Derechos colectivos de los autores

Nada es tan social como el conocimiento

Nadie tiene la “exclusiva” de una idea o de una obra de arte. Todo pensamiento genera otros pensamientos, ideas paren ideas, fecundadas por la imaginación individual, que no es más que un átomo de la imaginación colectiva. De la misma manera que la humanidad comparte el aire, el agua y un espacio sobre el planeta, comparte también los pensamientos. Para crear debemos tener conocimientos previos, y la imaginación para expresarse se nutre de imágenes previamente conocidas. De tal manera que nada es tan socialista, libre y progresivo que el pensamiento, la imaginación y su hija legítima: la creación.

Este principio general, sobre el que se fundamenta el tema actualmente en discusión: los derechos de autor y la presunta propiedad intelectual, nos ayudará a entender que la legislación hoy vigente no es más que un manojo de patrañas producidas por las grandes empresas transnacionales que explotan a los creadores y restringen el acceso de las personas a los resultados de la creatividad.


Otro colosal embuste es la idea instilada en la mente colectiva, de que los autores y las autoras pueden beneficiarse, en las actuales condiciones, de los llamados derechos de autor. Nada más falso. Cuando un autor o autora, por necesidades económicas, “vende” a una empresa sus derechos, ésta la usa para dos cosas:

_ Mantiene la obra oculta, sin publicar, producir o representar, impidiendo que otras empresas o el mismo autor, la den a conocer públicamente. Así perjudica a todo el mundo.

_ Explota la obra después de haber pagado una miseria al autor. Pero al explotarla la restringe a la mayoría. Así también perjudica a todo el mundo.


La empresa “derechohabiente” de ninguna manera vende la obra. La licencia. Esta es una manera de alquilar. Y quien no puede pagar pierde ese derecho humano, consagrado en el artículo 27, primer párrafo, de la Declaración Universal que la ONU suscribió a mediados del siglo 20.


Así, mientras que las empresas hacen mucho dinero con las creaciones, los autores no pueden dedicarse a crear, porque no tienen cómo sostenerse económicamente, por lo que deberán ejercer otra profesión u oficio, que le quita un tiempo productivo indispensable para la creación, y después de la jornada quedan exhaustos, con una creatividad muy reducida por el natural cansancio que produce el trabajo.

Por eso urge cambiar la legislación vigente de derechos de autor y en general de “propiedad intelectual”. No sólo la reaccionaria ley del 93 sino también los convenios internacionales que firmaron todos los gobiernos anteriores, entregando la soberanía cultural del país.

La reforma del artículo 98 hará necesario hacer una ley socialista que considere los derechos de los usuarios en primer lugar, y los de los creadores en el segundo lugar. Y también nos permitirá denunciar el Convenio de Berna, los acuerdos de propiedad intelectual y hasta los ADPIC de la Organización Mundial del Comercio, que son los que ordenan (desde fuera, desde las oficinas de las transnacionales en un lugar cualquiera del mundo) que las autoridades aduaneras decomisen y destruyan obras culturales copiadas de manera artesanal, repriman a quienes han hecho un trabajo propio de difundir música, películas o software, demostrando así que la OMC manda más que el gobierno, si tomamos en cuenta que en Venezuela, en “propiedad intelectual”, la institución competente es el SAPI.

Y en cuanto al software libre, el conocimiento libre, la nueva ley en materia de derechos culturales sociales y de autores y autoras, lo podrá consagrar en su articulado.

Hasta ahora quienes intentan defender los derechos culturales de los explotados intelectualmente, y del gran público usuario, se han tenido que apoyar en las “limitaciones y excepciones” de la actual legislación. En ese sentido, urge voltear la tortilla. Coincido con Sandra Parra en que lo que hoy es excepción debe ser la regla, en beneficio de los derechos culturales de la humanidad. El conocimiento compartido solidariamente, el arte y la literatura libres, el software libre, considerados como la norma y no como la excepción, darán inicio a una nueva era de libertad cultural, y de progreso de la comunicación en nuestro planeta.

Para las restricciones deben quedar los derechos de comercialización, negociables con las empresas por medio de licencias, por aquellos que quieran o necesiten hacerlo, pero sin que sus derechos patrimoniales y morales puedan ser tocados: La remuneración justa, el reconocimiento de la autoría, la integridad de la obra cuando el autor quiera, el derecho a participar en las versiones o adaptaciones, a que no sea utilizado con fines adversos a aquellos con los que los autores lo concibieron.

Son puntos para lograr en una lucha que apenas comienza, y frente a la cual el imperio no tardará en contraatacar.



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Andrea Coa


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