Los ataques de colonos contra palestinos ya no son aleatorios ni descontrolados. Anteriormente atribuida a facciones marginales como la "Juventud de la Cima", esta violencia se ha transformado, desde el 7 de octubre, en una extensión paramilitar semi-oficial del Estado de Israel. Turbas armadas de colonos operan ahora en plena coordinación con el ejército de ocupación israelí, actuando como ejecutores de una política de desplazamiento forzado.

En las Zonas B y C de la Cisjordania ocupada, agricultores y aldeanos palestinos han sido perseguidos por estas milicias que irrumpen en casas, destruyen paneles solares, envenenan tanques de agua e incendian cultivos y hieren o matan familias enteras para expulsar a la gente de sus tierras.

Estos ataques reflejan un cambio estratégico. Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), solo en octubre se registraron más de 260 ataques de colonos judios venidos de otras partes del mundo, la cifra más alta desde 2006. Estos ataques, con un promedio de ocho al día, son sistemáticos y se dirigen desproporcionadamente contra agricultores palestinos, durante la temporada de cosecha y comunidades de pastores en zonas remotas.

A pesar de que Israel proclama ser un estado de derecho,, la verdadera arma es la impunidad total de estos malechores. Los colonos ahora actúan con plena confianza en que el Estado los protegerá y no los procesará. En un caso, incendiaron una mezquita en Deir Istiya y pintaron sus paredes con un mensaje desafiante: "No tememos a Avi Bluth", en referencia al jefe del Comando Central del ejército israelí. Respaldados por ministros extremistas como Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir, se sienten, y actúan, como los verdaderos soberanos de la tierra bajo jurisdicción israelí.

El grupo israelí de derechos humanos Yesh Din informa que, incluso antes de la guerra, el 94 % de los casos de violencia de colonos terminaban sin acusación. Desde que comenzó la guerra, incluso la apariencia de un proceso legal se ha evaporado.

Criminalización de los olivos

En la Cisjordania ocupada, la guerra de Israel se extiende literalmente a las raíces. El olivo, elemento vital de la sociedad y la economía rurales palestinas, es ahora un objetivo prioritario. Tel Aviv ha utilizado el control de recursos y las leyes ambientales como arma para desmantelar la agricultura palestina y despojar a la gente de sus tierras.

Según Amnistía Internacional, los agricultores palestinos están sometidos a un régimen de dominación que restringe severamente el acceso a recursos vitales. Israel controla el 85% del agua de la Cisjordania ocupada y prohíbe la excavación de pozos, obligando a muchos a depender de la agricultura tradicional de secano, una práctica que se ha vuelto inestable debido al cambio climático y al robo de aguas subterráneas en beneficio de las exuberantes tierras ocupadas por los colonos judíos venidos de tierras lejanas.

Esta guerra contra la agricultura también se libra mediante legalidades kafkianas. Israel ha criminalizado la recolección de plantas nativas palestinas como el tomillo, el akkoub y la salvia, alegando leyes de "protección de la naturaleza". Mientras las excavadoras arrasan miles de dunams de flora silvestre para expandir los asentamientos,

los palestinos que recolectan akkoub para una comida familiar son multados y encarcelados. Los expertos argumentan que esto forma parte de una campaña más amplia para separar a los palestinos de sus tierras, incluso controlando su alimentación y su forma de vida.

Mientras tanto, los colonos lanzan ataques directos contra los cultivos, bloquean el acceso de los agricultores palestinos a cientos de hectáreas de olivares y paralizan la economía local. Cuando los palestinos se resisten, son acusados ​​de terrorismo. El objetivo es hacer que la permanencia en la tierra sea demasiado peligrosa, demasiado cara y, en última instancia, imposible.

¿Anexión «sigilosa» o abierta?

Paralelamente a la violencia, Israel impulsa una campaña más discreta, quizás más peligrosa: la absorción legal de la Cisjordania ocupada por el estado colono. Esta anexión sigilosa no se basa en declaraciones ni ceremonias. Opera mediante leyes de zonificación, gobernanza civil y arqueología estratégica.

Una de las manifestaciones más alarmantes de este cambio es la instrumentalización de la arqueología. El gobierno israelí pretende someter la Cisjordania ocupada a la autoridad de su «Autoridad de Antigüedades de Israel», despojando de la jurisdicción a la administración militar y entregándosela a un organismo civil: una anexión de facto. Con el pretexto de preservar el "patrimonio bíblico", vastas áreas son declaradas "sitios arqueológicos" o "parques nacionales", creando una narrativa exclusivamente judía que automáticamente prohíbe a los palestinos construir o cultivar en estas tierras.

Esta invención histórica borra el multifacético pasado de la región en favor de un mito judío singular diseñado para justificar la colonización.

Al reemplazar el gobierno militar por la ley civil, Israel reclasifica la Cisjordania ocupada no como territorio ocupado, sino como una extensión soberana. Las fronteras entre Tel Aviv y Tulkarem se difuminan, y el apartheid se formaliza.

Desmantelando el centro político

Mientras las excavadoras excavan campos y las leyes sofocan aldeas, Tel Aviv también está rediseñando la vida política palestina. El objetivo no es desmantelar por completo la Autoridad Palestina colaboracionista —que aún cumple una función administrativa y de seguridad en el Área A—, sino reducirla a un subcontratista municipal neutralizado.

Israel está ignorando por completo a la Autoridad Palestina. Los ataques de los colonos contra los palestinos ya no son aleatorios ni descontrolados. Alguna vez atribuido a facciones marginales como "Hil"