Algunas consideraciones teóricas sobre el conflicto en Venezuela

En virtud de la animosidad que expresamos la mayoría de los venezolanos, en las actuales circunstancias de conflictividad social, creo necesario hacer algunas consideraciones personales, desde la teoría del conflicto y la movilización para entender y apreciar, buscando con ello que la discusión pasé del estado anímico-confrontacional a una condición más analítica y crítico-comprensiva.

Debo comenzar por indicar que el conflicto social, por sí mismo no es negativo. Tal cómo lo señalan los chinos, las crisis dan muestras de agotamiento pero también son una oportunidad de creación. En el caso venezolano, hay elementos que tanto en términos históricos como culturales deben ser precisados. Lo primero, es que la conflictividad en la historia social y política de Venezuela no es nueva. La historia republicana ha estado signada por la confrontación. Durante la etapa de la democracia conciliadora (1958-1998) esos conflictos no desaparecieron, cómo pretenden afirmar algunos sectores ligados a la socialdemocracia.

El conflicto adquirió diversas formas e intensidades, estando presentes desde la instauración misma del sistema de conciliación de clases. Hay momentos en los cuales el conflicto (social, político, económico) afloró con mayor intensidad y visibilidad, cómo por ejemplo las luchas guerrilleras entre 1959-1968, o la etapa de alta movilidad y protestas entre 1983-1996. Dicho esto cómo una forma de desmentir la “inexistencia de conflicto y violencia”. Afirmaciones cómo “antes no existió una confrontación tal como sucede hoy”, no hace sino tergiversar la realidad social e histórica.

Debe si decirse, que los mecanismos de control institucional, principalmente a través de la democracia conciliadora (los partidos y otras instituciones) hizo posible el “control social” del conflicto. La crisis institucional de las identidades políticas del venezolano, que se reflejó en el incremento de la abstención electoral y la desalineación partidista, eclosionaron la capacidad de minimizar el conflicto y esté adquirió un carácter más confrontacional-popular.

La irrupción del fenómeno Chávez, generó un proceso de movilización social y política importante. Particularmente creo que el problema no es la polarización existente, ni el incremento de la politización ciudadana, el problema esencial es la inexistencia de canales respetuosos de deliberación. Hay una negación recíproca que pasa por la deshumanización del otro a partir de etiquetas (escuálido, hordas chavistas). Todo ello en una lógica binaria muy restringida. Insisto en una idea central de mi planteamiento: el conflicto es inherente al tipo de sociedad rentística y capitalista que caracteriza la sociedad venezolana. Con todo el esfuerzo de reducción formal de la pobreza realizado, los elementos culturales de la conflictividad y la confrontación en el país no han sido desmovilizados.

Hay una cultura de la violencia, implícita en múltiples formas sociales y comunicacionales, que son reproducidas intensamente día a día. En otras palabras, la necesaria cultura cívica de respeto recíproco está aún lejos y con ello, vienen acompañadas de intolerancia, irrespeto, desprecio e insulto hacia el otro. En esto no hay la pregunta de ¿quién es primero, el huevo o la gallina? El problema es por igual. Tan responsable es el Estado desde sus canales institucionales, como lo son los demás actores sociales que niegan las lógicas democráticas. Claro está, que son las instituciones del Estado las llamadas a canalizar institucionalmente la violencia implícita de nuestra estructura societal.

 

UNA TIPIFICACIÓN DEL CONFLICTO Y LAS PROTESTAS

Los estudios que hemos revisado, de diversa fuentes catalogan las motivaciones de los conflictos en tres grupos: 1) demandas por condiciones sociales o de reproducción social (salud, educación, empleo), 2) demandas institucionales (que buscan mejora de la capacidad de acción del Estado y los actores sociales y políticos) y 3) demandas surgidas por conflictos estratégicos o ideológicos (proyectos de país diversos).

Cuándo analizamos esas motivaciones para el caso venezolano, hay observaciones interesantes. En lo que respecta a las demandas por condiciones de reproducción social, nos encontramos indicadores cómo el coeficiente de Gini, inversión social en salud o educación, que se enmarcan en las denominadas metas del milenio, que señalan un esfuerzo de búsqueda de equidad, pero que son disminuidos al observar datos sobre violencia o delincuencia. En este sentido, insistimos que existen altos índices de criminalidad que nos indican la existencia de una cultura de la violencia, que debe ser combatida más allá de la simple estrategia de represión policial y mayor número de efectivos en la calle.

