El reciente ataque de los Estados Unidos contra Irán, que ha segado la vida de niñas inocentes en una escuela, constituye no solo una tragedia humana irreparable, sino también una grave fractura del orden constitucional estadounidense y del sistema jurídico internacional.
El Artículo I, Sección 8 de la Constitución de los Estados Unidos es categórico: la facultad de declarar la guerra corresponde exclusivamente al Congreso. No es una sugerencia, no es una cortesía política, es una cláusula estructural diseñada por los padres fundadores para impedir que el poder bélico se concentrara en una sola persona. La experiencia del despotismo monárquico europeo llevó a los constituyentes a distribuir el poder de la guerra como un freno republicano esencial.
Sin embargo, una vez más, un presidente, en este caso Donald Trump, actúa militarmente sin declaración formal de guerra. Y lo hace amparándose en la llamada "War Powers Resolution", una ley de 1973 promovida por el congresista demócrata Clement John Zablocki, que pretendía limitar el poder presidencial tras la experiencia traumática de Vietnam, pero que terminó institucionalizando una peligrosa elasticidad constitucional.
Dicha resolución exige apenas una notificación al Congreso dentro de 48 horas posteriores al inicio de hostilidades y permite mantener fuerzas militares durante 60 días sin autorización formal. En la práctica, el Congreso no ejerce control previo; simplemente es informado después de que las bombas han caído. El poder de declarar la guerra fue transformado en el poder de "ratificar o tolerar" una guerra ya iniciada.
Esto no es una interpretación académica aislada. Desde 1973, presidentes de ambos partidos han invocado esta norma para desplegar acciones militares sin declaración formal. El Congreso, en vez de defender su competencia constitucional indelegable, la ha erosionado por omisión o conveniencia política. La cláusula de guerra se convirtió en una reliquia retórica mientras el Ejecutivo acumulaba prerrogativas bélicas.
Pero más allá del debate constitucional interno, el derecho internacional es aún más claro. La Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza salvo en casos de legítima defensa o con autorización del Consejo de Seguridad. Atacar instalaciones civiles y peor aún, provocar la muerte de niñas en una escuela, vulnera principios cardinales del derecho internacional humanitario: distinción, proporcionalidad y protección especial a la infancia.
La gravedad de lo ocurrido no puede reducirse a un tecnicismo jurídico. Cuando el Congreso abdica de su función y permite que la Casa Blanca concentre el poder de guerra, se erosiona el equilibrio republicano y se debilita la legitimidad democrática. El problema no es solo Trump; es un diseño normativo que ha permitido que cualquier presidente (presente o futuro) inicie hostilidades sin el debate público profundo que exige la declaración formal de guerra.
La "War Powers Resolution" fue presentada como un freno; terminó siendo un atajo. Lo que debía restaurar el equilibrio terminó consolidando una práctica que vacía de contenido el Artículo I. El congresista Zablocki, al impulsar esta fórmula intermedia, abrió una puerta institucional que hoy sigue siendo utilizada para justificar intervenciones militares sin mandato legislativo explícito.
La historia constitucional enseña que los poderes extraordinarios rara vez se retraen voluntariamente. Cuando el Congreso transfiere o tolera la usurpación de su competencia, no solo compromete su autoridad presente, sino que debilita el diseño republicano para las generaciones futuras.
La muerte de niñas en Irán no es un "daño colateral" abstracto; es el rostro humano de una arquitectura jurídica que ha permitido normalizar la guerra ejecutiva. Y mientras no se restaure el equilibrio original previsto en la Constitución estadounidense, declaración formal de guerra antes de la acción militar, el riesgo de nuevas intervenciones unilaterales seguirá latente.
Tanto demócratas como republicanos han convertido la War Powers Resolution en un pretexto funcional para eludir el mandato claro del Artículo I, Sección 8, bajo la supuesta "necesidad" de actuar con inmediatez ante amenazas nacionales y evitar filtraciones si la decisión se somete previamente al Congreso; sostienen que la rapidez estratégica justifica la concentración del poder bélico en el Ejecutivo, pero ese argumento no es más que una racionalización peligrosa que sacrifica el principio republicano en el altar de la eficiencia militar.
La Constitución no fue concebida para facilitar guerras relámpago, sino para impedir guerras caprichosas; el debate legislativo no debilita la seguridad nacional, la legitima. Invocar la urgencia como excusa para marginar al Congreso equivale a admitir que la democracia es un obstáculo y no una fortaleza, y esa premisa contradice la esencia misma del constitucionalismo estadounidense.
La grandeza de una república no se mide por la potencia de sus armas, sino por su fidelidad a sus propias reglas. Cuando el Ejecutivo bombardea y el Congreso calla, no solo se hiere a un país extranjero: se hiere el corazón mismo del constitucionalismo.
