21-01-126.-Organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales exigieron al Estado la derogación inmediata del Decreto de Estado de Conmoción Exterior, al considerar que su vigencia carece de justificación jurídica y ha servido como instrumento para restringir derechos fundamentales y criminalizar la disidencia.
En un decálogo de exigencias prioritarias, firmado por diversas ONG de derechos humanos, y en un pronunciamiento de Laboratorio de Paz, las organizaciones advierten que el decreto, adoptado el pasado 3 de enero, luego de la captura de Nicolás Maduro y de Cilia Flores no cumple con los estándares del derecho internacional, que solo permiten los estados de excepción en situaciones estrictamente excepcionales, como guerras o amenazas reales a la vida de la nación.
Las ONG señalan que el propio Estado venezolano ha reconocido la existencia de canales de cooperación y negociación con el país que identifica como agresor externo (Estados Unidos) lo que —afirman— desvirtúa la base fáctica para sostener un régimen de excepción por «conmoción exterior».
De acuerdo con el documento de Laboratorio de Paz, la prolongación del decreto abre un grave riesgo de utilización del régimen excepcional como mecanismo de control político interno, al amparar prácticas prohibidas por el derecho internacional, como detenciones arbitrarias, restricciones a la libertad personal, de expresión y de reunión, así como violaciones al debido proceso.
La organización denunció que, bajo la cobertura del decreto, se han producido privaciones arbitrarias de libertad, amparadas en disposiciones que ordenan la búsqueda y captura inmediata de personas en todo el territorio nacional, sin que estas medidas resulten necesarias ni proporcionales.
Otras exigencias de las ONG
Además de la derogación del Estado de Conmoción Exterior, las organizaciones firmantes del decálogo y del pronunciamiento de Laboratorio de Paz formularon otras demandas al Estado venezolano, entre ellas:
- Liberación total de los presos políticos y cese de las detenciones arbitrarias.
- Restablecimiento pleno de las garantías constitucionales y de los derechos fundamentales.
- Fin de la criminalización de la protesta y la disidencia política.
- Respeto al debido proceso y a la libertad personal.
- Permitir la supervisión internacional independiente sobre la situación de derechos humanos y facilitar la visita de organismos internacionales.
Las ONG reiteraron que la seguridad nacional y la soberanía no pueden invocarse para justificar la suspensión indefinida de derechos, y subrayaron que la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos son indivisibles e irrenunciables, incluso en contextos de crisis.
Finalmente, exhortaron a la comunidad internacional a mantener la presión sobre las autoridades venezolanas para garantizar el respeto a los derechos humanos y avanzar hacia una salida democrática y pacífica.
El decálogo de exigencias fue suscrito por un conjunto de organizaciones de derechos humanos, entre ellas Acceso a la Justicia, Provea, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), WOLA, Justicia, Encuentro y Perdón, Foro Penal, Observatorio Venezolano de Prisiones y otras ONG que documentan violaciones a derechos fundamentales y acompañan a víctimas en el país.