asumió la defensa de los estafados, por razones ya explicadas y conocidas.


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Teodoro Guerrero Salas


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