DEL FORO SOCIAL NACIONAL PARA EL EJECUTIVO NACIONAL

Resumen. Es una Agenda abierta, y no conclusiva ni terminada.

Principios

1- Consideramos necesario abrir discusiones para repensar el Modelo de Desarrollo existente, incorporando las perspectivas de Derechos Humanos y Democracia participativa, entre otras. Estimamos indispensable el diseño de un modelo de desarrollo sustentable y bienestar social que respete y promueva formas alternativas de producción colectiva y artesanal, bajo los principios de una economía social solidaria, que se avoque a resolver las necesidades colectivas existentes dentro de los sectores de la economía informal, asi como las referidas al trabajo precario y el desempleo, promoviendo cambios en la cultura de consumo.

2- Proponemos un debate que propicie un proyecto nacional para la participación; rescatando principios como: la solidaridad, la apropiación colectiva del conocimiento, la horizontalidad, la vinculación y articulación, la crítica y la autocrítica, la visión global, y su carácter autónomo e independiente.

3- La democracia económica y solidaria, así como su relación con la producción agroalimentaria y el uso de propiedad de la Tierra, que no la propiedad privada de la naturaleza, sólo es posible en el marco de la aplicación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, Ley de Pesca y otras, por lo que defendemos todo ese marco legal y el espíritu originario de esas leyes.

4- Reivindicamos la transversalidad en todas las instituciones del Estado del “principio de soberanía” y valoramos como esencial la “soberanía alimentaria”.

Políticas

1- Generar espacios para que las Organizaciones Sociales, Movimientos Sociales participen en el diseño, gestión, evaluación y control de las políticas públicas y proyectos sociales.

2- Proponemos al Ejecutivo Nacional la realización de un amplio proceso de información, comunicación y debate público sobre la propuesta del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que culmine con la realización de un Referéndum consultivo, para que el Pueblo venezolano apruebe o no soberanamente la incorporación de Venezuela a esa iniciativa regional.

3- Que el Ejecutivo Nacional mantenga una posición de independencia frente a las propuestas intervensionistas frente a la situación interna de Colombia, favoreciendo las propuestas que favorezcan el diálogo y la paz, a fin de promover una salida política al conflicto que vive Colombia.

4- Democratización de la Comisión de Diálogo Presidencial, por medio de nuevas estrategias que permitan la participación popular, que no responda solamente a la situación de conflicto que vive el país actualmente mediante:

  • La promoción de Mesas de Diálogo en cada Ministerio.
  • La creación de mecanismos de articulación para la participación e organizaciones populares en el Diálogo Nacional.

Consideramos necesario recomendar a la Comisión Presidencial de Diálogo Presidencial lo siguiente:

  • Comunicar al país la existencia de la Comisión Nacional de Diálogo, quiénes la conforman, quiénes la dirigen y cuáles son sus políticas.
  • Proponer la discusión de problemas más concretos y prioritarios en cada una de las áreas (política, económica, social, etc.) priorizando el tema de la seguridad social, y particularmente el tema de las pensiones.
  • Que se de a conocer lo que discuta en las Mesas de Diálogo y los resultados de tales discusiones.

5- Proponemos al Ejecutivo Nacional la conformación de una Mesa de Diálogo especifica sobre Derechos Humanos y Política Social, con el objetivo de convocar a una amplia consulta social para elaborar un Plan Nacional de Derechos Humanos, que se convierta en el instrumento rector de las Políticas Públicas en esa materia.

6- Proponemos al Ejecutivo Nacional que apoye y difunda por los medios de comunicación del Estado la Declaración: “Nosotros los Pueblos creemos que otro mundo es posible”, que busca recoger un millón de firmas para entregar a la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible en Johannesburgo (Sudáfrica) en Septiembre de 2002. Asi mismo, solicitamos que al Ejecutivo Nacional abra un amplio proceso de participación para conformar la delegación nacional que representará al país en dicho evento, donde la participación de las organizaciones ecologistas y ambientalistas es esencial.

7- Expresamos nuestro pleno apoyo al Proyecto de Ley del Sistema de Seguridad Social Integral aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional, pues se ajusta - en nuestra opinión- a los principios establecidos en el artículo 86 de la Constitución Bolivariana sobre el carácter de servicio público, universal, solidario y no lucrativo de dicho Sistema. En tal sentido, solicitamos al Ejecutivo Nacional, que exprese públicamente su apoyo a esta iniciativa parlamentaria, que viene siendo objetada y criticada por los poderosos intereses económicos y financieros; en particular a los miembros del Gabinete Social, los llamamos a apoyar las iniciativas para el fortalecimiento de las redes y movimientos sociales autónomos que vienen trabajando en todo el territorio nacional; y a los miembros del Gabinete Económico a no escatimar esfuerzos para que el Sistema de Seguridad Social Integral que apruebe la Asamblea Nacional, cuente con los recursos fiscales necesarios para que progresivamente sea implementado en el plazo que establezca la Ley. Si la economía debe estar al servicio del Ser Humano, la Seguridad Social debe garantizarse y desarrollarse, a pesar de la escasez de recursos fiscales.

8- Es preciso incluir a las Universidades como un espacio natural de discusión y capacitación, para adecuar los planes de estudio al proceso de autogestión y empleo que vivimos en la actualidad, lo que partiría también profundizar el concepto de solidaridad en el marco de la economía social

9- Que el Ejecutivo Nacional defina con claridad la aplicación del Proyecto Educativo Nacional; y que asi mismo promueva un Plan Nacional Educativo basado en modelos alternativos de vida existentes en el país.

