2013 fue un año estremecedor para el panorama político venezolano, no sólo la trágica muerte prematura de Hugo Chávez a los 58 años de edad, sino también sucesos la sorprendente metamorfosis de Globovisión, canal al que ahora se le atribuye relación de parentesco o parcialidad a favor del régimen chavista. Y no menos llamativo fue que el Estado venezolano concretara su ruptura con la polémica CIDH.
Revisemos la dramática transformación comunicacional de Globovisión en 2013 y las fabulosas matrices fabricadas al respecto. Ciertamente el artículo 57 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra el derecho a la libertad de expresión. Desde 1999 este derecho es ejercido por millones de ciudadanos sin distingo de clase social gracias a la revolución emprendida por el Comandante Hugo Chávez.
Entonces, fue justamente durante la Cuarta República cuando ocurría todo lo contrario, ya que eran los sectores empresariales, banqueros y terratenientes quienes de manera exclusiva gozaban del privilegio de manifestar sus opiniones sin limitaciones de ninguna especie, sobre todo valiéndose de prensa, radio y televisión mientras que la clase popular permanecía invisible, muda y excluida del entorno comunicacional.
Pero fue Chávez quien democratizó la libertad de expresión en Venezuela y la convirtió en un derecho policlasista, es decir, accesible para millones de personas de todos los estratos sociales, como nunca antes había acontecido en nuestra historia. En esta nueva etapa republicana, fue el canal Venezolana de Televisión el que vivió el infortunio de un violento cierre temporal durante el golpe fascista de abril de 2002.
Felizmente restituida la democracia bolivariana, pueblo y gobierno revolucionario han seguido promoviendo el crecimiento de medios alternativos y comunitarios para fortalecer la conciencia de hombres y mujeres patriotas que hoy se expresan con voz propia y defienden sus conquistas sociales.
Cuando ex empleados de una empresa privada de televisión (antigua promotora de la desestabilización política) afirman que el Gobierno Nacional les ha impuesto un cambio de programación, ocultan que en verdad la transformación de los contenidos obedece a las directrices de los nuevos dueños, dicho de otro modo, el hecho se debe estrictamente a un negocio mercantil (venta) entre capitalistas.
Ahora bien, en lo que respecta al ámbito del Derecho Internacional, 2013 fue el año en que Venezuela se retiró de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), vale decir, un organismo que por décadas guardó silencio frente a miles de asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, persecuciones y demás crímenes por razones políticas en Venezuela a lo largo del sangriento período de 1958 a 1998. En 2002 apoyó la dictadura de Carmona y le negó protección al entonces secuestrado Presidente Chávez. Asimismo pretendió imponerle al Estado que permitiera manejar fondos públicos a un ex alcalde sancionado por actos de corrupción.
Debemos advertir que los tratados internacionales sobre derechos humanos (DDHH) que hayan sido suscritos y ratificados por nuestro país tienen el mismo rango que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y no están por encima de ella, es decir, no poseen carácter supraconstitucional. Así lo dicta el artículo 19 de la CRBV mediante el Principio de Progresividad según el cual ante un eventual conflicto de normas (constitucional del país vs internacional) se adoptará aquella más favorable para los DDHH.
En nuestro nuevo Derecho Constitucional Bolivariano, el interés colectivo predomina sobre el individual y desde 1999 no se obedece a potencias extranjeras. De allí que por donde se le examine, la CRBV es más garantista que la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su parcializada CIDH.
Tanto la CIDH como la propia OEA se encuentran bajo el dominio de EEUU y sólo sirven para debilitar la independencia de los Estados. Por esto surge la necesidad de un nuevo sistema jurídico basado en la soberanía latinoamericana donde nuestros pueblos atiendan sus asuntos sin intromisión del norte.
En este plano la creación de una Corte Latinoamericana en el marco de UNASUR luce estratégico. Mientras más países se integren a este proceso liberador, más pronto se logrará la anhelada emancipación continental bolivariana. Son las nuevas burguesías pseudorevolucionarias, altamente adiestradas en una falsa fraseología de izquierda, quienes podrían impedir la realización de esta histórica aspiración de nuestros auténticos héroes independentistas del silgo XIX y desaparecido Hugo Chávez en el siglo XXI.
