La reciente declaración del presidente estadounidense, Donald Trump, en la que admite abiertamente que su gobierno se quedaría con el petróleo venezolano obtenido mediante actos de robo y agresión en aguas del Caribe, constituye un hecho de enorme gravedad en el plano del derecho internacional público y de la dignidad de los pueblos. 

No se trata de una mera frase política: es la confesión explícita de una práctica imperial que, bajo el disfraz de sanciones y bloqueos, se traduce en despojo directo de recursos estratégicos de una nación soberana.

El principio de soberanía permanente sobre los recursos naturales, consagrado en la Resolución 1803 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, establece que los pueblos y naciones tienen el derecho inalienable de disponer de sus riquezas en beneficio propio. 

La apropiación unilateral de petróleo venezolano por parte de Estados Unidos, sin mediación de acuerdos ni consentimiento, viola este principio y se inscribe en la lógica histórica del saqueo colonial. La diferencia es que, en este caso, el saqueo se realiza sin necesidad de invasión militar directa: basta con el control de rutas marítimas, la presión financiera y la amenaza diplomática.

La frase “a confesión de parte, relevo de pruebas” cobra aquí un sentido jurídico y político contundente. No es necesario demostrar lo que ya ha sido admitido por el propio agresor: Estados Unidos reconoce que roba, que se apropia, que convierte en mercancía lo que pertenece a otro pueblo. 

Esta admisión desnuda la hipocresía de un discurso que suele justificarse en nombre de la “democracia” o la “libertad”, pero que en la práctica se reduce a la rapiña de recursos energéticos.

Desde la perspectiva venezolana, este acto no solo constituye una agresión económica, sino también un atentado contra la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos. La Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 2, prohíbe el uso de la fuerza y la intervención en los asuntos internos de los Estados. 

Sin embargo, el imperialismo estadounidense ha perfeccionado mecanismos de intervención indirecta: sanciones financieras, confiscación de activos, control de empresas filiales y, ahora, la apropiación descarada de petróleo en aguas internacionales. Es el “robo sin invadir”, una modalidad que combina la violencia estructural con la impunidad diplomática.

Este episodio debe ser leído en clave histórica. América Latina ha sido escenario de múltiples formas de despojo: desde las compañías bananeras en Centroamérica hasta las petroleras en México e Irán, pasando por la apropiación de recursos estratégicos en Medio Oriente. 

Venezuela, con sus impresionantes reservas de crudo, se convierte en objetivo privilegiado de esta política de rapiña. La diferencia es que hoy el imperialismo ya no se molesta en ocultar sus intenciones: las confiesa, las exhibe, las normaliza.

La respuesta venezolana no puede limitarse a la denuncia. 

Se requiere una estrategia integral que combine la defensa jurídica en instancias internacionales, la articulación diplomática con países aliados y la movilización de la conciencia nacional. 

Cada acto de despojo debe ser convertido en prueba de la agresión imperial, y cada confesión del agresor debe ser utilizada como evidencia de su responsabilidad. El derecho internacional, aunque debilitado por la hegemonía de las potencias, sigue siendo un terreno de lucha simbólica y jurídica que no debe abandonarse.

En este contexto, la frase “el robo sin invadir” sintetiza la paradoja de nuestro tiempo: un imperialismo que ya no necesita desembarcar tropas para apropiarse de recursos, porque controla los mecanismos financieros, las rutas comerciales y las narrativas mediáticas. 

Pero también sintetiza la resistencia de un pueblo que, consciente de su dignidad, denuncia y enfrenta estas prácticas con la fuerza de la verdad y la legitimidad de su soberanía.

La confesión de Trump no es un error retórico: es la radiografía de un sistema que se sostiene sobre el saqueo. Y si el derecho internacional aún tiene sentido, debe servir para recordar que ningún poder, por grande que sea, puede convertir el robo en norma. 

Venezuela, con su historia de lucha y su vocación de independencia, tiene la responsabilidad de transformar esta agresión en un acto de denuncia global, que desenmascare al imperialismo y reafirme la vigencia de la soberanía de los pueblos.