(Desafíos y contexto actual en Venezuela)

La universidad en el siglo XXI

Boaventura de Sousa Santos (Coímbra, Brasil, 1940) en la obra "La universidad en el siglo XXI. Para una reforma democrática y emancipadora de la universidad" (1) desarrolla reflexiones y propuestas que parecen muy actuales, sobre todo cuando en Venezuela desde hace ya varios meses se ha puesto sobre el tapete el asunto de las elecciones de autoridades rectorales. Proceso dilatado largamente. ¡Por lo que señores rectores, decanos y demás autoridades universitarios tienen sus períodos vencidos hasta en más doce años!

Semejante "cuarentena electoral universitaria", para seguir con la imagen de la profilaxis sanitaria frente a la peligrosa infección del coronavirus que nos tiene a todos en una reconciliación de facto, sectores revolucionarios andan proponiendo la democracia directa en las universitarias universidades autónomas y experimentales de vieja data. A las nuevas no se les toca, tal parece que no tienen historia. Son como "un ser de la nada nacido de una tormenta, en el Sol de una noche en el último mes", (que diría Silvio Rodríguez en "Canción del elegido") (2).

Esos grupos, pues, están con ese sarampión como si retomaran ideas propaladas por Darcy Ribeiro hacia finales de 1960 y principios de 1970, tardíamente formuladas, según; que entre otras cosas sugería una nueva estructura organizacional universitaria, como de estructuras achatadas, en lo administrativo y reorganización de las estructuras académicas con nuevos fundamentos en la teoría del conocimiento; como se puede leer en la bella biografía que del gran investigador brasileño hace el Dr. Alejandro Mendible Zurita (2004) "Darcy Ribeiro y la renovación universitaria de la UCV" (3). ¿Tales propuestas estarían recogidas en el Proyecto de Ley de Universidades del año 2010, PLEU, y que Chávez no le dio el ejecútese?

Al menos tres o cuatro son las causas que otros sectores universitarios tradicionales argumentan para oponerse a la realización de elecciones de autoridades. A saber que (a) el llamado "voto igualitario" de cada uno de los sectores universitarios no corresponde a la tradición del Claustro, una entidad fundada en la meritocracia del conocimiento y la relación exclusiva docente-alumno regular; ya que (b) los demás miembros de la comunidad universitaria no serían de "naturaleza plena", sino que actúan en calidad de auxiliares y/o colaboradores del binomio anterior, como ya se ha dicho fundante de la academia; de tal suerte que (c) el proceso electoral democrático en la universidad es de un matiz diferente al de la sociedad civil donde "cada voluntad o presencia" (voto) se apoya en la noción liberal de soberanía popular en tanto que miembro de la comunidad de Estado-Nación; (d) la elección directa (o uno a uno", como sugiere la Ley Orgánica de Educación (2009, articulo 34, numeral 3) colide con lo mandatado en la Constitución (1999, artículo 109) y la Ley de Universidades (1970, artículos 31, 32 y ss.).

El corolario de lo anterior viene a ser que: el Consejo Universitario de cada casa de estudio como la UCV y por extensión todas las demás, es el órgano que establece el reglamento y organiza el cronograma electoral, a tenor de las disposiciones legales aún vigentes en Venezuela. No el Consejo Nacional de Universidades (CNU) o el Consejo Nacional Electoral (CNE), ese impasse mantiene todo ese proceso paralizado. También está la percepción de que modificar semejante estatus supondría una distorsión demagógica de las funciones y naturaleza de la academia universitaria, ¿será eso cierto? ¿cuáles serán las experiencias históricas al respecto? ¿Se está introduciendo una innovación en Venezuela en tal aspecto?

Al respecto el Dr. Luis Fuenmayor Toro (2001) ha expuesto opiniones en la línea argumentativa anterior, elecciones por planchas y no candidatos uninominales para dar mayor coherencia a la gestión, cree que se debe elegir únicamente el Rector y que éste designe a su equipo, disminuir el poder del consejo universitario, sino que cada sector tenga voz y voto, voto del estudiante regular equivalente al 25 %, entre otras sugerencias, (4). Por su parte, son pocos los teóricos que desarrollan argumentos favorables a la propuesta del llamado voto igualitario en unas eventuales elecciones universitarias en lo va de este año 2020 o 2021, una vez que salgamos bien librados frente a la lucha contra ese enemigo común invisible que es el Coronavirus, que ha producido un hecho social significativo pero endeble, el cual siguiendo a Teodoro Adorno pudiéramos denominar una "Reconciliación bajo coacción" (5). Desde entes gubernamentales lo irán haciendo mediante "la propaganda de los hechos". Los más prácticos han sido los licenciados Edgardo Ramírez en su momento como ministro y el actual César Trómpiz.

Boaventura de Sousa Santos en el libro señalado somete a crítica todo el sistema universitario y lo relaciona directamente con las implicaciones derivadas de modelos sociopolíticos que suponen demandas de saberes y prácticas de la economía de mercado (mercancía del conocimiento). Una consecuencia directa viene a ser el desmejoramiento de la universidad pública o su transformación en otra organización empresarial que responda al mercado global de mano de obra especializada, empresas de servicios, etc., y no a las demandas del Estado nacional (esto último implica no hacer a un lado materias humanísticas que dan sentido profundo a la existencia como historia, antropología, sociología, filosofía, literatura, entre otras, sin sucumbir a la visión de la técnica solo técnicamente, como decía José ortega y Gasset).

