En este año 2018, de profusa práctica política, pienso que es esencial preguntarme en esta crónica: ¿Es la sociedad un constructo del individuo? ¿O es el individuo un constructo de la sociedad? Responderé a estos interrogantes a través del filósofo de la ilustración Juan Jacobo Rousseau.

El filósofo ginebrino, en Los Discursos y en Las Cartas Sobre Los Espectáculos, ataca la desigualdad y los vicios de la sociedad. Después, de haber destruido, edifica; trata en La Nueva Eloísa de reformar las costumbres domésticas, y en El Emilio de modificar la educación para poner remedios a los males sociales. Finalmente, en El Contrato Social, intenta echar los cimientos del derecho político de los pueblos. Siempre y en todas partes, con la misma vehemencia de un corazón caldeado por los sentimientos, sostiene su gran principio: alejar al hombre, en cuanto sea posible, de todas las cosas instituidas y llevarle de nuevo a la naturaleza. Rousseau había intentado rehacer al hombre. Después probó a darle un fundamento a los pueblos.

‘El filósofo de la imaginación desordenada’, en la más importante de sus obras, El Contrato Social, pregunta: "¿Qué es lo que hace que el Estado sea uno? La unión de sus miembros. ¿Y de dónde procede la unión de sus miembros? De la obligación que los liga. ¿Y cuál es el fundamento de esta obligación? ¿Acaso el derecho del más fuerte? El poder físico no crea el derecho, y no estamos obligados en consecuencia a entregar la bolsa al bandolero que en cualquier rincón nos apunte con una pistola. ¿Será el derecho divino? No, ¿Por qué querría Dios que se prefiera tal gobierno a otro, y que se obedezca a Juan mejor que a Pedro? ¿Será el derecho de esclavitud? No hay nada más absurdo que enajenar la libertad, aún a cambio de la propia tranquilidad, como aquellos griegos encerrados en el antro del Cíclope, que esperaban a que les llegase el turno de ser devorados.

Las convenciones, los acuerdos son, pues, la base de toda autoridad legítima, y el verdadero fundamento de la sociedad civil es el contrato social. En virtud de este contrato se forma una asociación que defiende y protege con toda la fuerza común la vida de las personas y los bienes de cada asociado, por lo que cada cual al unirse a todos, no obedece, sin embargo, más que a sí mismo, y queda tan libre como antes. Cada quien pone en común todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general, y así surge un cuerpo colectivo que representa a la sociedad.

Este cuerpo político es el Estado, y los miembros de este ente, que toman colectivamente el nombre de pueblo, se llaman en particular ciudadanos como participantes de la autoridad soberana. La soberanía, la voluntad general, es indivisible, inalienable, infalible y siempre justa. Actúa la voluntad general por medio de leyes, y esta es la que le da legalidad a una acción. Los pueblos hacen sus propias leyes, y a la vez las derogan cuando estas leyes atentan contra su existencia. La ley es, pues, una declaración pública y solemne de la voluntad popular sobre un objeto de interés común; y pierde toda fuerza y deja de ser ley si este objeto no importa a la mayoría; aún más, si este objeto en vez de beneficiar al colectivo le perjudica".

Y por último agregaría yo, que nunca la ley puede estar por encima del bien común de los ciudadanos, el Estado necesita un agente adecuado que ejecute su soberanía, un poder que reduzca la ley a actos particulares. Este artefacto es el Gobierno. Los depositarios del Poder Ejecutivo son los oficiales del pueblo, y este puede sustituirlos, pero siempre y cuando sea a través de elecciones. Cosa que hasta ahora en la Venezuela Bolivariana ha ocurrido, sin lugar a dudas.

*Cronista Oficial del municipio Los Taques

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