Rigoberto Lanz ha publicado cuatro tomos de una compilación de artículos acerca de la transformación universitaria en los cuales se aborda desde diferentes perspectivas y con variadas propuestas la necesidad de transformar las universidades, en función de los requerimientos sociales, por encima de las motivaciones individuales o de las parcelas de poder que en ellas se han instalado desde hace décadas. Sin embargo, las universidades se han mostrado reacias o diríamos, en términos de la vieja izquierda, reaccionarias, ante los demandas de transformación que a menudo se lanzan desde el gobierno, no para someterlas, como muchas veces expresan quienes adversan el proceso de cambios en Venezuela, sino para se adecúen a de las necesidades de la sociedad.
Sin embargo, los procesos revolucionarios son impredecibles. Las transformaciones son rápidas, violentas y profundas, pero a veces los cambios son imperceptibles y ocurren donde menos se puedan esperar. Un ejemplo de ello es lo que ocurre en las actualidad con la Universidad privada “Fermín Toro” en el Estado Lara y también la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” en el mismo Estado.
Efectivamente, la universidad privada Fermín Toro, pertenece a un privilegiado y potentado de las universidades privadas venezolanas, Raúl Quero Silva, a quien se le atribuían nexos con un ministro de educación adeco, Luis Manuel Peñalver, quien le apadrinaba y apalancaba para que le aprobaran aceleradamente institutos de educación superior y carreras universitarias sin muchas alcabalas y trámites burocráticos en el CNU.
Esta universidad se caracteriza, como todas las privadas, por la superexplotación capitalista del trabajo de los docentes, personal administrativo y obrero y por cobrar una matrícula altísima para los estudiantes que allí cursan sus carreras. Los trabajadores, cansados de esta superexplotación comenzaron a protestar y han protagonizado dos huelgas. Primero fueron los empleados administrativos y ahora, desde hace un mes, los profesores también se declararon en huelga, apoyados por los administrativos, luego de haber introducido pliego conciliatorio y conflictivo sin haber obtenido respuesta adecuada de los patronos.
Hace poco, pude ver en un canal regional de la televisión de Barquisimeto, a los representantes sindicales de estos trabajadores solicitando la homologación de sus sueldos con los de los profesores de las universidades públicas, de acuerdo al principio constitucional de: a igual trabajo, igual remuneración. Como no han obtenido respuestas entonces le han solicitado al gobierno revolucionario que intervenga la universidad, la declare de utilidad pública y la nacionalice. El presidente Chávez en una respuesta contundente advirtió que esa es una posibilidad real, ya que en un gobierno revolucionario no se puede seguir admitiendo ese tipo de arbitrariedades y esa superexplotación del trabajo que le genera plusvalía y/o ganancias excesivas a los empresarios depredadores de la educación privada universitaria. Hoy vemos que los representantes de los patronos al fin se sentaron a conversar con los sindicatos advertidos de la amenaza presidencial. Cuestión que, de paso, no ha debido ocurrir, sino que las autoridades del Ministerio de Educación Superior han debido intervenir y no esperar que, casi como siempre, “papá Chávez” diga lo que hay que hacer (Lo que justifica el clamor popular de la consigna ¡¡Así, así, así es que se gobierna!!)
Algo similar está ocurriendo en la UCLA, universidad pública en la que los empleados administrativos están librando una lucha titánica defendiendo el dinero depositado del fondo de pensiones, el cual está por el orden de los 15 millardos de bolívares y que, unos dirigentes sindicaleros de la IV República en connivencia con las autoridades han manejado de manera discrecional y sin rendirle cuentas a nadie. Allí, las autoridades rectorales han negociado con dichos representantes desde hace varios años, permitiéndoles toda clase de tropelías, a sabiendas de la ilegalidad e ilegitimidad de una organización llamada ATAUCLA, a la que le han asignado decenas de millones de bolívares, sin que sus “dirigentes” rindan cuentas de esos dineros públicos que el mismo gobierno entrega a la universidad. El colmo es que esa organización no es un sindicato, sino que sobrevive sólo por los convenimientos entre su presidente, el Rector y el Vicerrector administrativo de la universidad, quienes siguen financiando sus actividades a sabiendas de lo ilegítimo que ello resulta.
Adicionalmente, haciendo uso discrecional de una autonomía administrativa las autoridades de la UCLA han dilapidado enorme cantidad de recursos en francachelas, agasajos, vehículos lujosos, contrataciones, jubilaciones graciosas, nepotismo, etc. Mientras se mantiene la misma nómina de estudiantes, sin que haya una adecuación a las políticas de inclusión estudiantil que tiene el gobierno revolucionario.
Ante ello, sectores preocupados, sobre todo, del personal administrativo, vienen protagonizando una lucha por el logro de la transparencia en el manejo de los recursos que la universidad destina para el persona activo y jubilado. Cada vez que esa lucha sale de los espacios de la universidad, las autoridades salen manipulando con el “coco” de la intervención, para tratar de nuclear a la comunidad universitaria contra el gobierno o contra quienes osen manifestar su descontento, protesta o desacuerdo con la manera cómo se hacen las cosas allí.
Tanto la comunidad universitaria debe tomar conciencia que una cosa es la autonomía mal entendida y otra el permitir el abuso de grupos de poder que han colonizado estas instituciones no para ponerlas al servicio de la academia, del conocimiento, o de la sociedad, sino para mantener cuotas de poder grupal, familiar o individual. También el gobierno debe ponerle coto a los abusos, tanto de las autoridades o dueños de las universidades privadas, como de las públicas, profundizando la política de cuentas claras que tiene el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior. Es decir, la Revolución también debe llegar a las universidades privadas y públicas para generar las transformaciones académico-administrativas que las coloquen definitivamente al servicio de la sociedad.
