El 17 de agosto de 2018, Nicolás Maduro anunció un conjunto de medidas estatales incluidas en el llamado Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica. En ese marco, realizó un aumento salarial que llevó el salario mínimo a los 1800 Bs.S y prometió su anclaje al denominado Petro. Es importante revisar las consecuencias negativas para el pueblo trabajador de esas medidas económicas, ahora que ante la ofensiva del gobierno injerencista de los Estados Unidos y de la oposición de derecha, el gobierno de Nicolás Maduro pide con hipocresía el respaldo de la clase trabajadora.

Esas dos últimas medidas estatales tenían como objetivo intentar disimular el evidente carácter antiobrero y antipopular de un paquete económico, que supuso el aumento del impuesto al valor agregado (IVA), la exoneración de la cancelación del impuesto sobre la renta a las transnacionales petroleras y de las tasas arancelarias a la burguesía importadora, el aumento de las tarifas de los servicios públicos, el anuncio del incremento del precio de la gasolina, el financiamiento del pago de una parte de la nómina laboral de un sector de las empresas privadas, el establecimiento de la eliminación del déficit fiscal como objetivo central, y la imposición de las tablas salariales para recortar el salario integral de las trabajadoras y los trabajadores del Estado al eliminar un conjunto de conquistas laborales obtenidas a través de sus contrataciones colectivas. Después de seis meses, un análisis del balance de los resultados del paquete antiobrero y antipopular de Nicolás Maduro demuestra su correcta caracterización por parte del Partido Socialismo y Libertad (PSL) y otras organizaciones de la oposición de izquierda, porque se siguió profundizando la depauperación de la capacidad de compra de los salarios de la clase trabajadora. No hubo ni recuperación ni crecimiento ni prosperidad, fue otro engaño de un gobierno que está subordinado a las necesidades del capital transnacional y local, al priorizar el pago de la deuda externa, entregar bienes comunes como el Arco Minero del Orinoco, ofrecer una fuerza de trabajo con salarios de sobreexplotación, asignar campos petroleros a empresas petroleras extranjeras y locales a partir de la firma de convenios operativos con Pdvsa, y la privatización parcial de empresas estatales con la asociación con capitales transnacionales y locales.

Primero, en los últimos seis meses, el salario mínimo sufrió una enorme disminución con respecto al tipo de cambio oficial. Es decir, la devaluación del dólar oficial promovida por el gobierno de Nicolás Maduro fue mucho mayor que el aumento del salario mínimo. El 17 de agosto de 2018, el salario mínimo era 1800 Bs.S y el dólar oficial estaba en 60 Bs.S, entonces un trabajador ganaba 30 dólares oficiales mensuales. Ahora, el 20 de febrero de 2019, el salario mínimo es 18000 Bs.S y el dólar oficial está en 3298,39 Bs.S, en consecuencia un trabajador gana solo 5,45 dólares oficiales mensuales. En términos porcentuales, en los últimos seis meses, el gobierno subió el salario mínimo en un 1009% y el tipo de cambio oficial en un 5397,31%. Esa brecha entre el aumento gubernamental del salario mínimo y el tipo de cambio oficial demuestra que es la clase trabajadora quien paga el intento de ajuste macroeconómico que implica el paquete antiobrero y antipopular de Nicolás Maduro. El gobierno a sus trabajadores solo le aumento el salario en un 1000%, pero ahora por cada dólar que obtiene de ingreso petrolero recibe 3238,39 bolívares más. Una mayor cantidad de bolívares que financian el aparato represivo del Estado y la corrupción de los jerarcas del gobierno. Segundo, ahora se requieren muchos más salarios mínimos para adquirir la canasta básica mensual. Según el Cendas la canasta básica mensual de agosto de 2018 costaba 20817 Bs.S y el salario mínimo era 1800 Bs.S. En enero de 2019, la canasta básica mensual costó 907.289,28 Bs.S y el salario mínimo actual es 18000 Bs.S. Entonces, sin incluir los significativos aumentos de precios ocurridos en el transcurso de febrero, una familia requiere por lo menos 50 salarios mínimos mensuales para adquirir los bienes y servicios indispensables para vivir un mes. Es evidente que la capacidad de compra del salario se sigue deteriorando, a pesar de los aumentos nominales del gobierno de Nicolás Maduro. Tercero, Nicolás Maduro mintió y el salario mínimo no se encuentra anclado a la cotización del Petro. En realidad, el gobierno creo una cotización dual del Petro, por un lado la unidad de cuenta que referencia al salario mínimo en medio petro, y esa se encuentra en 36000 Bs.S. Por otro lado, tiene otra unidad de cuenta anclada al precio del dólar oficial, que es 60 dólares por cada Petro.

Entonces, como el precio del dólar oficial para el 20 de febrero de 2019 fue establecido en 3298,39 Bs.S, y ese Petro tiene una cotización de 197903,4 Bs.S. En caso que hubiera un solo Petro, el salario mínimo ya fuera 98951 Bs.S. ¿Por qué ahora hay dos Petros o un Petro dual? Para evitar aumentos salariales a pesar de los incrementos de la cotización del Petro atado a la devaluación del dólar oficial. El gobierno puede devaluar el bolívar soberano sin aumentar el salario mínimo, y crea un Petro que incrementa su cotización con la devaluación del dólar oficial como una forma de reducir la demanda de dólares en el mercado cambiario, al intentar ofrecer un mayor margen de rentabilidad para aquellos grandes poseedores de bolívares soberanos (los capitalistas) que compren ese tipo de Petro. Sin embargo, la desconfianza e inestabilidad del gobierno, la arbitrariedad gubernamental en la fijación del valor del dólar oficial y por ende de ese Petro, y el crecimiento acelerado del dólar en el mercado paralelo, provocan el fracaso de esa política económica incluso desde una perspectiva burguesa. Ese balance general coloca en agenda la necesidad de continuar organizando y promoviendo la movilización autónoma del pueblo trabajador en contra del paquete antiobrero y antipopular de Nicolás Maduro.

La clase trabajadora debe seguir luchando por salario igual a la canasta básica e indexado a la hiperinflación para defender el valor de su fuerza de trabajo (su única mercancía), y además debe reclamar el cumplimiento de sus contratos colectivos, pero además constituirse con independencia política en una alternativa en la disputa por el poder, organizando de manera autónoma acciones de protesta. Sin subordinarse a la estrategia injerencista de la oposición de derecha dirigida por el gobierno de los Estados Unidos, que solo tiene como finalidad lograr el respaldo de los altos jerarcas castrenses del país para que desconozcan a Nicolás Maduro a través de un pronunciamiento o acción militar. Esa movilización autónoma del pueblo trabajador por sus demandas concretas debe incluir la conquista de un plan económico popular que implique la suspensión del pago de la deuda externa, la repatriación de los millones de dólares robados y fugados por altos burócratas y empresarios, la reducción y eliminación del gasto represivo y suntuario del Estado, una reforma para establecer un sistema tributario progresivo, y la estatización completa de Pdvsa, para con la recuperación y reorientación de esos recursos económicas desarrollar un plan nacional de importación masiva de bienes de consumo productivo y consumo final que permita abastecer el mercado interno.