¿Quién, en verdad, gobierna en España?



Que España iba a ser un Estado judicial o para-judicial es una convicción que arrastramos muchos desde el mismo día siguiente de la promulgación de la Constitución, examinado el conjunto de datos y circunstancias que concurrían en 1978, empezando por la composición franquista de los jueces que seguían siendo los mismos, sin sufrir ninguna clase de readaptación. ¿Por qué tenemos que seguir confiar en un régimen de libertad en los mismos que ayer dictaban sentencias preñadas de autoritarismo? nos preguntábamos entonces. Pues bien, he aquí los resultados casi medio siglo después, pues si bien, lógicamente, no son los mismos jueces, sabemos hasta qué punto, en éste y otros ámbitos de la sociedad española el corporativismo, la cooptación, el clanismo y el tribalismo funcionan como método de reemplazo…

Desde entonces, sobre todo cuando cuando no ha ocupado el ejecutivo el partido conservador-franquista, los altos tribunales españoles han gobernado contra el gobierno y contra el espíritu de las leyes. La prueba es que los tribunales europeos que son las altas instancias aunque no sea vinculantes, discrepan constantemente de sus sentencias porque no se aproximan siquiera al normal discernimiento de la lógica formal que rige en los países de la Unión. España está siendo un grano en el culo para la UE, de la que a la España representada por gañanes sólo parece interesar los fondos económicos que recibe de ella. La última sentencia del TC es, no tanto una bofetada al ejecutivo español como al sentido y al sentir europeo en general. Esa manera de ceñirse a la literalidad del artículo 116 de la Constitución para anular un proceder, unas medidas que más o menos han venido compartiendo todos los países y por supuesto los europeos es, aparte de una extravagancia, una expresión de la mentalidad franquista predominante en la justicia española aunque el gobierno cometiese la torpeza de no actuar conforme a lo establecido en dicho artículo prolongando el estado de alarma sin pedir autorización al Congreso.

Si en otros asuntos delicados, como es el contencioso político catalán, por ejemplo, los altos tribunales españoles hubiesen manifestado la voluntad de perfeccionar la democracia (pues cualquier otra nación en las mismas circunstancias se hubiera limitado a considerar nula de pleno derecho la eventual declaración de independencia en Catalunya; si se hubiese advertido a lo largo estas últimas cuatro décadas el animus, que es cómo se llama en Derecho a esa voluntad, de la justicia de ahondar la balbuceante democracia salida de la noche a la mañana, súbitamente, de una tiranía, y no hubiesen concurrido circunstancias tan anómalas que desdibujan el significado de la palabra “alarma” y sus motivaciones, podrían tener razón algunos al considerar justa la pasada sentencia del Tribunal Constitucional. Pero vistas las especialísimas que vienen concurriendo en todo el mundo y en Europa desde marzo de 2020, y vista la esclerosis que la vida política ha padecido en este país, desorientado éste como todos los gobiernos del mundo, vapuleados por un virus de origen, naturaleza y comportamiento hartamente inciertos, someter a las Cortes su autorización para prorrogar del estado de alarma, representaba el riesgo extremo de que la petición fuese utilizada torticeramente por la oposición como arma política contraria a la necesidad imperiosa de velar por la salud pública como fin prioritario que compartían todos los gobiernos europeos.

En todo caso, ya está todo muy claro. Ya no hay duda, si es que antes no la hubiere, de que, en lo esencial, en asuntos y materias clave que permiten ponderar la realidad de las libertades democráticas, públicas, civiles y formales, España ha venido siendo gobernada por el poder judicial durante esta parodia de democracia de 43 años. Por eso se pasan la vida “democrática” recurriendo los franquistas y fascistas a la justicia. Porque es cada vez más manifiesto que en ese poder judicial de los altos tribunales están los cimientos sobre los que el franquismo sin Franco, se ha propuesto volver a gobernar, ahora bajo la carpa de una caricatura caribeña de democracia.

La cuestión está en saber si la Unión Europea lo consentirá, o expulsará a España por no cumplir las condiciones mínimas para estar integrada una nación europea de estas características en ella. Desde luego, el talante, el pelaje, judicial español va siempre, exacta y ordinariamente, en sentido contrario de la dirección del espíritu que se esfuerzan por fraguar tanto la Unión Europea como los Tribunales de La Haya y de Estrasburgo de los Derechos Humanos entre todos los países que la integran…

18 Julio 2021


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Jaime Richart

Antropólogo y jurista.

 richart.jaime@gmail.com      @jjaimerichart

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