Tomando cómo ciertas las afirmaciones de determinados sectores de la sociedad venezolana (PROVEA y otros) existen un número alto de muertes que atenta contra la vida y la necesaria tranquilidad de los venezolanos. He ahí una de las demandas de buena parte de los sectores que se encuentran protestando hoy en día. Sin embargo, así como decimos que esas demandas son ciertas, se debe señalar que la expresión de esa demanda, a través del cierre de calles y ejerciendo una violencia coercitiva, equivalente a la violencia que produce la queja desvirtúa la acción colectiva.

¿Es justo que yo proteste por la inseguridad y la violencia existente? Claro que lo es, no tengo dudas, pero ¿es justo que la expresión de mi derecho de protesta cause una violencia implícita en mi entorno, al impedirle circular, trabajar o divertirse? La respuesta es no. La exigencia del derecho que tengo a justicia, equidad, se tergiversa cuándo al ejercerlo afectó en la misma proporción la vida social del “otro”. ¿No han causado las protestas (cierre de calles, bloqueos de avenidas, colocación de obstáculos) muertes, accidentes y percances? Sin duda que sí. Con ello, se desvanece la fuerza del planteamiento justo acerca de las condiciones de inseguridad. Para explicarme mejor diría lo siguiente, o mejor ejemplificó.

Soy docente universitario, mis autoridades se han negado a reformar el reglamento electoral para estar en concordancia con el reconocimiento de derechos a obreros, administrativos y estudiantes. Ello ha conducido al hecho cierto e innegable, que las autoridades universitarias tienen sus períodos vencidos, lo que hace írritos todos sus actos. Siendo eso así, ¿yo tengo derecho de poner un candado, secuestrar en sus oficinas a las autoridades o impedir el desarrollo normal de las actividades, ante el hecho que las mismas son el producto de una acción ilegal? Creo que no. O sí lo hago, entró en el mismo plano de deslegitimación que yo mismo cuestiono.

Es esa una lógica binaria que está presente en estas circunstancias. Las autoridades universitarias se manifiestan a favor de los “pacíficos estudiantes”, pero indican que no hay condiciones para el desarrollo de las actividades docentes. ¿Por qué no hay condiciones, sí son pacíficos? ¿Será por el hecho que hay una violencia (real e implícita) que tácitamente es reconocida por las autoridades, pero no de manera pública pues sus posiciones personales (a las que tienen derecho) se lo impiden?

Eso nos conduce a un segundo tipo de demandas, las institucionales. No puede negarse que el Estado venezolano ha generado una inversión importante en salud y educación, pero en términos económicos otra es la realidad. El denominado Socialismo del Siglo XXI, tiene la particularidad de ofrecerse como una alternativa a las lógicas del capital, y la superación por lo tanto de las contradicciones y roces que genera la lucha de clases (entre poseedores y no poseedores). En Venezuela, las lógicas rentísticas del Estado siguen siendo articuladas y conectadas con las formas de intercambio desigual de la economía-mundo.

Hay sí una diferencia: la renta que produce la explotación del petróleo y con ello, la explotación del trabajo del obrero, del técnico, del profesional ligado a la actividad extractiva que genera lo que en términos marxista se denomina plusvalía, siguen estando intactas, sólo que ahora el Estado no la dedica al disfrute de los sectores privilegiados, sino que lo distribuye en forma de políticas sociales, con las que podemos estar o no de acuerdo, pero que han generado efectos reales en términos de la reducción de la desigualdad. A pesar de ello, la explotación persiste y la incapacidad en el manejo de los recursos también.

Según datos recopilados, la dinámica institucionalizada por el Gobierno de Chávez en el otorgamiento de los dólares derivados de la actividad rentística, produjo que los activos privados en el extranjero pasaran de 53.072 millones US$ en 2003 a 164.414 millones US$ en 2013. Esa cifra, es producto de una legitimación de capitales otorgados para importaciones de productos varios (alimentos, industriales, agrícolas, etc) pero que no fueron dedicados a ello, sino desviados para el enriquecimiento ilícito. En este proceso hay doble responsabilidad.

