Es un contrasentido la noticia de que haya sido Estados Unidos quien
excluyera a Cuba de la lista de países patrocinadores de terrorismo
cuando ha sido precisamente la Isla, la nación que durante casi 60
años ha sufrido los efectos de los métodos terroristas utilizados por
Washington para oponerse y castigar las ansias de independencia e
identidad que han dado fundamento a la revolución cubana.
Lo más lamentable en la redacción de estas informaciones de prensa es
que pareciera que Estados Unidos tiene algún derecho a actuar como
testigo y juez en casos de terrorismo de Estado, delito internacional
en el que ningún otro país ha incurrido con tanta frecuencia desde que
finalizara la II Guerra Mundial.

Las noticias, que han recorrido el mundo en los principales medios
occidentales parecerían legitimar el derecho de Washington a elaborar
e imponer los propósitos y disposiciones de esa lista que solo sería
legal si sus motivaciones y sus efectos fueran una cuestión interna,
aplicable exclusivamente a entidades estadounidenses.
La intención terrorista de las sanciones previstas contra quienes
violen las disposiciones que Estados Unidos impone
extraterritorialmente a los países incluidos en la lista está en el
terror que se impone a cualquier persona o entidad pública o privada
del mundo que pretenda relacionarse con Cuba a propósito de eventuales
intercambios comerciales, financieros, científicos, culturales,
etcétera. Muchas veces basta una simple referencia a la posibilidad de
perder sus proveedores o sus clientes USAmericanos para infundir
pánico.

Cuba fue insertada en la lista en 1982, según se dijo entonces por el
apoyo que supuestamente había brindado a los movimientos
independentistas que se generalizaron en América Latina inspirados en
la exitosa revolución cubana.
Todo parece indicar que esa inclusión de Cuba en la lista de
patrocinadores del terrorismo formaba parte del apoyo que Estados
Unidos brindaba entonces a la operación Cóndor por la que esos
movimientos y muchos miles de personas de ideas progresistas fueron
brutalmente reprimidos.

La sangrienta operación Cóndor constituyó un pacto criminal que se
puso en marcha cuando Estados Unidos contó con una verdadera red de
crueles dictaduras en América Latina (Argentina, Chile, Brasil,
Paraguay, Uruguay y Bolivia). Decenas de miles de patriotas
latinoamericanos resultaron muertos o encarcelados y torturados en
Suramérica, Centroamérica y el Caribe.
Por múltiples motivos y formas de la presión popular, las tiranías
represoras tuvieron que hacer concesiones y América Latina se abrió,
de manera paulatina más o menos cruenta, a procesos democráticos que,
por el hecho de que respetaban en un mayor grado la voluntad de los
pueblos, condujeron a la instalación mediante procedimientos
democráticos, de autoridades más receptivas a los reclamos populares e
identificadas con los intereses de sus pueblos. Varios de los
patriotas que antes fueron guerrilleros o partidarios de aquellas
luchas, o sus seguidores, así como algunos militares que objetaban el
papel de represores que les había sido impuesto para relacionarse con
sus compatriotas, son hoy los que dirigen y los que defienden las
democracias nuevas en Latinoamérica.

Luego del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre
Estados Unidos y Cuba quedarán varios otros grandes obstáculos para la
normalización de los lazos. El bloqueo económico que Washington
eufemísticamente califica de embargo y la base naval que desde 1903
Estados Unidos ocupa en el entorno de la bahía de Guantánamo, una zona
de 116 kilómetros cuadrados (45 millas cuadradas) que es un
irrenunciable territorio soberano de Cuba, están entre ellos.
Quedan por discutir también las demandas por expropiaciones de las
propiedades de ciudadanos estadounidenses que no pudieron ser
negociadas por impedirlo el gobierno Washington y las demandas cubanas
de indemnización por los daños del bloqueo..

El Congreso estadounidense aún está considerando poner fin a la
prohibición de viajes de ciudadanos de Estados Unidos a Cuba.
Utilizando sus poderes legales, el Presidente Obama ha aliviado
algunas restricciones que impone el Travel Ban estadounidense pero, en
general, el turismo a la isla sigue siendo ilegal. Las licencias
especiales que se conceden apenas cubren una pequeña parte de los
estadounidenses interesados en conoce "la fruta prohibida durante más
de medio siglo" y los que ahora llegan a la Isla bajo "licencias
especiales" del gobierno de Estados Unidos, no están autorizados para
visitar los mejores lugares turísticos, incluso los de sol y playa. Es
de esperar que nunca más la superpotencia única del planeta abuse de
esta manera de los derechos y las esperanzas de un país pequeño que
lucha por su independencia y su identidad.