Algunos medios de comunicación privados despliegan una extensa campaña de desprestigio contra la Revolución Bolivariana y se esfuerzan por hacerle creer al pueblo que Venezuela vive actualmente el peor caos de su historia. Durante la última semana de marzo de 2011, se promovió un furibundo psicoterror mediático alrededor de la falla suscitada en el Metro de Caracas, que expuso a los usuarios y a la comunidad capitalina en una inconveniente y riesgosa situación de alarma.
Tal suceso en el Metro, que aparentemente estuvo asociado a trastornos del servicio eléctrico nacional, aconteció en un día donde la propaganda opositora mostró imágenes y testimonios de que por falta de electricidad en otras zonas del interior de nuestro territorio, era prácticamente inevitable paralizar el normal desenvolvimiento de todas las actividades de la ciudadanía, lo cual reveló la intención innoble de esta cúpula subversiva en cuanto a agudizar los problemas del país.
Es de hacer notar que acontecimientos de esta especie generaron severo malestar en la población a inicios del año 2010 y se estima por fundadas razones que estas originaron una repercusión negativa para la popularidad del Gobierno Nacional, quien tuvo que enfrentar aquella contingencia experimentando algunos traspies como la destitución de un Ministro de energía eléctrica, la reversión de un decreto que suspendía parcialmente el servicio eléctrico en Caracas, entre otros contratiempos; todo lo cual fue aprovechado por la propaganda opositora sin el menor escrúpulo.
Sabemos que estas deficiencias técnicas del sistema eléctrico constituyen un evento que repercute en la vida cotidiana, con el agravante de que tiene precedentes muy recientes, razón por la cual el escenario es propicio para que el liderazgo antichavista estimule el descontento colectivo y la atribución de culpas (justas o injustas) contra el Ejecutivo Nacional en el supuesto de que la nueva falla eléctrica se prolongara o que otra vez decayera la calidad del servicio en el Metro de Caracas, pues su administración ya fue duramente criticada por voceros del bando derechista y es desde hace pocos meses que esta empresa lentamente ha venido recuperando su prestigio ante la percepción general de la ciudadanía.
En consecuencia, indispensable es redoblar esfuerzos de eficacia y eficiencia gerencial en los servicios públicos para no brindarle nuevas oportunidades de propaganda a los enemigos de la patria en el desarrollo de su perversa campaña política enrumbada a la elección presidencial de 2012.
De igual modo es pertinente hacer mención de lo reseñado recientemente en el espectro mediático sobre las audiencias celebradas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) con sede en Washington, vale decir, una tribuna desde la cual se han ventilado temerarias imputaciones contra el Estado Venezolano en años recientes, y en la que ahora resuscita el litigio relativo a la presunta violación que estaría cometiendo Venezuela en lo atinente a Ley Habilitante, la situación carcelaria y la libertad de expresión.
Debemos advertir que este artificial guión mediático que intenta exponer a Venezuela al escarnio internacional, en virtud de su supuesta conculcación sistemática de los Derechos Humanos (que jamás se ha comprobado), se encamina a obtener pronunciamientos de instancias multilaterales que reprendan al Gobierno de Hugo Chávez en razón de tales transgresiones y en ese escenario sacar provecho político electoral favorable a la matriz de la derecha antibolivariana.
No existen tales violaciones y en tal sentido, estimamos que la difusión masiva de la realidad jurídica sobre este caso por parte del Gobierno Revolucionario es fundamental para derrotar la incierta exposición que los irresponsables opositores llevaron a la Cidh. Ciertamente es un deber estratégico de nuestra Red de Medios Públicos difundir la verdad de los hechos en aras de contrarrestar tantas tergisversaciones emprendidas por estos agentes de la mentira quienes apuntan al descrédito del régimen popular y garantista que se desarrolla en nuestra patria desde 1999.
Constitucionalista y penalista. Profesor universitario.
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