Trepadores y buscadores de puestos en el gobierno de Maduro

Escribo desde la digna trinchera de quienes decidimos no postularnos a ningún cargo como una demostración ciudadana de desapego a las prebendas burocráticas y el interés de asaltar el poder. El reparto de los cargos es una ceremonia de larga tradición en la vida política de Venezuela. Existen los cargos por designación y otros por elección popular, en la distribución de todos ellos siempre los gobernantes, los empresarios (financiando campañas), los partidos y los poderes fácticos han sido, cada uno a su manera, elementos determinantes. 
 
Al cierre del año en curso, se avecina la designación de nuevos representantes de poderes públicos. En la rama electoral, se busca conformar un nuevo CNE capaz de transmitirle a toda Venezuela una sensación de equilibrio, transparencia e imparcialidad de cara a la celebración de importantes eventos comiciales. 
 
La actual proporción de cuatro rectores chavistas por un opositor luce desgastada políticamente, no amansa las aguas turbulentas y nace incertidumbre sobre si la misma se repetirá o si por el contrario los sectores menos sumisos de la oposición le reclamarán al oficialismo mayor equilibrio con, al menos, una correlación de 3 chavistas y 2 opositores. Legalmente hablando se conservarán las etiquetas de que todos son independientes pero ya se sabe que en la práctica existe otra realidad.
 
En este contexto surge un dilema mayor, la legitimidad constitucional en contraste con la credibilidad o eficacia política. Si para la selección de los nuevos rectores electorales, magistrados al Tribunal Supremo de Justicia así como representantes del Poder Ciudadano, se logra mayoría de dos tercios en la Asamblea Nacional, entonces Venezuela tendrá nuevos poderes dotados de credibilidad y eficacia política. 
 
Si por el contrario, no se logra consenso suficiente al interior del parlamento nacional y mediante alguna interpretación jurídica innovadora se escogieren estos altos funcionarios por mayoría que esté por debajo a la de dos tercios, o que ante una omisión legislativa sobrevenida la Sala Constitucional del TSJ sea quien haga la designación, seguramente habrá legitimidad constitucional en tales decisiones pero las nuevas autoridades serán políticamente débiles y sus futuras actuaciones serán vulnerables al descrédito de la polarización que en el presente sofoca a la sociedad venezolana.
 
Lamentablemente, estas variables políticas e institucionales son objeto de inobservancia por parte de personajes arrogantes con poder para decidir; tanto que a veces se opta por candudatos no idóneos (sea por insolvencia moral o profesional) para el ejercicio de altos cargos y ello dificulta acuerdos políticos entre polos opuestos, pero sobre todo no se genera confianza en la población.
 
Más de una década ha pasado desde la caída de un símbolo de la polémica meritocracia como lo fue la vieja PDVSA (2002), con aquel evento Venezuela recuperó soberanía sobre sus hidrocarburos y nuestro pueblo se hizo beneficiario de la renta petrolera; sin embargo se satanizó injustamente el concepto de meritocracia, que no siempre es mala. Es decir, si la gente estudia, se profesionaliza y desarrolla niveles de excelencia, ello no lo convierte en un contrarrevolucionario, advierto enfáticamente, siempre y cuando esa gente respete las leyes y sus conocimientos sean puestos al servicio del interés popular.
 
Ocurre que una revolución socialista no puede actuar como enemiga de los profesionales ni del conocimiento científico, sino que más bien debe democratizarlo, incluir masivamente a la clase popular en los centros de investigación, en las universidades, en los sitios de trabajo especializado, etc. En efecto, el socialismo debe universalizar los saberes, no combatirlos como si fueran una manifestación pro burguesa.
 
Entonces, retomando el tema del reparto de los cargos, siempre será mejor que prevalezca una meritocracia revolucionaria y popular como criterio de selección para tareas y misiones, en vez del compadrazgo, el amiguismo, el barraganato, el jalamecatismo y otros caminos de la picardía criolla que han salpicado la historia administrativa de la República desde su inicio. 
 
Pero como deseos no empreñan, en esta época de reparto de los cargos, el mayor aporte de los ciudadanos de buena voluntad es ser vigilantes de estos procesos burocráticos mediante la impugnación contra la postulación de bandidos o bandidas que aspiren a tales cargos. Recordemos que en ojos de los oportunistas los cargos son el chance de "Ponme donde hay". 
 
Por nuestra parte creemos que mantenernos en las filas de una vida autogestionaria como ciudadanos desburocratizados es  una posición más útil al servicio de la Patria.
 
Capítulo aparte deberemos escribir sobre el reparto de candidaturas y tarjetas electorales en ruta a la Asamblea Nacional de 2015, ese será un escenario supremamente ilustrativo de los nuevos matices del Chavismo luego de la muerte de su fundador. Muchos que parecían inamovibles como diputados chavistas con la reelección en el bolsillo, ya no se les asignará cupo para repetir privilegio en la célebre Casa de las Leyes. 
 
Como signo positivo está el ascenso democrático de los jóvenes en el PSUV que sometieron su liderazgo a consulta popular, uno de ellos el hijo del Presidente Nicolás Maduro, quien fue victorioso en las elecciones internas del PSUV Caracas en la parroquia El Valle y por tal motivo hoy luce claramente como el candidato chavista natural e indiscutible para diputado a la Asamblea Nacional por ese sector.
 


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Jesús Silva R.

Doctor en Derecho Constitucional. Abogado penalista. Escritor marxista. Profesor de estudios políticos e internacionales en UCV. http://jesusmanuelsilva.blogspot.com

 jesussilva2001@gmail.com      @Jesus_Silva_R

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