Parte de guerra (II)

Luego de la destrucción de la ciudad de San Cristóbal, en una orgía de incendio de la basura en sus calles, plazas y avenidas, bloqueo y amedrentamiento a sus pobladores por las bandas fascistas dirigidas por el alcalde Daniel Ceballos y su alter ego el paraco Alvaro Uribe Velez, con una manifestación cuyas imágenes dan la vuelta al mundo, para enfatizar que la ultra derecha domina totalmente a San Cristóbal, no solo electoralmente (ganó en diciembre con las dos terceras partes de los votos), también domina integralmente un eje estratégico de municipios sobre los cuatro puntos cardinales de la ciudad de San Cristóbal (séptima ciudad del país).

Al norte, controlan el acceso de las carreteras Panamericana y Trasandina con bloqueos en los municipios Guásimos (Palmira), Cárdenas (táriba) y Andrés Bello (Cordero); al oeste de San Cristóbal, mantienen retenes sobre las rutas carreteras hacia Cúcuta (Norte de Santander), en los municipios Junín (Rubio) Independencia (capacho Nuevo), Bolívar (San Antonio) y Pedro María Ureña (Ureña). Al sur, mantienen bloqueada la vía de los llanos hacia Barinas, en los municipios Córdoba (Santa Ana) y Torbes (San Josecito). El este tiene un accidente geográfico en los páramos Batallón y La Florida (Parque Nacional Chorro del Indio).

Hoy, 23 de febrero de 2014, la ciudad se mantiene paralizada con un paro general de transporte urbano, interurbano, de carga y pasajeros. Los transportistas alegan inseguridad de las rutas, pues sus unidades son apedreadas por grupos violentos y las calles y carreteras, se encuentran minadas de tachuelas, vidrios y “miguelitos” (artefacto para inutilizar cauchos). El fondo del asunto es un paro de transporte instigado bajo la responsabilidad de los sindicatos patronales controlados por la oposición. Un mal síntoma, el Terminal de La Concordia está vacío, sin pasajeros ni transportes.
El sistema escolar se encuentra paralizado. Las universidades se encuentran paradas desde los primeros acontecimientos acaecidos el 12 de febrero con el asedio a la Residencia del gobernador Vielma Mora.

Los accesos hacia los centros hospitalarios han sido bloqueados, incluso con derribo de grandes arboles para aislar el hospital del Seguro y hospital Militar (Barrio Santa Teresa y Paramillo). Varios bloqueos de calles y avenidas dificultan llegar al Hospital Central de San Cristóbal. El terrorismo se ha instalado en forma de retenes para identificar quien pasa.
El comercio se encuentra cerrado (no por ser hoy domingo), sino desde por lo menos el miércoles 19, cuando se agudizó la violencia de calle. Las oficinas públicas se encuentran cerradas o semi-cerradas porque las bandas violentas han impuesto una especie de toque de queda. La gente tiene temor de ser identificada como funcionario del gobierno y de hecho hay una persona asesinada, el caso de una trabajadora de una clínica, que conduciendo su moto esquivó uno de los retenes y fue perseguida por un grupo de motorizados. En su huida de los terroristas perdió el control de la máquina en la avenida Libertador, estrellándose contra el piso. La ambulancia de su centro de trabajo demoró mas de media hora para prestarle los primeros auxilios.

La gente común exige la intervención policial y guardia nacional, para restituir el orden. Los cuerpos policiales han sido desbordados por la violencia de calle. La situación se está conduciendo a un punto de desastre humanitario, cuando en definitiva la población agote en pocos días sus reservas alimentarias y de uso doméstico, ya golpeadas por el desabastecimiento a que ha sido sometida la región por el contrabandeo (bachaqueo) hacia Colombia.

Qué hacer en lo inmediato

El gobierno nacional y estadal deben iniciar en lo inmediato una recolección total de los escombros, los cuales son reutilizados por los grupos violentos en nuevos bloqueos e incendios de calle. La Fiscalía General de República debe abrir un expediente al alcalde Daniel Ceballos por negligencia y presunta corrupción en la administración de la recolección de las basuras de la ciudad, paralizada desde que asumió posesión de su cargo.
Debe regularizarse el transporte de la ciudadanía mediante la utilización de camiones convoy y los equipos de transporte colectivo de la ULA, UNET, IUT, PDVSA y otros de uso público. Debe negociarse con los sindicatos y empresas de transporte para desmontar la huelga de transporte y buscar soluciones para el suministro de nuevas unidades, repuestos y conversión a la modalidad de gas vehicular.

Deben restablecerse las rutas inter-urbanas y las nacionales. Los terroristas
A través de la superintendencia de bancos, debe obligarse a la banca que opera en el estado Táchira, pública y privada a mantener con dinero efectivo la red de cajeros automáticos las 24 horas del día. Es un hecho que el dinero efectivo que llega a la región, es confiscada por las mafias colombianas para surtir de bolívares a los cambistas en Cúcuta, a los cuales acuden los pobladores colombianos para hacer sus compras en San Cristóbal.
Deben intervenirse los concesionarios de expendios de gasolina, pues de hecho son los grandes aliados del contrabando de combustible.

El “chip” fue desbordado y no es eficaz para contrarrestar la fuga de combustible hacia Colombia.
La red Mercal debe ser abastecida para garantizar la distribución de alimentos para que lleguen a la población organizada en juntas comunales, comunas, cooperativas, centros de trabajo gubernamentales.
Es un hecho objetivo que la población de San Cristóbal ha sido victima de una criminalización. Durante varios años ha sido sometida a un desgaste moral por parte de las mafias que controlan los mercados fronterizos. Gran parte de la población ha sido reclutada para operar el contrabadeo a cambio de fuertes sumas de dinero, al punto de que lucen ridículos montos de los sueldos y salarios que por la vía formal recibe.

Hay una manipulación informativa por parte de la prensa regional y medios audiovisuales, en su gran mayoría controlados por la oposición, se informa más sobre los acontecimientos en Ucrania, pretendiendo similitud entre el caso de la líder ucraniana Julia Timoshenko y el fascista Leopoldo López. La nutrida manifestación de hace dos días se dirigió al palacio de justicia y entregó a la juez rectora un petitorio de libertad para este conspirador.


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Feijoo Colomine


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