Así, Santos (2004) señala que "Se trata de un proceso global y es esa la escala en que esta debe ser analizado. El desarrollo de la educación universitaria en los países centrales, durante los 30 o 40 años posteriores a la segunda guerra mundial, se apoyó por un lado en las conquistas de la lucha social por el derecho a la educación, manifestadas en la democratización del acceso a la universidad, y por el otro lado, en los imperativos de la economía que exigía una mayor calificación de la mano de obra en los sectores clave de la industria. La situación se alteró significativamente a partir de mediados de la década de 1970 con la crisis económica que se instaló. A partir de entonces se generó una contradicción entre la reducción de la inversión pública en la educación superior y la intensificación de la competencia entre las empresas, presente en la búsqueda de innovación tecnológica y por tanto, en el conocimiento técnico-científico que la hace posible, y en la necesidad de formación de una mano de obra altamente calificada" (p. 48).

En Venezuela la democratización del acceso a la educación superior se inicia en las décadas de 1960 y 70, por la vía de la ampliación de sedes universitarias públicas, luego hacia 1980 y 90 esa oferta se contrae; aunque también son las décadas donde hubo la erección de más universidades de administración privada, iniciativas que vinieron a acompañar la función docente del Estado; en las últimos lustros y a partir de 2003 viene otra ampliación de la oferta educativa, llamada municipalización universitaria por la vía de la Misión Sucre, Proyecto Alma Mater, Universidades Politécnicas Territoriales (que es la transformación de los institutos tecnológicos), entre otras.

Al respecto acotan los investigadores Reinaldo Rojas y José Pascual Mora García (2019) (6) que:

"El Sistema de Educación Superior venezolano se constituye formalmente con la aprobación en 1980 de Ley Orgánica de Educación, la cual en su Artículo 28º define como institutos de educación superior a las universidades, los institutos universitarios pedagógicos, politécnicos, tecnológicos y colegios universitarios, y los institutos deformación de oficiales de las Fuerzas Armadas. Incluye, además, los institutos especiales de formación docente, de bellas artes y de investigación, así como los institutos superiores de formación de ministros del culto. Es decir, se trata de darle sentido de cuerpo a una serie de instituciones cuyo propósito es la formación profesional y de posgrado, y cuyo origen se remonta a la fundación en 1721 de la Real y Pontificia Universidad de Caracas (Al respecto puede consultarse el estudio de Reinaldo Rojas "Historia de la Universidad en Venezuela". Revista Historia de la Educación Latinoamericana, Vol. 7, (2005): 73- 98.4 Para un estudio histórico-institucional de la Universidad Experimental en Venezuela se puede consultar: Reinaldo Rojas. Universidad Centro occidental Lisandro Alvarado. Una historia de 50 años. (Barquisimeto: UCLA, Ediciones del Rectorado 2012). 127)".

Más adelante agregan que "Sin embargo, en el contexto de la Constitución de 1961, el Congreso Nacional había aprobado una Ley de Universidades, publicada en la Gaceta Oficial Nº 1.429de la República de Venezuela el 8 de septiembre de 1970, en la cual se reconoce la Autonomía como principio rector de la institución universitaria. En ese sentido, la Ley Orgánica de Educación de 1980 tendrá que actuar sobre dos subsistemas de educación superior: el de las Universidades propiamente dichas, formado por universidades autónomas y universidades experimentales4, sin autonomía y adscritas al Ministerio de Educación; y el resto de instituciones de formación profesional regidas o supervisadas por el Ministerio de Educación".

Como sustrato acotan que "Este marco legal, las políticas públicas y las estrategias para el desarrollo de la Educación Superior van a cambiar significativamente con la aprobación en 1999 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, en 2009, con una nueva Ley Orgánica de Educación. Pero más allá de este nuevo contexto jurídico, entre 2000 y 2016 los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro implantaron una serie de reformas al interior del sistema educativo nacional y construyeron a través de la política de las Misiones Educativas una institucionalidad paralela, cuyos efectos en la formación profesional y en la producción de ciencia y tecnología constituyen el objeto central del presente estudio".

Señalan que "Para una mejor comprensión de este proceso político-social e institucional hemos dividido este análisis en dos partes; en la primera, tratamos de ubicar al lector en el tiempo histórico de la emergencia de la Educación de Masas que se inicia en Venezuela con el gobierno cívico-militar que surge con el Golpe de 1945, donde aparece reflejado en la Constitución de 1947 y en la Ley Orgánica de Educación Nacional de 1948 el principio del Estado Docente, al asumirse por primera vez en el país que la educación es una función esencial del Estado. En el periodo que va de 1948 a 1980 persiste el principio del Estado Docente pero el sistema educativo entra en crisis a partir de la década de los años 80, el impacto del paradigma neoliberal en la década de los 90 termina por generar un alto índice de deserción escolar que superaba el 50% de la población escolar hasta alcanzar un crecimiento negativo de la matrícula escolar, lo cual se pudo evidenciar hasta 1998".

