Después de 8 años de negociaciones, en enero de 1992 se firmo el Acuerdo de Chapultepec entre el gobierno del Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional/FMNL, mediante el cual se puso fin a una prolongada guerra civil que ocasiono casi 80 mil víctimas en esa pequeña nación Centroamericana.
Con el Pacto firmado se determino lo siguiente:
Primero. Una amnistía general para los integrantes de la guerrilla.
Segundo. Se procedió a una profunda y radical modificación de las Fuerzas Armadas con depuración y condenas penales de los generales y oficiales implicados en la guerra sucia y en actos criminales contra la población y reducción de los efectivos del aparato militar.
Tercero. Se organizó la Policía Nacional Civil en cuya dirección se nombro una líder guerrillera.
Cuarto. Se procedió a la disolución de los servicios de inteligencia militar.
Quinto. Se suprimieron los cuerpos paramilitares organizados y promovidos por las Fuerzas Armadas, los políticos de la ultraderecha y la embajada de los Estados Unidos.
Sexto. Se hizo una modificación profunda del sistema judicial.
Séptimo. Se creó un sistema especial para la defensa de los Derechos Humanos.
Octavo. Se conformo una Comisión de la Verdad.
Noveno. Se hicieron modificaciones estructurales del sistema electoral.
Décimo. Se adoptaron medidas económicas y sociales de amplio alcance reformista.
Son trascendentales antecedentes para la Mesa de diálogos de La Habana entre el gobierno de Santos y las Farc/EP, ahora que se debate el fin del conflicto.
Nota. Con el cuento de que no se debe humillar a Uribe Vélez, promotor de múltiples delitos y violaciones de los derechos humanos, ciertos seudo intelectuales pretenden dejar en la impunidad todas sus tropelías y los de su camarilla. Algo quieren esconder estos mercenarios del establecimiento. En el Perú propusieron lo mismo con Fujimori, pero terminó prevaleciendo la justicia y hoy ese sujeto paga largas condenas de prisión. Es lo que debe ocurrir con el Patrón del Ubérrimo.