De parte del Estado, que no ejerce un control de la asignación (o sí la ejerce es deplorable y permisiva) y de parte de los privados (que entran en el juego especulativo, en vez de traer la producción). Como sea el resultado, es una fuga de capitales, una carencia de divisas y el ensanchamiento de un mercado paralelo, que contribuye a una ola especulativa e inflacionaria que afecta por igual a todos. Es deplorable el hecho, de no haber cambiado para nada las lógicas especulativas y rentísticas de la economía venezolana.

El Estado, depende de la permanente sobreevaluación de la moneda, de forma tal que el cambio dólar/bolívar le permita siempre contar, a través del BCV y otros organismos de mayores bolívares por dólar. Eso causa una lógica primaria especulativa, que se proyecta a cada uno de los niveles de la sociedad venezolana por igual. Detrás hay un problema ético. Tanto de los funcionarios del Estado que entran en ese juego (la denominada derecha endógena o boliburguesía), como de los privados que se favorecen de esta dinámica, pero en su doble moral (pues se enriquecen a costa del Estado) critican al Gobierno.

Las irregularidades administrativas, la excesiva burocracia, los funcionarios o servidores públicos que diciéndose militantes del socialismo ejercen formas y dinámicas propias de acumulación capitalista, son una fuente constante de contradicción que está causando una debacle ideológica, que debe ser atendida. Conozco cantidad de dirigentes, colectivos de base del PSUV, PCV y otras organizaciones con características honestas, trabajadores, solidarios, pero también sé de dirigentes parroquiales, municipales, regionales y nacionales cuya agenda no es el socialismo, sino otra muy personal. En momentos como estos, uno se da cuenta del significado y alcance de la figura de Chávez, que imponía “cierto orden interno”.

Es imperativo, que está demanda institucional sea canalizado. Así como digo esto, debo señalar un error histórico de quienes protestan. Para ello debe entenderse, que la base de la lógica democrática liberal está la relación entre mayorías y minorías. Rousseau, en el Contrato Social indicaba que la forma de discernir qué proyecto político tenía o no la razón, es a través de discernir quién es la mayoría y quién no, así sea por poco. Usted puede no estar de acuerdo con Nicolás Maduro, por considerar – en una perspectiva clasista y excluyente- que no es digno de ser presidente, por no ser sino un conductor de autobús, tal como han manifestado cantidad de líderes de oposición y militantes. Es un derecho de pensarlo, pero lo cierto es que le guste o no, Maduro es presidente de la república, así haya ganado con menos del 2%.

El problema institucional, en el caso venezolano no se resuelve a través de la violencia, pues caeríamos en un ciclo interminable, que sería el preludio de una Guerra Civil. Hay canales establecidos, que pueden emplearse, tal como los referendos revocatorios, que tienen todo un proceso o dinámica. Acá observamos las contradicciones en los discursos. Buena parte de quienes protestan asumen ser mayoría, sí es cierto no deben temer la elección para demostrarlo. Pueden alegarme se hace trampa.

Pregunto yo ¿tantas elecciones y la trampa es constante, con observadores, con mayores testigos? ¿Sí es cierto que se hace trampa en el sistema, porque aceptar los resultados sí favorecen y negarlos sí no? ¿Sí le han hecho trampa todo este tiempo, el gobierno es muy vivo y la oposición bien estúpida? Es una consecuencia de la lógica binaria y es muy peligrosa su existencia. Debemos respetar la existencia de las normas y movilizarnos en los casos que creamos necesario cambiarlas, pero el tan ansiado cambio – la salida de la que hablan López y María Corina- no puede llegar cómo expresión de una violencia sin sentido.

