20 de enero de 2026.- Los trabajadores de Petroperú, de conjunto con las centrales sindicales de la Confederación General de Trabajadores de ese país (CGTP) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), se movilizan nuevamente este martes en rechazo al proceso de privatización de dicha empresa que impulsa el Gobierno del presidente encargado José Jerí.
A través de una huelga de 72 horas, los trabajadores exigen la derogatoria del decreto de urgencia 1025, promulgado por el Ejecutivo el 31 de diciembre y demandan la aprobación de más de una docena de proyectos de ley que denuncian la inconstitucionalidad de dicho decreto. Se prevé que este martes la protesta inicie en la Plaza Dos de Mayo, en el centro histórico de Lima.
La movilización antiprivatización comenzó este lunes, jornada en que fue reprimida por la Policía mientras los manifestantes marchaban pacíficamente por una céntrica avenida limeña, informaron medios alternativos peruanos.
Los gremios rechazan lo que consideran una «privatización encubierta» de la empresa por el Gobierno de Jerí y piden la remoción de la ministra de Economía, Denisse Miralles, a la que responsabilizan por la crisis interna que afronta la petrolera.
El expresidente de Petroperú, Alejandro Narváez, ha señalado que mediante el decreto 1025 el Gobierno busca crear unidades de negocio para fragmentar y desmembrar a esta petrolera y facilitar su venta total o parcial en perjuicio del Estado. Por su parte Miralles, así como el premier Ernesto Álvarez, han negado esta maniobra.
De acuerdo con el secretario de prensa del Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú (Stapp), Pablo Tello, la movilización procura alertar sobre las consecuencias del ingreso de capitales privados a la empresa, no solo para los puestos de trabajo sino también en los precios de los combustibles.
Los trabajadores denunciaron que este desmembramiento provocará despidos. Asimismo, afirmaron que Jerí pondrá en venta a la refinería de Talara, considerada una de las más modernas de Latinoamérica y cuya inversión ha sido valorizada en más de 5.000 millones de dólares.
«Acá no solo están en juego los puestos laborales; está en juego Petroperú y también la economía de Perú a corto, mediano y largo plazo«, alertó Tello.
En opinión de los huelguistas, si se concreta la venta de Talara los lugares más alejados de la Amazonía ya no podrán contar con petróleo a precios módicos. Aseguran que también se desregularán los precios en el mercado de los hidrocarburos, entre otras graves consecuencias para la soberanía energética nacional que se desprenderían de la entrega de recursos energéticos a capitales extranjeros y privados.