10- Planteamos la necesidad del rescate de toda la infraestructura agrícola que pertenece a la Nación -actualmente privatizada-, como un factor que favorecerá la formación de agro-empresas y cooperativas agroindustriales que les den respuesta al desempleo y manejo correcto de los alimentos estratégicos.

11- Proponemos al Ejecutivo Nacional apoyar e impulsar la autogestión de empresas por parte de los trabajadores asociados en forma de cooperativas, impulsando la formación en cooperativismo y tomando la cooperativa como espacio de formación.

12- Es necesario una selección idónea de los funcionarios que laboran en las instituciones relacionadas con la economía social, porque con frecuencia los mismos personajes que siempre han favorecido la corrupción, siguen ocupando los puestos claves en oficinas públicas y dan preferencia los grandes productores.

13- Vemos la necesidad de que las instituciones públicas relacionadas con el área de la economía social adopten una metodología única y sencilla para la gestión de proyectos productivos. Asimismo es preciso crear bancos de proyectos viables y de segura rentabilidad, recogiendo experiencias exitosas que ya existen en el ámbito de la economía social, para ampliar las alternativas de quienes quieran emprender iniciativas de economía solidaria.

14- Revisión y democratización del espacio Radioeléctrico para garantizar el derecho a la comunicación e información.

15- Que el Ejecutivo tome la iniciativa de proponer la Ley de Telecomunicaciones Comunitarias Alternativas.

16- Activar el Fondo de Financiamiento para los Medios de Comunicación Alternativos. Flexibilizando el mecanismos de acceder a los fondos de acuerdo a la realidad de las organizaciones comunitarias.

17- Que el Ejecutivo nacional asegure la conformación inmediata de la Comisión Nacional para los Refugiados, garantizando la respectiva asignación de los recursos necesarios para su implementación; así como la elaboración del Reglamento general correspondiente a la Ley sobre Refugiados o Refugiadas y Asilados o Asiladas, a través de un proceso de consulta con el sector gubernamental y no gubernamental involucrado en la materia.

Acciones

1- Que el Ejecutivo Nacional promueva ante el Grupo de los 77 la propuesta de constitución del Club o Bloque de Deudores, que aborde de forma mancomunada la problemática de la Deuda Externa de los países en desarrollo, debido a que ésta se ha convertido en un dispositivo estratégico de dominación (política, social, económica, ambiental, cultural) de nuestros países.

2- Realizar una vigilancia y control social del endeudamiento y el tratamiento de la Deuda pública y privada. Las características de Venezuela no justifican el endeudamiento externo ya que tiene recursos económicos, sólo se requiere tecnología que debemos apuntar a crear la internamente.

3- Proponer que los recursos provenientes de endeudamiento deben estar direccionados por un plan de desarrollo y control social

4- Solicitamos al Ejecutivo Nacional, que diseñe e implemente con la participación de redes y sectores sociales organizados, un Plan de Emergencia Social que apunte a solventar las necesidades más urgentes de la población, en áreas esenciales como: salud, educación, empleo y seguridad ciudadana.

5- Exigimos al Ministerio del Ambiente una moratoria del decreto que permite la liberación de uso de semillas y productos transgenicos (organismos modificados genéticamente -OMG-) sumándonos a la propuesta del Foro Social Mundial de Porto Alegre.

6- Es preciso que el Ejecutivo Nacional tome la iniciativa respecto a una Ley de Economía Solidaria, basadas en las particularidades locales y municipales, facilitando los procesos de parroquialización de los servicios por medio de cooperativas (p.e: de uniformes, meriendas, escolares).

7- Es preciso que el Ejecutivo Nacional promueva las Contralorías Sociales o Populares, para la mejor ejecución de las obras sociales y los presupuestos locales.

8- Apoyar procesos de diálogo sobre participación de la comunidad en la elaboración del presupuesto público, tomando como referencia la experiencia en el Presupuesto participativo de Porto Alegre.

9- Exigimos que el Ejecutivo Nacional garantice el derecho de los pobladores tradicionales a habitar sus territorios de usos ancestral. Igualmente, proponemos la realización de un Encuentro Nacional de Agricultura y Pesca Sustentable; para analizar sus múltiples realidades y elaborar una agenda básica de acción a concretar en este ámbito

10- Crear mecanismos para que el anteproyecto de Ley de Responsabilidad Social elaborada por CONATEL sea discutidas con las comunidades y los movimientos sociales.

11- Que el Ejecutivo nacional tome en cuenta las observaciones de los Movimientos Sociales entorno a la Política Comunicacional del Gobierno.

12- Que el Ejecutivo Nacional otorgue prioridad a la creación de un mecanismo de implementación de la Ley de Juventud, desarrollando y aplicando el artículo 79 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

13- Que el Ejecutivo Nacional de apoyo institucional y financiero a los procesos de articulación y diálogo nacional generados autónomamente desde las organizaciones populares.



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Reimitido por Oscar Bastidas-Delgado (oscarbastidas@unete.com.ve)

Dirigente de los Círculos Bolivarianos, comunicador alternativo, Director del periódico La Voz del Valle

 lavozdelvalle2@yahoo.es

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