Hay que pensar en Venezuela (II)

Hace cerca de un mes fijé una posición equilibrada y con sentido de patria sobre el caso Pérez Becerra, este artículo viene a ser la continuación del mismo tema pero con un actor distinto, el líder guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Guillermo Enrique Torres Cuéter, conocido con el pseudónimo de “Joaquín Conrado”.

Su detención por parte de las autoridades venezolanas ha generado nuevas reacciones por parte de algunos sectores que se reclaman como “bolivarianos, socialistas, comunistas, radicales”, entre otros, los cuales nuevamente enfilan sus baterías en contra del presidente Hugo Chávez y el proceso político que lidera desde hace una década.

Situación similar ha ocurrido en organizaciones e individualidades identificadas con la izquierda internacional, quienes han ido desde una moderada solicitud al gobierno venezolano para que se abstenga de entregar al rebelde colombiano al gobierno de su país para que sea juzgado, hasta abiertas descalificaciones contra el proceso político venezolano y nuestro Jefe de Estado.

El hecho ocurre un mes después de haberse producido la captura y deportación de Joaquín Pérez Becerra, director del sitio web, Agencia de Noticias Nueva Colombia (Anncol), cuyos contenidos están dirigidos principalmente a hacer apología a la insurgencia en el vecino país. A Pérez la justicia colombiana lo requería por los supuestos delitos de “concierto para delinquir, financiación de grupos terroristas y administración de bienes producto del terrorismo”.

En el caso de Torres Cuéter, quien destacó también por poner sus habilidades como músico al servicio de las FARC, componiendo vallenatos que promueven a esta organización insurgente, el Estado colombiano le ha formulado acusaciones por delitos como: rebelión, homicidio, extorsión, secuestro, narcotráfico y terrorismo; tenía orden de captura a través de Interpol e incluso el gobierno de los Estados Unidos lo solicita también por tráfico de sustancias psicotrópicas.

Uno de los principales problemas de la frontera colombo venezolana en las últimas décadas, ha sido la proliferación de delitos de toda índole, motivados por la presencia de redes del narcotráfico colombiano, bandas del crimen organizado y organizaciones armadas ilegales en nuestro territorio, las cuales han sembrado el terror en la población civil, se han convertido en la ruina de centenares de ciudadanos víctimas de extorsión, han corrompido nuestra sociedad con vicios y violencia y son responsables de múltiples asesinatos, entre cuyas víctimas ha habido militantes del proceso revolucionario y efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

En ese sentido, el accionar del Gobierno Bolivariano, pareciera estar encaminado a solucionar esta situación a través del combate sistemático de estos grupos en territorio venezolano, los cuales además de los efectos nocivos antes mencionados, comprometen la buena reputación del Estado venezolano y son un claro atentado contra nuestra soberanía e integridad territorial.

Un día antes de la captura de Torres Cuéter, el ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, Tarek el Aissami, informó a la opinión pública nacional e internacional la detención en el Táchira del ciudadano colombiano, Ruberney Vergara Sanabria, alias “Maniquemado” o “Wilson”, un destacado cabecilla de la banda narcoparamilitar colombiana “Rastrojos”, dedicada a infinidad de actividades delincuenciales en la frontera colombo venezolana.

En este caso, los que hoy protestan airadamente la captura de miembros de la guerrilla colombiana en Venezuela, no hicieron ni el más mínimo pronunciamiento para felicitar al gobierno bolivariano por este golpe asestado a esta organización criminal antivenezolana e incluso a factores políticos contrarios al proceso que no han tenido la más mínima consideración al hacer alianza con estas bandas narcoparamilitares colombianas que ultrajan la soberanía nacional y pretenden imponer al pueblo venezolano sus absurdas y aberrantes normas y su reino de terror.

Entonces la reflexión válida es, ¿qué forma de apoyar al gobierno del presidente Chávez es esta?, ¿se puede construir un modelo político que busca la equidad y la justicia social en el marco de una invasión de fuerzas irregulares extranjeras vinculadas al narcotráfico?, ¿nadie piensa en las irredentas poblaciones fronterizas que han tenido que soportar los rigores de estas bandas armadas colombianas por décadas?.

Por primera vez en mucho tiempo el gobierno nacional está dando unos pasos importantes, aunque todavía tímidos, para recuperar el pleno ejercicio de la soberanía nacional en las zonas de frontera, además de garantizar la seguridad a sus habitantes y esto sin duda alguna va a ser beneficioso para el proceso y el pueblo que habita estos importantes espacios de nuestra patria, lo único éticamente aceptable y patrióticamente correcto que se puede hacer al respecto es respaldarlo sin reservas.

Esto no implica una inconsecuencia con la postura oficial del gobierno del presidente Hugo Chávez con respecto al conflicto interno colombiano, el cual siempre ha abogado por la paz en el vecino país y ha hecho encomiables esfuerzos para ayudar a que ese objetivo se logre, lo que si no puede ser aceptado es que los grupos rebeldes pretendan hacer de nuestro territorio un escenario de operaciones, ya que es un irrespeto a nuestra soberanía que ningún Estado puede ni debe admitir.

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Tulio Camacho

Periodista y analista político

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