En honor a la verdad, debo decir también que en las motivaciones institucionales el PSUV y la dirigencia parlamentaria ha sido excesiva. La oposición, les gusté o no, tiene una representación y en un juego parlamentario deben tener acceso a ciertas áreas de decisión, como las comisiones. El negarles el acceso a la presidencia de ciertas comisiones, cierra canales de intercambio y relacionamiento político, haciendo la intolerancia y la exclusión un valor que será replicado y que insisto, puede conducir a una elevación del conflicto. Algunos estudios señalan que las causas de la conflictividad están relacionadas con la denominada “crisis de expectativas”, eso es que un grupo social o político asume que su posición no mejorará, sino que además puede llegar a una situación pero de lo que siente actualmente.

Hay sectores de la sociedad política venezolana que sienten frustración de expectativas y actúan violentamente, pues – acá entra otro factor- los medios de comunicación, con un discurso irresponsable basado en la “libertad de expresión” y de “pensamiento” actúan con total libertinaje. Yo tengo derecho de pensar como quiero, también tengo derecho de expresarlo, pero sí lo que expreso no corresponde con la verdad, debo asumir la responsabilidad de lo dicho. Acá en Venezuela estamos en un momento donde a través de las redes se dice de todo, en forma ligera e irresponsable y no se asume la consecuencia de ese acto. Un elemento que señalan los analistas, es que cuando los conflictos llegan a situaciones de violencia extrema como las que vivimos, es a través de los medios de comunicación donde se produce una batalla épica, para construir marcos interpretativos, que son grandes conceptos y categorías, desde la cual se llama a la movilización y que indican una forma de compartir el mundo vívido.

Finalmente, estamos en presencia de un conflicto estratégico o ideológico. Chávez triunfó – claramente-, Maduro mantuvo la plataforma política y ganó, con la base propositiva del Programa de la Patria. En él, hay un conjunto de afirmaciones e ideas en torno al Estado, que están siendo propuestas. Puede decir con razón la oposición que no voto por ello, pero hay una mayoría que sí lo hizo. Eso significa la potesta de llevar adelante ese proyecto, sin duda. Pero he acá el quid del asunto, se trata de la forma en que puede llevarse a cabo. Debe haber una progresividad y una transparencia para no ir hacia una estructura ortodoxa, que emulando los errores del socialismo real (soviético) generen caos y temor.

Sí quienes votaron por Capriles o creen en López, se oponen a ello, tienen el derecho constitucional de crear plataformas políticas para organizarse y oponerse, a través de mecanismos formales a las implicaciones del Plan de la Patria, pero jamás escudados en que el derecho a la protesta les da derecho a exacerbar la violencia al límite. Hay sin duda un conflicto ideológico, que debe ser dilucidado a través de mayor democratización, para demostrar que la tesis extendida de ver el socialismo como anti-democrático no se corresponde con esta etapa, no hacerlo es otorgarle la razón ante los extremismos y exclusiones que algunos sectores en el PSUV adelantan.

Mi buen amigo y maestro Enrique Dussel habla de mandar-obedeciendo, entendido como una relación donde la política es un ejercicio de consulta y diálogo, pero también respeto entre el elector y el elegido. El mandatario no tiene una patente de corzo, no ejerce una libertad absoluta”, tiene la restricción de responder – ética y prácticamente- a un mandato imperativo, proveniente de sus electores, que lo lleva a “cumplir” con la agenda política para la cual fue electo. El ejercicio ético de la político, debe llevar a Nicolás Maduro a burcar – y presentar ante la justicia- a los responsables de una acción política corrupta, es el momento de hacerlo, sería una muestra de convicción y seriedad, que es necesario pase más allá de una simple declaración.

Como sucintamente he mostrado, las protestas tienen motivaciones basadas en demandas, pero esa legitimidad de la acción, también tiene límites que es necesario explicar.

EL MARCO LEGAL DE LAS PROTESTAS EN VENEZUELA

El derecho a la protesta, es en la historia política del mundo un elemento consagrado y siempre negado, desde las esferas del poder. Hay una constante tensión entre las lógicas –naturalmente represivas- del Estado (instituciones dixit) y el ciudadano. En el caso venezolano, la protesta estuvo seriamente limitada en el siglo XX, aspectos que no trataremos acá, pero que es importante tenernos en mente al momento de plantear una discusión más seria.

