El séptimo mandamiento del decálogo de Calderón se avoca a la reforma del estatuto del trabajo; según el discurso, se busca  lograr un mejor acceso de hombres y mujeres al beneficio de la actividad económica mediante el empleo, con incremento de la productividad y respetando el derecho de huelga, la autonomía sindical y la rendición de cuentas, todo ello en beneficio de una supuesta mayor competitividad. La verdad es de viejo conocida; de lo que se trata es de ofrecer al patrón todas las ventajas en la relación laboral, en perjuicio de los mínimos de justicia que reclama una relación de suyo asimétrica, como es la obrero patronal. El proyecto se corresponde con el diseño original de la moderna economía de libre mercado, cuyo designio fue el de la destrucción de los grandes sindicatos, cuya fuerza constituía un serio obstáculo a la voraz acumulación capitalista, y la recuperación de la productividad, no con cargo a la mejora tecnológica y administrativa, sino a la reducción del costo de la mano de obra. En México el proyecto existe desde la época de Salinas, incluso ha sido intención comprometida en los acuerdos con los organismos financieros internacionales. Si no se ha instrumentado hasta la fecha es por razón de la elevada dependencia del régimen político respecto del charrismo sindical; la nefasta vigencia del contubernio Calderón-Gordillo lo revela con nitidez. No obstante, ante la imposibilidad política de reformar la Ley Federal del Trabajo, el régimen la ha nulificado en la práctica cotidiana; se deshizo del compromiso de ser tutelar de los derechos de los trabajadores, para convertirse en franco aliado de la patronal. El de los salarios, que es tema central de la lucha obrera, quedó acotado por los parámetros fijados por el gobierno. Se argumenta que así se requiere para contener la inflación, por un lado, pero principalmente para mejorar la competitividad del país para la atracción de la inversión extranjera, especialmente la destinada a la exportación a la que le tiene sin cuidado el mercado interno y la capacidad de consumo popular.

     En este manejo perverso, el gobierno ejerce su facultad de reconocimiento de la personalidad jurídica de los sindicatos y de sus dirigentes (toma de nota, en el argot laboral) como instrumento de control político: la otorga sin chistar, en tanto se trate de dirigencias corruptas plegadas a los designios patronales, pero la regatea y la intenta negociar, cuando es el caso de los que osan disentir de la postura oficial, en flagrante violación del principio de la autonomía sindical. Los sindicatos de PEMEX y el del magisterio son claros ejemplos de los primeros, en tanto que electricistas y mineros lo son de los segundos. Ya van tres años del conflicto minero en el que la secretaría del trabajo hace las veces de abogado patronal, absolutamente entregada a los caprichos del dueño de la Minera México, en la pretensión de descabezar al sindicato minero y encarcelar a su líder; ni siquiera la venal administración de justicia ha podido obsequiar sus deseos, ante la falsedad de los delitos que se le imputan; tampoco los afanes de corromper a los dirigentes ha logrado romper la unidad gremial. Ahora se inventa un nuevo cargo por lavado de dinero y, no sería de extrañar, luego le agregarán el de narcotráfico y hasta el de terrorismo, a la usanza de los tiempos.

     El Sindicato Mexicano de Electricistas, que es el que opera en Luz y Fuerza del Centro y que, junto con la Alianza de Tranviarios, es decano del sindicalismo mexicano y ha constituido un baluarte en la lucha contra la privatización de la empresa, es ahora el blanco de la incuria gubernamental. Vale aquí decir, con conocimiento de causa, que el SME es en México el mejor ejemplo del sindicalismo eficaz, tanto para la procuración del bienestar de los trabajadores, como para la eficiencia operativa de la empresa; así como también es ejemplo de democracia sindical. En su reciente proceso electoral, la dirección de la empresa paraestatal cometió el desliz de  intervenir apoyando al candidato que se plegaría al proyecto privatizador, mediante el otorgamiento de préstamos y prebendas a quienes votaran por él. Con todo y eso, el grupo nacionalista e independiente obtuvo la mayoría y lo documentó fehacientemente. Ahora la secretaría del trabajo maniobra en la turbiedad, escamoteando el reconocimiento de la personalidad de la dirigencia electa y colocando en verdadero riesgo a la paz social. El secretario del trabajo argumenta que la diferencia de 1% en los resultados obliga a una minuciosa revisión; olvida el mentecato que su patrón se alzó con el triunfo fraudulento con una diferencia oficial de sólo 0.56% de la votación, haya sido como haya sido (Más que merecida la renuncia de ambos). El de los electricistas es un gremio maduro y de alto grado de politización, que ya hace sonar tambores de guerra para el caso de ser necesaria para sostener su autonomía y el carácter público de la empresa proveedora del servicio eléctrico. Si así se manejan sin la reforma legal, imagínese usted de qué lado masca la iguana con la pretendida reforma.

     México requiere de una reforma laboral progresista, una que permita un sano equilibrio entre los factores de la producción, ofreciendo seguridad en trabajo presente y certeza pensionaria para el futuro; que garantice la democracia sindical, y que favorezca la productividad por la capacitación en el trabajo y la mejora administrativa. Ya están en la cámara estas propuestas de reforma. Creo que va a ser necesario defenderlas en la calle.

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