La historia reciente del Caribe y de América Latina está marcada por una constante: la intervención de los poderes imperiales en nombre de la “seguridad” y la “democracia”. Sin embargo, detrás de esos discursos se ocultan intereses económicos y geopolíticos que, una y otra vez, han convertido nuestras aguas y nuestros territorios en escenarios de violencia y despojo.

 El asesinato de más de cien personas en el Mar Caribe (un hecho que no puede desligarse de las dinámicas de militarización y control impuestas por Estados Unidos y sus aliados) constituye una advertencia brutal: la vida de nuestros pueblos es sacrificada en función de mantener rutas estratégicas y asegurar recursos energéticos.

No se trata de un episodio aislado. La presencia militar estadounidense en el Caribe ha sido constante desde el siglo XX, bajo la excusa de combatir el narcotráfico, el terrorismo o la migración irregular. Pero lo que realmente se protege son las líneas de comercio marítimo, las plataformas energéticas y los intereses de las corporaciones.

 La muerte de cien personas, invisibilizadas en los grandes medios, es la expresión más cruda de esa lógica: vidas caribeñas convertidas en daños colaterales de una política que nunca nos reconoce como sujetos soberanos, sino como obstáculos a remover.

Ahora, tras la sangre derramada, la mirada imperial se dirige hacia nuestro petróleo. Venezuela, con sus vastas reservas, ha sido históricamente un objetivo codiciado. Las sanciones económicas, los bloqueos financieros y las campañas mediáticas no son más que instrumentos de guerra híbrida para doblegar nuestra soberanía. 

El guion es conocido: primero se desestabiliza, luego se criminaliza, y finalmente se justifica la intervención bajo el argumento de “rescatar” a un pueblo supuestamente oprimido. En realidad, lo que se busca es apropiarse de nuestros recursos energéticos, indispensables para sostener la maquinaria industrial y militar del Norte.

El derecho internacional público establece con claridad el principio de soberanía permanente sobre los recursos naturales. Los pueblos tienen el derecho inalienable de decidir cómo explotar y distribuir sus riquezas. Sin embargo, este principio ha sido sistemáticamente vulnerado por las potencias que, mediante presiones diplomáticas y operaciones encubiertas, intentan imponer condiciones leoninas. 

La doctrina de los derechos humanos, tantas veces invocada por Washington, se convierte en un discurso vacío cuando se contrasta con la realidad: asesinatos en el Caribe, sanciones que afectan la salud y la alimentación de millones de venezolanos, y amenazas abiertas contra nuestra integridad territorial.

La pregunta que debemos hacernos como nación es clara: ¿qué significa defender la soberanía en este contexto? No basta con denunciar las agresiones; es necesario construir un proyecto colectivo que fortalezca nuestra capacidad de resistencia. La defensa del petróleo no es solo un asunto económico, sino un acto de dignidad histórica.

 Cada barril que se intenta arrebatar es parte de la memoria de luchas que nos recuerdan que la independencia no fue un regalo, sino una conquista. Y cada vida perdida en el Caribe nos obliga a reafirmar que no aceptaremos ser tratados como piezas descartables en el tablero imperial.

El asesinato de cien personas y la amenaza sobre nuestro petróleo son dos caras de la misma moneda: la lógica de un sistema que privilegia la acumulación de poder sobre la vida humana. Frente a ello, nuestra respuesta debe ser firme y articulada. 

La solidaridad entre pueblos caribeños y latinoamericanos es indispensable para enfrentar la avanzada imperial. La denuncia en foros internacionales, la construcción de alianzas energéticas soberanas y la defensa activa de nuestros derechos humanos son pasos concretos que debemos asumir.

Hoy más que nunca, Venezuela está llamada a levantar su voz. No se trata de un grito aislado, sino de una proclamación colectiva: no permitiremos que el sacrificio de vidas en el Caribe sea el preludio de un nuevo saqueo. Nuestra soberanía no está en venta, nuestro petróleo no es botín de guerra, y nuestra dignidad no se negocia.