Gozosamente, supimos de la "licencia limitada" de Chevron Corp a objeto de que reiniciará sus actividades mediante administración de la empresa mixta Petropiar (mejorador de crudo extrapesado) con participación de casi un 30 por ciento de su capital, lo que posibilitará nuestra reinserción en el mercado internacional, competir con otros crudos y hasta alcanzar de un siete a ocho por ciento de PIB petrolero para 2023, según expertos en la materia. Tal decisión impactó en el sector y áreas pertinentes que las transnacionales Repsol y ENI se han apercibido para ir a la zaga de Chevron y, así, incorporarse a nuestra crítica producción petrolera. No obstante, el 16/12 la Cámara de Representantes de EEUU (senado) aprobó un Proyecto de Ley que prohíbe a las agencias federales cualquier negociación con el régimen de Nicolás Maduro por arbitrario y amenazante para la seguridad nacional hemisférica.
Aun así, con todo el respeto que pudieran merecer o no los señores representantes de dicho cuerpo legislativo, estimamos tal instrumento de adefesio jurídico, paradójico, lerdo, burlesco, desfasado e ininteligible ante los intereses comerciales (compra) de hidrocarburos a Venezuela, pues se sabe que el presidente Biden apela por la reserva estratégica de petróleo a objeto de mitigar los costos tan elevados de la energía ya que las expectativas con el WTI y el Brent del mar del Norte, merman por agotamiento.
En verdad, tal hecho, análogo a un floripondio, nos trastoca y hace proclives a dudar de las "formalidades" aparentes del imperio. Entonces, ante tal dilema precisamos de un juicio sesudo, puesto sobre los objetivos energéticos a los cuales se contrae la gracia otorgada a Chevron y, por extensión, a Venezuela y sus residentes.