Se entiende que existe una estrecha afinidad entre los proyectos del Estado las políticas públicas y los intereses de las élites económicas, aunque en el plan nacional, estatal y municipal exista una correlación de fuerzas políticas en la definición de las políticas públicas, involucrando los movimientos sociales y demás organizaciones de la sociedad civil, la definición de las políticas públicas está condicionada a los intereses de las élites por fuerza de la determinación de las amarras económicas propias del modo de producción capitalista.
Los intereses de las élites globalizadas aparecen claramente determinados en las políticas de expansión de las relaciones capitalistas mundiales por instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI), Organización Mundial del Comercio (OMC), o por el propio poder de fuerza que tienen los grupos económicos mundiales de imponer las reglas que les interesan, pero sus intereses pueden ser cuestionados por agentes nacionales, estatales o municipales, constituyéndose, así, una correlación de fuerzas que influencian en el proceso de la elaboración y aplicabilidad de las políticas públicas.
En Venezuela existe una larga tradición de analizar las políticas públicas, especialmente las políticas sociales, partiendo de la base, de que su importancia radica en su relación natural con el desarrollo nacional, y la problemática social, puede indagarse desde la perspectiva de la interacción entre actores sociales y estatales en torno de una necesidad que logra convertirse en tema de interés público, lo cual, permitiría deducir que toda política social, es un proceso donde convergen, individuales perspectivas sobre la realidad que se pretende cambiar o modificar.
Las Políticas Públicas siempre se dirigen a una situación que requiere una intervención por parte del Estado, para lograr ciertas transferencias directas o indirectas a la sociedad. Pueden incluir orientaciones o contenidos, instrumentos o mecanismos, así como aspectos institucionales.
La dinámica social demanda que las políticas públicas que operen para reconstruir la conexión Estado-Sociedad a través de la generación de espacios, vínculos, sentido de pertenencia y bienestar para la población. Para esto, es propicio un ambiente tendente a la implementación de determinados mecanismos de participación directa de los actores afectados que refuercen, por un lado, la función receptiva de la sociedad y, por el otro, la capacidad utilitaria del Estado, para el acuerdo se requiere la confluencia de diversos elementos que conformarían un espacio válido para el debate; la democracia, una sociedad participativa, un Estado eficiente y canales de participación efectiva, para lograr una auténtica relación entre el Estado y la sociedad civil.
La participación ciudadana es el proceso de interacción entre los ciudadanos y el Estado que se da en el espacio público donde ambas partes manifiestan sus intereses con el objetivo de influir en los asuntos públicos, donde los ciudadanos buscan incidir en la toma de decisiones y los funcionarios públicos buscan identificar las preferencias de la ciudadanía, para así mejorar la calidad de vida en la sociedad.
La participación ciudadana en la gestión pública implica un proceso de construcción social de las políticas públicas. Es un deber, un derecho, una responsabilidad y un complemento de los mecanismos tradicionales de representación política en el que la ciudadanía deba y pueda participar en todas las etapas del ciclo de gestión de políticas públicas Diseño y Formulación, Planificación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación.
Legitima los procesos políticos y consecuentemente la democracia, dándole acceso al ciudadano y generándole confianza, convirtiéndose esta democracia participativa y protagónica como lo consagran los postulados relativos a la participación ciudadana, el cual destaca el artículo 62, que indica: Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica. Constitución de la Republica de Bolivariana de Venezuela, que no solo recoge la opinión de los ciudadanos, sino que crea cultura política.
Los ciudadanos deben involucrarse en el control de la gestión, ya que perciben directamente el impacto de las políticas públicas; por lo que deben ser garantes del uso dado a los recursos, velando por que se realicen correctamente las inversiones sociales en beneficio de la colectividad, mediante experiencias participativas de agregación social que favorezcan la eficiencia y añadan valor a la gestión pública; maximizando la calidad de los bienes y servicios producidos al reconocerse a los ciudadanos como beneficiarios de la producción pública con el fin de aumentar la capacidad de respuesta del gobierno frente a los problemas sociales.
Referirse a la participación ciudadana mediante el ejercicio de la contraloría social es aludir necesariamente a la buena gobernanza de los pueblos, en virtud de que esta relación genera un acto de interacción entre gobernantes y conciudadanos, donde ambos participan en la toma de decisiones para generar cambios y oportunidades para la solución de problemas, pues la gobernanza implica que las personas puedan participar en las decisiones que les asegure un "buen vivir", un "vivir viviendo".
El ejercicio del control social es un derecho y un deber soberano, con rango constitucional y legal para prevenir y combatir prácticas irregulares como el burocratismo y la desviación de fondos públicos. En este sentido, la presencia de las ciudadanas y ciudadanos en la ejecución de planes, proyectos y programas ejecutados por la Administración Pública busca la participación amplia y responsable del pueblo organizado para identificar y resolver los problemas propios de la comunidad o comuna a la cual pertenece.
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