Las evidencias presentadas por el embajador de Colombia ante la OEA, el señor Hoyos, tenían como objetivo provocar la ruptura de las relaciones entre ese país y Venezuela. No fue casual la estrategia mediática de la rueda de prensa del Ministro de Defensa colombiano y luego la absurda exposición del señor Hoyos, quien exigió y sugirió, en su contradictorio castellano, nada menos que Venezuela permita la injerencia de una comisión internacional de la OEA para inspeccionar territorio venezolano y con el ultimátum de 30 días, pues ni siquiera confía en la inspección de las autoridades venezolanas. La otra exigencia o sugerencia amenazadora es que Venezuela se comprometa a resolver la insurrección guerrillera en el vecino país. Hoyos estaba seguro que las dos exigencias serían un escupitajo al presidente Chávez para provocar su anuncio de ruptura de relaciones. La seguridad de Hoyos no es producto de su inteligencia, ni un mensaje personal de su oratoria visceral, sino de una planificación desde la Casa de Nariño de activar un plan de guerra en Sur América.

El saliente presidente colombiano no lo hace impulsivamente, sino por una serie de circunstancias que lo obligan, pues está señalado como narcotraficante, paramilitar y puede ser llevado a una Corte Internacional Penal. Ahora bien, las pruebas colombianas, que hoy estarán en las primeras planas de la prensa nacional e internacional, son un monumento al cinismo. En primer lugar, las evidencias vienen de supuestos guerrilleros “regenerados” o “arrepentidos” que consisten en fotos y videos de campamentos sin ubicación específica. Añadiendo el hecho de que la fuente son los mismos guerrilleros que el gobierno colombiano acusa de mentirosos y terroristas. Otro hecho que descalifica las pruebas, si son ciertas, es la manera ilegal en que se adquieren fotografías del supuesto territorio venezolano sin el consentimiento ni la coordinación con las autoridades venezolanas, lo que evidentemente pudo haber sido manipulado por la parte acusadora. Es por ello que el embajador venezolano en la OEA, Roy Chaderton, ridiculizó la sugerencia de presentar dichas evidencias en escenarios penales internacionales. Obviamente la noticia deja de ser las supuestas pruebas, sino las consecuencias de la nueva estrategia política colombiana, pues no queda otra opción que pensar en un ataque militar para provocar una guerra. Afortunadamente, en Colombia hay una fuerte resistencia a esos planes, incluso la totalidad de los colombianos en Venezuela se opone y se opondrá a dichos planes. Y Uribe está siendo amenazado por varios sectores de izquierda y derecha en Colombia, de ser llevado ante una Corte Penal Internacional.

El peligro real, es que las bases militares norteamericanas no están en Colombia de turismo, están allí para delinquir y por eso Colombia aceptó su inmunidad total, es decir, gozan de impunidad penal. Los soldados norteamericanos pueden violar, matar, traficar con drogas y no ser juzgados por el gobierno colombiano. Por otro lado, no existe distanciamiento entre las políticas de Uribe y el nuevo presidente Santos, ambos son piezas del mismo Plan Colombia y la implosión de Suramérica, como la hace Israel en el Medio Oriente. Santos es burgués, Uribe es hijo de un testaferro de narcotraficantes asesinado por guerrilleros.

La tregua de Santos será simulada, pero el Plan continúa, pues el gobierno colombiano descansa en manos extranjeras que se esconden en las bases militares de Estados Unidos.


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