La Constitución de 1999, estableció en derecho a la protesta en el artículo 68, que expresa: Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público. (subrayado nuestro). Como se observa, se reconoce en los “términos de la ley”, tanto para los protestantes cómo para los aparatos policiales y del orden. ¿Qué leyes rigen la protesta? La respuesta es doble: la rige la Ley de partidos políticos, reuniones públicas y manifestaciones (LPPRPM), que establece algunas condiciones bajo las cuales se ejerce el derecho.

Esta Ley, en su artículo 36 ratifica el derecho constitucional establecido en 1999, ya señalado, pero y esto es significativo, indica en su artículo 38, que los organizadores de reuniones públicas o manifestaciones, deberán participarlo con veinticuatro (24) horas de anticipación. Eso en que se traduce, pues sencillamente que nosotros todos podemos protestar, pero al hacerlo en un sitio público (¿las calles lo son o no?), deberá solicitarlo por escrito a la autoridad y alguien (particular u organización) debe hacerse responsable. El Art 41 de esa ley, indica que las autoridades (Gobernadores) deben fijar los sitios donde se puede o no realizar los actos o manifestaciones. Esas mismas autoridades – indica el artículo 41- pueden autorizar la realización de las protestas o manifestaciones en los sitios prohibidos “cuando no afecten el orden público, el libre tránsito u otros derechos ciudadanos”.

Es decir, aceptemos que la manifestación es un derecho, pero sin dudas REGLAMENTADO. No hay libertinaje en el ejercicio de los derechos, sino en el marco de la Ley. La pregunta obligada ¿sí la manifestaciones es porque el estado viola la ley (derecho a la vida, la seguridad, el abastecimiento), la protesta misma se justifica al violar la propia Ley que lo permite? ¿No es contradictorio exigir justicia y la aplicación de la Ley, cuando yo mismo la violento de entrada? ¿Cuál es el valor moral de mi protesta (otorgándole la razón por los motivos o demandas) sí con ella violento los derechos de otros?

El artículo 44 de la Ley de partidos Políticos, reuniones públicas y manifestaciones, señala contundentemente que sí la manifestación o reunión no cuenta con el permiso respectivo, las autoridades deben actuar, deteniendo a los infractores, incluso quienes hayan tomado la palabra. Sí los medios publicitan esas reuniones no permisadas, también son objeto de sanción según esté artículo. En su artículo 46, indica” Las autoridades procederán a disolver las aglomeraciones que traten de impedir el normal funcionamiento de las reuniones de los Cuerpos Deliberantes, políticos, judiciales o administrativos. Así como también aquellas que traten de fomentar desordenes u obstaculizar el libre tránsito. Los aprehendidos infraganti serán penados con arresto de quince a treinta días, sin perjuicio de las acciones a que pudiere haber lugar.”

 

¿Se traduce este articulado en una acción que pretende suprimir o prohibir la protesta? La respuesta es no. Se trata de ponerle un punto de control. Hay controles para todo. Ejemplifiquemos el alegato de los opositores en una posición extrema. Usted aprendió a manejar, pues su padre le enseño desde que tenía 14 años, sabe perfectamente hacerlo, pero la Ley establece que usted debe tener 18 años. Usted quiere ejercer el derecho de circular manejando, pero para ello decide no esperar a tener la licencia y circula, sin papeles en regla durante ese tiempo. ¿Es legal su accionar? ¿Sí usted atropella a alguien, por impericia o abuso, que pasa? ¿usted puede ejercer sin límites el derecho a la circulación? La respuesta a todo tiene sus límites. Igual sucede con la protesta social en estos momentos.

Los vecinos que en Chacao (Plaza Altamira), El Hatillo, Valencia (edo Carabobo), San Cristobal (Táchira), Maracaibo (Edo Zulia), deciden protestar por las demandas sociales, institucionales o ideológicas que son válidas, tal cómo hemos indicado, están ejerciendo un derecho pero al hacerlo se extralimitan afectando a otros y lo más grave, violando la Ley que dicen defender (La Constitución y demás reglamentos). Cuándo deciden cerrar las vías, bloquear el tránsito incurren en una alteración de las normas (Ley de partidos, reuniones y manifestaciones). Indudablemente, el ejercicio del derecho constitucional pierde su valor ético y político, pues violenta a otros.

