Marco constitucional para eliminar subsidio a gasolina y rescatar precios del petróleo

El régimen democrático se basa en la soberanía del pueblo como lo dicta el artículo 5 de la Carta Magna. En efecto, la mayoría elige a un gobernante para que cumpla con las tareas correspondientes a su cargo y beneficie a la colectividad. Pero se sabe también que una forma de manifestar soberanía es a través de lo consagrado en el artículo 70, es decir, la consulta popular y la asamblea de ciudadanos, entre otros mecanismos.

Lo primordial es que estos procedimientos son útiles para que el pueblo se pronuncie sobre temas importantes, como ocurre ahora con el posible aumento de la gasolina. Si bien es cierto que Venezuela suministra la gasolina más barata del mundo como resultado de los subsidios que brinda el Estado, no es menos veraz que muchos comerciantes especuladores podrían invocar el mencionado aumento para justificar un alza general de precios en contra de los venezolanos.

En este contexto, se deben tomar precauciones de diversa índole para evitar que el sabotaje económico contra Venezuela sea exitoso, entre las acciones recomendables estaría la supervisión rigurosa, las multas, etc. Ahora bien, un estudio previo de factibilidad (debidamente divulgado al público) debería sustentar la propuesta gubernamental del incremento. Lo más relevante en este escenario es impedir que se desestabilice al país en el área económica.

El pueblo luce consciente respecto a que esta hipotética medida sería para evitarle más pérdidas a la industria petrolera en lo que concierne a subsidios. En resumidas cuentas, hay variedad de instrumentos constitucionales para escuchar la voz del pueblo. Solo falta convocar a esa consulta, cuantificar los resultados y emprender los ajustes necesarios.

Por último, es menester recordar que la política petrolera venezolana no se basa en incrementar la producción de barriles de petróleo (origen de la gasolina) sino en 15 años de exitosa defensa de los precios, de allí que convenga fijar este preciado líquido en un precio acorde con la realidad.

Por tales razones, también es materia de consulta constitucional emprender una nueva política pertrolera, reconsiderar el papel de Venezuela en la OPEP y trazar nuevas estrategias para reivindicar el precio de nuestro oro negro en el mundo.


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Jesús Silva R.

Doctor en Derecho Constitucional. Abogado penalista. Escritor marxista. Profesor de estudios políticos e internacionales en UCV. http://jesusmanuelsilva.blogspot.com

 jesussilva2001@gmail.com      @Jesus_Silva_R

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