Fin de la neutralidad

Con el mismo título, Rocío San Miguel señala en artículo reciente (http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=VEN&pagina=http://www.talcualdigital.com) que la política de neutralidad del Presidente, y por ende del país, en relación al conflicto armado colombiano, asumida al inicio del mandato de Chávez en 1999, acaba de terminar con la entrega de Joaquín Pérez Becerra al gobierno de Santos. Afirma que, en los primeros meses de este año, Venezuela ha entregado a Colombia, como producto del acuerdo de seguridad firmado en 2010 entre sus gobernantes, 8 personas acusadas de delinquir, pertenecientes al ELN, a grupos paramilitares o al narcotráfico, pero es la primera vez que se entrega a alguien de las FARC. San Miguel dice que Chávez está enviando un mensaje muy fuerte y recalca que esta acción se da sin importar la protesta del PCV y de otros seguidores.
 
San Miguel es una de las pocas voces de la oposición que maneja con cierto conocimiento el tema militar, posiblemente por cercanía familiar con el mismo. No vacila en decir que la detención y deportación de Pérez Becerra es un “paso positivo” del Gobierno, que debe “saludarse sin titubeos”, ya que podría “reconciliar a nuestro país” con una “actitud clara frente a la existencia de grupos armados al margen de la ley”. Aquí, extiende sus conclusiones al caso de los grupos armados venezolanos, que actúan a favor del gobierno en la política diaria. Le preocupa, como lo señala al final de su artículo, la inexistencia de protocolos y reglas claras que impidan el regreso de los deportados.
 
Si algo celebramos en los inicios del gobierno chavecista fue precisamente la neutralidad en el conflicto armado de Colombia. Nos venían preocupando las actitudes y presiones cada vez más intensas y frecuentes, que nos querían llevar a convertirnos en parte de un conflicto que no era nuestro. Se pretendía que nuestras Fuerzas Armadas se convirtieran en yunque, mientras las colombianas actuaban como martillo en su lucha contra la insurgencia guerrillera del vecino país. Esto trasladaba la guerra que ellos viven a nuestro territorio y transformaba en posibles víctimas a nuestros jóvenes soldados y oficiales; algo absurdo en una guerra en la que no teníamos arte ni parte. Objetamos cuando el Presidente se inclinó a favor de las FARC, pues repito no era ni es nuestro conflicto.
 
Esa correcta política de neutralidad no podía permitir la existencia en nuestro territorio de bases guerrilleras o de para militares, ni la penetración del ejército colombiano en nuestra geografía en persecución de irregulares,  pero no por la existencia de un acuerdo firmado entre los presidentes, sino por ser Venezuela una nación soberana, que no puede permitir la existencia de otros poderes dentro de sus espacios. Contrario a lo señalado por San Miguel, lamentaríamos enormemente el final de una política correcta, pues nuestros intereses si bien no son los de las FARC ni los del ELN, tampoco son los del gobierno de Santos, ni los de la oligarquía colombiana, ni mucho menos los de su aliado más fuerte, importante y peligroso: el gobierno de Estados Unidos.

Durante muchos años, el país y sus gobiernos adeco-copeyanos resistieron, a veces más a veces menos, la presiones extranjeras imperiales y de la reacción interna, en el sentido de participar beligerantemente a favor del gobierno colombiano en su guerra de décadas contra las FARC. Demostraciones de esta actitud contradictoria, reflejo de luchas entre posiciones distintas de sectores políticos, económicos y militares, son las incursiones fronterizas armadas, como la de El Amparo, y la presencia por décadas en nuestro país de un representante diplomático de las FARC. El discurso siempre estuvo alrededor de la neutralidad y de ayudar en el logro de la paz, efectuándose incluso en nuestro país reuniones de diálogo entre los grupos beligerantes y el gobierno colombiano. Otras veces la práctica estuvo reñida con esta posición.
 
Hoy, las palabras escritas de Rocío San Miguel nos devuelven a una perspectiva ingrata, que hubiéramos podido superar en estos doce años, si la política de neutralidad inicialmente esbozada hubiera sido mantenida sin concesiones de ninguna especie: Ni a las fuerzas guerrilleras insurgentes, ni al gobierno colombo-norteamericano. La neutralidad es la única práctica legítima si somos realmente defensores de la soberanía de los pueblos, de la no intervención en los asuntos internos de otras naciones y de la independencia nacional.
 

La Razón, pp A-2, 8-5-2011, Caracas 

lft3003@yahoo.com



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Luis Fuenmayor Toro


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