Vayamos a más. Hay otro instrumento jurídico que también regula las manifestaciones. Es el Código Penal( CP). Ese instrumento establece detalles para aquellos que desobedezcan las Leyes establecidas. Interesa citar lo relativo al capítulo II, denominado Instigación a delinquir y establece en su artículo 283: “Cualquiera que públicamente o por cualquier medio instigare a otro u otros a ejecutar actos en contravención a las leyes, por el solo hecho de la instigación será castigado”. Pero que entendemos por instigar, según el DRAE del latín instigare, que significa incitar, provocar o inducir a alguien a que haga algo. Eso se aplicaría a los medios, a las personas que insisten en el “derecho a la protesta” y que la “protesta es pacífica” (ignorando que hay tipo de protestas, sobre las cuales haremos algunas aclaratorias). Por si fuera poco, el artículo 285 establece: “Quien instigare a la desobediencia de las leyes o al odio entre sus habitantes o hiciere apología de hechos que la ley prevé como delitos, de modo que ponga en peligro la tranquilidad pública, será castigado con prisión de tres años a seis años.”.

 

En este sentido, cuando actores sociales, políticos y medios insisten que quienes protestan cerrando calles, lo hacen en forma pacífica y ejerciendo un derecho, están mintiendo – por omisión o ignorancia- pues lo que hacen es una violación jurídica innegable. El propio Código penal se hace más explícito.

Al salir a protestar sin permiso, el conjunto de ciudadanos que lo hacen pueden entrar en la tipificación del artículo 286 (Del agavillamiento) y 287, que dice si se asocian dos o más personas con el fin de cometer delitos, serán penadas y más si llevan armas (de cualquier tipo). Asimismo, aquel “vecino” solidario, que le da agua, le facilita los muebles viejos para cerrar las calles, le otorga cobijo incurre en lo establecido en el artículo 289 (El que, fuera de los casos previstos en el artículo 84, dé a los agavillados o a alguno de ellos, amparo o asistencia, o les procure subsistencia, será castigado con prisión de tres a seis meses)

Creo debemos ser explícitos. Su vecino, indignado con razón con el gobierno por las demandas sociales, institucionales e ideológicas, procura con otros (casos urbanizaciones en diversos estados) el cierre de calles, avenidas, quema de cauchos, elaboración de bombas molotov (armas ) para protestar, pues es su derecho, lo que hace es desvirtuar la naturaleza de ese derecho, pues lo hace sin las mediaciones a que da lugar la Ley. Me pueden alegar que no se puede protestar,¿ pero han evitado las marchas acaso?. ¿En todos y cada uno de los casos? Creo que no. Aunque las autoridades tienen esa potestad de hacerlo, según la norma. Pero usted vecino, se siente identificado con el marco interpretativo de la protesta. Usted cree no hay canales, que debe quebrantar la Ley y amenaza la vida social de los demás ciudadanos, sin distingo sí es chavista u opositor, Entonces usted, es cómplice en el acto de agavillamiento e incumple las formas de convocar la protesta y debe hacerse responsable por eso.

El CP, además establece otras limitaciones que aplican. Veamos de nuevo. Capítulo IV (De los que excitan a la Guerra Civil, organizan grupos armados o intimidan al público). El art 293 es claro sobre lo que está prohibido (El que haya ejecutado algún acto que tenga por objeto exponer alguna parte de la República a la devastación o al saqueo, será castigado con prisión de dieciocho meses a cinco años. Si la tentativa se efectuare, siquiera en parte, se impondrá la pena de presidio de cinco a nueve años). No han saqueado edificios públicos, incendiado vehículos públicos o privados, dañado parques o avenidas, ¿es eso devastación o no?. Asimismo esto aplica, a aquellos motorizados armados. El Estado, debe velar por la aplicación de la Ley, pues les da un motivo adicional a quienes protestas y con ello no hacen sino incrementar la violencia y conducirnos al enfrentamiento.

Los señalamientos sobre grupos armados son incesantes y deben ser esclarecidos, pues ya se está llegando a demonizar incluso a las Unidades de Batalla Electoral Hugo Chávez (UBCH) que son estructuras electorales, empleadas por el PSUV para movilizar durante los procesos comiciales.

