Contra el poder

¿Por qué venezolanos defienden delitos de contrabando?

La intervención de Friosa tiene unos dolientes atípicos, pues según las investigaciones, dicha empresa es investigada por supuesto contrabando, falsificación de certificados sanitarios y lavado de dólares. ¿Cómo inicia la intervención?, pues los dueños de Friosa tienen otra empresa de transporte, cuyas gandolas transportaban frutas, según la documentación de la carga, sin embargo, le encontraron detrás de las frutas otros alimentos, como quesos importados, que seguramente el venezolano pendejo compraría a elevados precios. Esos quesos entraron ilegalmente al país, pero el modus operandi es complejo y casi perfecto. Aunado a ello, la triangulación de empresas hace que se eleven los precios de cualquier producto y se reduzca el aporte fiscal. ¿No entendió?, pues le explico mejor: un empresario tiene por ejemplo tres empresas, compra un producto y se lo vende a su segunda empresa, que luego se lo vende a su tercera empresa. De este modo encarece el precio del producto y su aporte fiscal es menor, pero las ganancias de las tres empresas son para el mismo dueño, y quien paga y pierde es el comprador final que es el venezolano pendejo. Esta triangulación para la burguesía es legal, legitima y representa el compromiso pujante del empresariado venezolano, o una parte de ellos. Zuloaga lo hizo con camionetas de lujo, para no abusar del estomago del venezolano sino de su bolsillo. Aparentemente Friosa lo hace con alimentos y sus dueños son reincidentes. Los hermanos García, dueños de Friosa, son empresarios vergatarios que en 1994 tenían una empresa llamada Semary C.A según se manifiesta en un expediente 94-96 del Juzgado Nacional de Hacienda y el Juzgado Décimo Octavo de Primera Instancia en lo Penal del área metropolitana de Caracas. Dicho expediente dice en una de sus páginas lo siguiente: “Al solicitarlas a los ciudadanos SERAFÍN GARCÍA Y HUGO PÉREZ GUEVARA, la documentación aduanera que amparase la cantidad de 1.656 cajas de KaKi, 90 cajas de membrillo, y 94 cajas de granadas; éstos no pudieron comprobar la tenencia de las mercancías extranjeras, antes citada, así como tampoco su adquisición en lícito comercio del país, ni su legal introducción; pues al no haber sido declaradas, ni objeto de su liquidación, ni de despacho, mal podría existir documentación aduanera que los amparase. Esta situación nos hace presumir que nos encontramos en presencia de un ilícito aduanero, tipificado como contrabando en el artículo 103 ordinal “a” de la Ley Orgánica de Aduanas” esto sucedió en 1994. La diferencia es que ahora, con la crisis capitalista mundial, la seguridad alimentaria es una prioridad del gobierno nacional, y empresario que vea los alimentos como una mercancía siempre entrará en contradicción con el gobierno.

Algunos venezolanos se indignan con la palabra expropiación, más no conocen el soporte jurídico de una expropiación, como se hace también en España y en cualquier parte del mundo. Los medios venden la imagen de un pujante empresario que de repente le quitan el negoció que construyó durante años con el sudor de su frente, pero obviando la historia delictiva de esos años, que perjudicaron el bolsillo de miles de venezolanos por muchos años. ¿Por qué entonces, algunos venezolanos defienden delitos de contrabando?, muy fácil, por ignorancia, desconocimiento y los pocos porque son cómplices.


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David Javier Medina


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