Las acciones descoordinadas y las omisiones en las que incurre la Corporación Venezolana del Café (CVC) no se comprenden. Desde su creación como órgano rector hace casi veinte años, difícilmente, pueda atribuírsele algún éxito en lo que respecta a la caficultura en el País.
Las estadísticas son el más insidioso de los eventos acusadores y el mismísimo Ministro de Agricultura con cinco años en el cargo debe haberlo considerado. La Organización Internacional del Café en sus estadísticas registra que Venezuela está produciendo un aproximado de 700.000 quintales (qq). El Sr. Ministro declara que se están produciendo más de 3.000.000 de qq. Alguien miente.
Las regiones cafeteras en el territorio nacional muestran unas decadentes y agotadas plantaciones que contrastan con una minúscula proporción de haciendas en regulares o buenas condiciones. Estas últimas, posiblemente, pertenezcan a productores dedicados a otras actividades comerciales desde las cuales financian a la secundaria actividad cafetalera; un segmento de caficultores que solo agrupa a un 20% de la totalidad de ellos. En tales circunstancias pueden reservar sus cosechas mientras aguardan tiempos para un mejor precio.
Esta realidad no es la misma para un 80% de los pequeños caficultores que, precisamente, son los que evidencian sus deterioradas plantaciones, con el agravante social de ser quienes en mayor medida padecen las necesidades de alimentos, medicinas, mejoras a su vivienda o el de atención a sus pequeños lotes de café. Algo más grave, al ser prácticamente nula la actividad cafetalera deben acudir a la siembra de conucos de maíz y caraotas mediante la tala y quema para proveerse de algunos ingresos. Desde la CVC se argumenta la ineficiencia del caficultor sin valorar su cuestionable gerencia.
Los más diversos comentarios negativos salpican a la Corporación. Desde allí parece manejarse varios discursos: Uno para cuando se está en presencia de los productores, otro para cuando se está en presencia de comerciantes, otro para cuando se está en presencia de los industriales y otro frente a pequeños tostadores. Cada uno por su lado evidencia un temor de posible retaliación manifestado en un absoluto silencio o ninguna discrepancia que ponga en riesgo la posibilidad de recibir algún fertilizante, certificación de finca (productor). La negativa de una guía de movilización (comerciante). La participación en un presunto negocio de contrabando de extracción (industrial). La negativa de algún permiso o certificación (pequeño tostador).
En el año 2010 inicia la compra de café a Nicaragua, Brasil y El salvador a precios superiores a los cancelados a los productores venezolanos; en el 2015 aupó la conformación de Asociaciones de Productores para que comercializaran el café; más tarde se comprendió que su interés estaba en percibir el 20% del producto a cambio de emitir la respectiva guía de movilización argumentando que el producto recibido iba orientado a la distribución de los CLAP, algo que nunca sucedió. En 2019 favoreció la emisión de permisos para la pequeña industria artesanal del café a cambio de un 15% de producto mercadeado. Para el 2020, en el marco de la Ley antibloqueo, articuló su industria torrefactora (Fama, Madrid, Venezuela, otras) con socios privados e inicia la importación de café verde brasileño de dudosa calidad para procesarlo y venderlo a los consumidores venezolanos, en una agresiva competencia desleal que amenaza con quebrar a los pequeños tostadores y con el agravante de bajar "artificialmente" los precios para el productor (de 145 $/qq en agosto 2020 a 70 $/qq en marzo 2021).
Hay quienes sospechan que en asociación con terceros exportan hacia Rusia, vía Cuba, el café con ganancias de un cien por cien, en un contexto de precios internacionales de 180 $/qq. Para más asombro: Diversas marcas importadas, de café procesado, saturan el mercado criollo: café La Llave, café Maratha, entre otros. Hasta café estadounidense está entrando al país… La Corporación Venezolana del Café solo pareciera servir a una camarilla y no al caficultor…