A pesar de esto, usted insiste en el carácter legítimo y legal de su protesta, aun cuándo ignoré que el creciente uso de bombas molotov, como parte del arsenal defensivo, es un delito tipificado en el artículo 296, ante lo que ha sido sin dudas un exceso de uso de la fuerza por parte de los cuerpos policiales, incurriendo en violaciones de derechos humanos que también deben ser atendidas y sobre las cuales dedicaremos un aparte de este intento de aproximación.

Asimismo, todo el Título VII, del CP, denominado De los delitos contra la Conservación de Intereses Públicos y privados, señala entre los artículos 343 hasta el 372, formas de delitos contra edificios públicos, transporte, infraestructura, distribución de alimentos, etc.

En resumidas cuentas, el derecho a la protesta tiene sus límites y han sido más que desbordados, sin recurrir a los canales legales.

 

SOBRE LAS FORMAS DE PROTESTAS

 

Un alegato frecuente, en medios de comunicación es que la protesta es pacífica, a pesar de la quema de cauchos, cierres de vías, bloqueo, etc. Sin embargo eso implica ignorar que las protestas han sido clasificadas como convencionales, violentas o confrontacionales. Las protestas convencionales son formas legales (en el marco de la Ley). Las marchas permisadas, son un ejemplo de ello. Las protestas violentas, son aquellas que utilizan medios de acción que generan daños a la propiedad pública o privada y/o daños a la integridad física de las personas. Las protestas confrontacionales, son aquellas pacíficas que despiertan grados de aprehensión y sentimientos de desafíos (cierre de calles, toma de edificios).

Está clasificación, acepta en los estudios de movimientos sociales en el campo de las ciencias sociales, indica claramente que las violentas y confrontaciones no son pacíficas en la mayoría de las veces.

Cabe preguntarse: ¿la marcha que permisada (pacífica) termina en el cierre (confrontacional) de una avenida principal y luego, cuando actúa la policía, estalla en enfrentamiento y quema de edificios o vehículos, sigue siendo pacífica? Claro que no. Y quién insista en ello, tendra que desmontar millones de líneas de análisis de científicos sociales como Margarita López Maya, Charles Tylly, Sidney Tarrow entre otros.

De nuevo eso nos lleva a las normas de la protesta y los pasos legales y las restricciones que tiene. No queda duda que en Venezuela, hay una extralimitación del derecho a la protesta, que ha sido impulsado además por la acción equivoca de los cuerpos de seguridad, que con sus excesos, arrestros brutales, uso de fuerza extralimitada, presunta tortura (hasta que se demuestre), detención sin cumplir las normas, han incrementado la indignación y otorgado razones para movilizarse.

LA RESPONSABILIDAD DE LOS CUERPOS POLICIALES

No tengo dudas, y quizás caigo en una generalización imperdonable, que ha habido excesos policiales. Hay funcionarios, particularmente de la Policía Bolivariana y de la Guardia nacional, que en su actuación han excedido sus funciones, amenazando la integridad física de los manifestantes, estén o no permisados. La inexistencia del permiso, no justifica bajo ninguna manera el uso de fuerza excesiva. Debe imponerse el orden, pero manteniendo los procedimientos y la protección del debido proceso, de otra manera la actuación para restituir el orden, cae también en la paradoja que su accionar es ilegítimo.

Señalaba la Fiscal, que hay 46 funcionarios detenidos, con averiguaciones por maltrato, exceso y supuesta tortura. Es urgente que se lleve al extremo este procedimiento, pues la sensación de impunidad puede incrementar la conflictividad social.

Finalmente, insisto en la necesidad de retomar el diálogo a través de la Conferencia de Paz, convocada por el Presidente Nicolás Maduro. La prepotencia de la MUD puede conducirnos a repetir, 200 años después las condiciones de Guerra Civil que caracterizaron la república en 1814. Esperemos no sea así.

Dr.

Historiador/politólogo

 

 



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Juan E. Romero

Dr. Mgs. DEA. Historiador e Investigador. Universidad del Zulia

 juane1208@gmail.com

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