Movimiento Popular Unificado - Movimiento Alternativa Socialista
III Encuentro Nacional del MPU - MAS
Resolución sobre crisis del proyecto de ampliación del Canal de Panamá
1. Rechazamos tajantemente las abusivas demandas del consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), encabezados por la española Sacyr y la panameña CUSA, de exigir 1.600 millones de dólares de sobrecostos no justificados por las obras de ampliación, así como la intromisión de los gobiernos español e italiano en este asunto.
2. Denunciamos que la actuación de GUPC constituye una de las prácticas de corrupción más comunes del capitalismo del sigo XXI, que consiste en robarle a la ciudadanía y al estado mediante sobre costos abusivos y adendas posteriores a los contratos. De esas prácticas dolosas ha sido múltiples veces acusada la empresa española Sacyr, así como empresas panameñas y extranjeras que, con la complicidad de funcionarios públicos, que sobrefacturan en diversas obras en nuestro país.
3. Señalamos que el fracaso de las negociaciones entre la Autoridad del Canal, la aseguradora Zurich y GUPC, han demostrado la voracidad sin límites de unos empresarios que han decido apropiarse injustificadamente de ingresos a futuro del canal y que debían entrar al erario público para resolver las ingentes demandas sociales del pueblo panameño.
4. Exigimos que no se pague un centavo más y se proceda a la expropiación de los bienes de Sacyr y sus socios de GUPC en Panamá, así como la toma urgente o nacionalización de la obra de ampliación del canal por parte de la Autoridad del Canal de Panamá para evitarle mayores pérdidas y lograr el reintegro inmediato de los casi 3.000 trabajadores cesados.
5. Pedimos que se conforme una Comisión Investigadora Independiente que haga público el contrato con GUPC, establezca si ha habido dolo y defina el curso a seguir con las obras.
6. Responsabilizamos de esta situación a la Junta Directiva de la ACP, la cual impulsó un referendo sobre la ampliación con argumentos falsos y cuestionables estudios financieros en 2006; y luego procedió de manera irresponsable a otorgarle un contrato al consorcio encabezado por Sacyr, de la que se sabía su crisis financiera, y a una empresa panameña con la que existía conflicto de interés ya que es propiedad de la familia del entonces administrador del canal, Alemán Zubieta; además de hacer adelantos financieros que no compaginan con los avances proporcionales de la obra.
7. Exhortamos a la clase trabajadora panameña a organizarnos a través de un Movimiento de Defensa nacional para exigir la nacionalización de GUPC y un cambio constitucional y legal que saque a la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá del control en que se encuentra por parte de una élite empresarial y que sea el pueblo panameño, el que se sacrificó luchando el 9 de Enero de 1964 por la soberanía, el que tenga el control sobre la administración de la vía acuática. Basta de control empresarial de la ACP, por un Control Obrero del Canal!.
Panamá, a 50 años de la Gesta Heroica del 9 de Enero de 1964, 25 de enero de 2014