Endeudamiento, Sanciones y el Futuro de PDVSA

Endeudamiento, Sanciones y el Futuro de PDVSA

Como una espada de Damocles, sobre la posibilidad de recuperación soberana de la industria petrolera nacional, pesan varios factores. Dos de ellos los quiero comentar aquí, y están referidos tanto a la deuda como a las sanciones que forman parte de una especie de bucle que ha ido alimentando la enorme opacidad existente en torno a la gestión de la industria petrolera nacional y a las alianzas con el sector privado; me refiero a las que se están tomando en el marco de la inconstitucional de la llamada ley antibloqueo y que vienen propiciando una especie de "nueva apertura petrolera".

El argumento es sencillo, aunque no así su solución, PDVSA necesita inversiones para levantar producción y para ello tiene que resolver su colapso interno cuyas causas están en: corrupción, incapacidad en la gestión y erradas decisiones estratégicas, que le dieron soporte a un endeudamiento sin precedentes en los más de 100 años de producción petrolera nacional.

Sobre la deuda, tenemos que decir que hasta el 31 de diciembre del 2021 solamente la deuda financiera consolidada de PDVSA se ubicaba en 34.894 [i] millones de USD, de ese monto el 82% (28.760 millones USD) corresponde a bonos emitidos entre el 2007 y 2016, le sigue con un 7% (2.315 millones USD) las deudas relacionadas con las empresas mixtas[ii], un 5% (1.762 millones de USD) en préstamos y el resto 6% distribuido en arrendamientos financieros y certificados de inversión, entre otros.

Dentro del endeudamiento de PDVSA cabe mención aparte el caso de los bonos PDVSA2020. El origen de estos bonos data del 2016, cuando PDVSA mediante un proceso de canje ofreció a los tenedores de los bonos PDVSA2017 próximos a vencerse en abril y noviembre del 2017, el cambio de dichos bonos por nuevos con vencimiento en 2020 y cupón de 8,50% anual, adicionalmente los mismos fueron garantizados con el 51% de las acciones de CITGO.

Estos bonos están vencidos, pero los bonistas no pueden ejecutar la garantía que corresponde al 51% de las acciones de CITGO ya que a partir de octubre del 2019 la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha venido emitiendo y renovando una Licencia General que impide que se puedan vender en territorio de los EEUU los activos de CITGO, por lo que los tenedores de bonos o cualquier otro interesado, como es el caso de la empresa minera Crystallex [iii], no pueden, por los momentos, realizar ninguna acción sobre los activos de CITGO en territorio norteamericano [iv].

Esta situación de "protección" de CITGO solo se puede interpretar como una especie de concesión que le otorga el imperio norteamericano al sector de la oposición intervencionista y no democrática que tiene el control de CITGO y porque como sabemos tienen su enorme cuota de responsabilidad, al igual que el propio gobierno venezolano, tanto en la destrucción como en la apropiación ilegal de los activos que tiene la república en el exterior[v].

Si bien, el monto total que refleja la situación de deuda financiera de PDVSA asciende a la cantidad de 34.894 millones de USD para el cierre del año 2021, no es menos cierto que dicho monto no refleja la totalidad de la situación de deuda de la industria, ya que existen convenios y alianzas estratégicas que PDVSA ha venido implementando como resultado, tanto de las presiones internas (colapso interno) como externas (sanciones), que en cierta forma han debilitado su autonomía económica, operativa y financiera.

Toda esta situación, ha venido operando como fundamento para que, de facto, se produzca una especie de "apertura petrolera" al margen del marco legal vigente (Constitución y Ley Orgánica de Hidrocarburos), con el objeto de "promover inversiones en el sector de hidrocarburos" otorgándole al capital (internacional y nacional) control operativo, comercial y económico sobre la industria, así como también inmunidad de jurisdicción. Todo ello, bajo la supuesta legalidad que les otorga la inconstitucional ley antibloqueo.

Más allá de la necesidad de levantar inversiones para la industria petrolera nacional, situación que es incuestionable, el asunto es que se está negociando, a espaldas del propio soberano, la viabilidad futura de una empresa que es y ha sido patrimonio de los venezolanos.

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[i] PDVSA: Extracto del Balance de la deuda financiera consolidada al 31/12/21, publicada en: https://ultimasnoticias.com.ve/wp-content/uploads/2022/01/UN19012022.pdf

[ii] Sinovensa, S.A, Petroquiriquire, S.A Petroboscán, S.A, Petrozamora, S.A, Indovenezolana, S.A, Petrowarao, S.A

[iii] Esta empresa que demandó a la Republica ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en 2016 ganó la demanda por un monto de aprox. 1200 millones de USD. Luego utilizando la figura del "alter ego" logró que un tribunal de EEUU fallara a su favor para tomar control de los activos (CITGO) que tiene la Republica en territorio de los Estados Unidos de Norteamérica.

[iv] Actualmente, esta Licencia de la OFAC se ha extendido hasta enero del 2023

[v] Recordemos como ejemplo el caso del "procurador" Guaidoista y su responsabilidad en el juicio de Crystallex contra la república, y los escándalos de corrupción en torno a la empresa Monómeros.



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Oly Millán Campos

Economista (UCV) y exministra del Ministerio para la Economía Popular (2006). Integrante de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la CRBV y de la Plataforma Contra el Desfalco a la Nación

 omillancam@gmail.com      @angelicamcampos

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