**** La reacción del 13/4/2002 fue una demostración de la capacidad de control social del pueblo organizado, sobre una cúpula militar que se considera autónoma y supraconsititucional.
El pasado 11/04, en el marco del Seminario “Socialismo del Siglo XX y XXI al Debate”, desarrollado en la UCV, durante el desarrollo del tema sobre la cuestión de la defensa, surgió, como inquietud de una de los asistentes, la cuestión del control civil de la institución militar. La participante, alarmada por la amplia autonomía actual de los militares en la sociedad, dentro de un marco en donde es indistinguible lo político de lo militar, se preocupaba por el riesgo al autoritarismo ofrecido por esta situación. Obviamente, veía la actividad militar como una tarea corporativa, que separaba a quienes lo desarrollaban de la “sociedad civil”. Esa parte de la comunidad “organizada que es voluntaria, autogenerada, autosuficiente, independiente del Estado y vinculada a un orden legal”. En otras palabras, a un grupo de corporaciones, cuyo poder las hace autónomas, dentro de un Estado que les asegura la realización de sus fines, con un gobierno en el cual están representadas. En ese contexto, el papel de lo militar es imponer la ley y el orden, cuando falla la negociación política. Y, por lo tanto, esa corporación militar, que es creación de aquella “sociedad civil” –diferente de las restantes corporaciones- debe estar subordinada al gobierno que la representa.
Desde luego, la idea de “sociedad civil” no corresponde a la antigua de “societas civilis” formada bajo la garantía de las leyes y con objeto de utilidad común. El objeto es la utilidad privativa de cada corporación que la conforma, en donde se excluyen las porciones de la población “no organizadas” que dependen del Estado, y de la beneficencia pública, por no ser “autosuficientes”. Sectores que por su situación de privación, debida a su incapacidad, representan una amenaza al orden establecido. En ese sentido fue legítima la acción del 11 de abril del 2002. El sector militar que depuso el gobierno, se subordinó a la “sociedad civil” que reivindicaba sus derechos pidiendo el restablecimiento de la “ley y el orden”. Desde luego, esta visión no admite las ideas del humanismo, y la praxis natural, que hace de la defensa una función orgánica común a todos los seres vivos y a los agregados que conforman.
Así, no creen en el control social, sino en el que establece el poder constituido, que es el resultado de la apropiación de los recursos comunes por esas corporaciones “organizadas”. La reacción popular -según los cultores de la “sociedad civil”- que ocurrió el 13 de abril, no controló a un sector de la fuerza armada que no garantizó el cumplimiento de la ley para todos, para asegurar la utilidad común. Esa conducta, lo que hizo fue mantener el populismo, que desordena las sociedades, impidiendo su desarrollo. Esa mayoría son “bárbaros”, o como lo diría la “izquierda exquisita”, lumpen proletariado, que sólo aspira a vivir del trabajo de los demás. Si eso no es “democracia censitaria”, ejercida por quienes tienen fortuna, no se que nombre se le puede dar aquella que sólo considera gente a los propietarios de bienes.
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