Pildoritas 15 (año VII)

Mafias institucionalizadas y con impunidad total

Las investigaciones que con seguridad los organismos que tienen la obligación de luchar contra el contrabando, sobre todo en la frontera venezolana con Colombia, a esta alturas tienen que haber dado como resultado el saber con exactitud,  cuáles son los modus operandi de las mafias que se han constituido para desangrarnos, perjudicar nuestra economía, y colocar a quienes aquí vivimos, en la tragedia que significa no encontrar los productos de mayor necesidad para el normal desenvolvimiento de nuestra vida.

Por ejemplo a estas alturas deben saber:

Que en la línea de autobuses y carros por puesto que viajan de San Cristóbal a Cúcuta, la mayoría de los pasajeros viajan cargados de todo tipo de productos, que no son requisados a cambio del pago a razón de 50 bolívares por persona al guardia nacional de turno, quien apenas se asoma para recibir el pago previamente recabado por uno de los viajeros.

Si esto es público y notorio ¿por qué no se procede a capturar con las manos en la masa a estos delincuentes, introduciendo en cada autobús y/o vehículo por puesto un funcionario de civil que recabe la prueba y proceda en consecuencia a aplicar la ley por flagrancia en la comisión del ilícito?. Hay quien dice que ello no se ha hecho por temor a que las mafias accionen sus mecanismos de muerte contra el funcionario y su familia, lo cual es fácil contrarrestar con utilizar funcionarios que sean de otra estado de Venezuela y que simplemente vengan expresamente para constatar la forma como actúan las mafias en esta modalidad, que es una entre muchas, porque por ejemplo hay quienes, colombianos que vienen de la vecina ciudad y venezolanos inescrupulosos, madrugan a los expendios de productos como son los supermercados, farmacias, abastos, ferreterías, venta de repuestos etc., y hacen un tour diario llevándose todo lo que irresponsablemente les venden cuando bien los dueños de los expendios podría limitar la venta a un solo producto, y así no dejar a quienes no compramos por negocio, sino para subsistir, sin el acceso a los rubros que permiten la solución de necesidades alimenticias y de otra índole.

Hay quienes dicen que implementar limitaciones es ilegal, pero resulta que aquí estamos en una zona roja en la cual hay que combatir como sea las actividades ilícitas y enfrentarlos sin mucha rigurosidad legal, porque de otra manera el problema crece y se hace cada día más grave.

Que las 24 horas del día, bajan vehículos de todo tipo, en su  mayoría taxis, rodando con cuatro cauchos nuevos que venden en Cúcuta y se regresan con las llamadas “chivas”, con una ganancia de hasta 10 mil bolívares por viaje y que igual hacen con las baterías y repuestos, es algo que también se sabe y que sería fácil detectar con una buena labor de inteligencia, pues cada carro que pase por los puestos de control hacia Cúcuta y que viaje con cauchos nuevos debe ser conminado a presentarse al devolverse para que constate que los cauchos con que bajó son los mismos con los que regresa y para ello se debe utilizar personal que no sea de la región y que debe rotarse ojalá diariamente para así evitar ser amedrentados o comprados, por las mafias que prácticamente dominan todas las actividades fronterizas.-

Que en un punto muy conocido de este lado de la vía de San Cristóbal a Cúcuta existe un kiosco en donde los llamados gasolineros  reciben una  especie  de ticket que les permite al mostrarlo en la aduana, pasar sin problema y pagar la respectiva comisión al regresar.

¿Qué le cuesta a nuestras autoridades establecer un control riguroso con cámaras, con una labor efectiva de inteligencia detectar este accionar y dar al traste con él?, es algo que todo el mundo se pregunta y la única respuesta que se tiene es que existe, no sólo complicidad, sino que quienes deben evitar que esto suceda forman parte de las organizaciones  delictivas y se lucran de ello.

Hace unas semanas oímos a un alto funcionario decir que lo que sucedía, entre otras cosas, era que los funcionarios eran amenazados con quitarles la vida a ellos y su familia y entonces no podían hacer otra cosa que permitir la actuación libre de los delincuentes, pero (esto lo agrego yo), cargando con el temor, a cambio de recibir una jugosa ganancia.-

Lo que quiero dejar claro en esta mi opinión es que las autoridades saben exactamente qué es lo que sucede y cómo sucede,  pero no sucede lo que debería ser una contundente reacción oficial, contra una enfermedad que como lo dije en otro de mis artículos, ya ha hecho metástasis y amenaza con la muerte definitiva de nuestra soberanía por dejación, complicidad, conchupancia o como se llame lo que hacen o dejan de hacer, quienes tienen la obligación de frenar de una vez por todas, el accionar de la variedad de mafias que ya han pasado prácticamente a institucionalizarse en nuestras fronteras.-



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Saúl Molina


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