Como parte de la coyuntura actual destacan que "Esta circunstancia fue generando un debate político, ideológico y doctrinario que trajo cambios en la sociedad venezolana con el emergente modelo implantado por Hugo Chávez. Este escenario es descrito brevemente en el presente artículo, ya que muchas de esas ideas y propuestas forman parte de la Agenda Política Educativa que alimentará el debate constituyente de 1999 y donde se afirma el principio del Estado Docente".

Cierran el artículo una vez fatigado gráficos y cuadros estadísticos de la siguiente manera "La universidad se nutre de la diferencia, y por eso fue un gran error buscar la unanimidad de opinión, ya que la unanimidad de opinión puede ser apropiada para una iglesia, para las víctimas atemorizadas de algún mito (antiguo como moderno), o para débiles y dispuestos seguidores de algún tirano; la variedad de opiniones es una característica del espíritu objetivo; y un método que estimula la diversidad y es el único compatible con una perspectiva humanista. Obviamente el balance que presentamos aquí es preliminar, siempre la historia inmediata tiene sus limitaciones. Pero pensamos que hemos podido dejar ideas para el debate, más que conclusiones".

Precisamente como "… la universidad se nutre de diferencias" en los últimos 15 o 20 años en el marco del llamado "Proceso bolivariano" no ha habido unanimidad en el campo de sus procesos electorales rectorales en Venezuela. Al contrario, ha constituido parte de lo que Santos (2004) denomina sus contradicciones, por ejemplo, la de ser una entidad pública al servicio del Estado nacional o ser una corporación de derecho privado y/o en función de intereses particulares o al servicio de ideologías disolventes, como agrega Santos (ob cit):

"En este campo emergió otra contradicción entre la rigidez de la formación universitaria y la volatilidad de las calificaciones exigidas por el mercado. Esta contradicción fue transformada mediante la creación de sistemas no universitarios por módulos; y por la presión para acortar los períodos de formación no universitaria y volver así la formación más flexible y transversal; y finalmente, mediante la educación permanente. A pesar de las soluciones ad hoc, estas contradicciones continuaron agudizándose enormemente en la década de los 90 con un impacto desconcertante en la educación superior; la universidad, creadora de condiciones para la competencia y para el éxito en el mercado, se transformó por sí misma gradualmente en un objeto de competencia, es decir, en un mercado" (p. 49).

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Referencias

 

  1. Santos de S, B. (2004). La universidad en el siglo XXI. Para una reforma democrática y emancipadora de la universidad". Centro Internacional Miranda. Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior. Caracas.

  2. Delgado L., C. (1996). El movimiento de la Nueva Trova Cubana y la trova Tradicional. Ediciones NAMAR. Caracas. Venezuela. P. 50.

  3. Mendible Z., A. (2004). Darcy Ribeiro y la renovación universitaria de la UCV. Ediciones del Vicerrectorado Académico de la Universidad Central de Venezuela. DICORI. UCV. Caracas.

  4. Así señala "Este año se discute en la Asamblea Nacional la Ley Orgánica de Educación, en la cual es necesario incluir la parte correspondiente a la educación superior, para que ese instrumento legal sea realmente una Ley Orgánica de toda la educación venezolana y no sólo de un segmento de ella, como había sido hasta ahora" (p. 22). En los "Aspecto electorales" acota que "Voy a tratar de resumir algunas modificaciones y adiciones con relación a la actual Ley de Universidades, que la práctica de años ha dejado claro que deben ser instrumentadas prontamente: la figura del Vicerrector Administrativo debe desaparecer y ser sustituido por un Director General de Administración, quien sería designado por el Rector, de quien dependería directamente (…); la elección de las autoridades universitarias, el tren ejecutivo de las instituciones, debe ser por planchas y no nominal, pues se requiere elegir un equipo coherente, unido, sólido, que dirija la institución con el menor número de contradicciones. Otra posibilidad es que se elija únicamente el Rector éste designe posteriormente su equipo de trabajo (…); El voto de los estudiantes debe ser directo como ya se ha hecho en la mayoría de las instituciones y sólo deben votar los estudiantes regulares, su peso debe seguir siendo el 25 por ciento de los votos del personal académico (…) (ob cit., p. 37). Fuenmayor Toro, L. (2001). Proposiciones para la nueva ley de universidades. Separata. Revista Debata Abierto n° 16. Julio 2001. Caracas. 41 Pp.

  5. Citado por Edward W. Said. (2005). "Historia, literatura y geografía". Reflexiones sobre el exilio. Ensayos literarios y culturales. Debate. Grupo Editorial Random House Mondatori, S. L. Barcelona. España. Caracas, Venezuela. p. 423.

  6. Rojas, R y Mora-García, J. P. (2019) "Políticas educativas en Venezuela (2000-2016). Disponible en línea www.redalyc.com



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Luis B. Saavedra M.

Docente, Trabajador popular.

 luissaavedra2004@yahoo.es

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