09-23.-Los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) rechazaron la petición del gobierno de Venezuela de responder al reciente informe de las víctimas de crímenes de lesa humanidad, que implicaba acceder a información confidencial de los denunciantes.
Los jueces de la CPI argumentaron que los alegatos del Estado venezolano no son lo suficientemente precisos como para permitirles determinar la procedencia de conceder una autorización para responder.
El gobierno de Venezuela había alegado que el informe de la Sección de Participación y Reparación de las Víctimas de la CPI (VPRS) planteaba nuevas cuestiones que no pudieron haber anticipado razonablemente, señaló la ONG Provea en un comunicado publicado en Twitter.
También, señaló que el informe presentaba hechos sobre supuestas víctimas que pudieron haber sido objeto de investigaciones internas o incluso los perpetradores pudieron haber recibido sanciones internas.
La petición de Maduro argumentaba que podía ser que los hechos no hubiesen sido reportados ante el sistema judicial interno de Venezuela, lo que haría necesario que el régimen "responda en detalle cada uno de esos alegatos".
De igual manera, los jueces argumentaron que la respuesta de un Estado al informe de las víctimas no está prevista por el marco jurídico de la CPI en esta etapa. Es decir, las normas de la CPI no prevén que el Estado pueda hacer alegaciones exhaustivas, como pedía el régimen de "responder en detalle a cada una de estas alegaciones" de las víctimas.
Los Jueces subrayaron que las víctimas participan como “potenciales víctimas”, lo cual significa que no han sido reconocidas como víctimas y, por tanto, no son parte del proceso en este momento. Por esta razón, el informe de las víctimas no es una "respuesta" que pueda ser controvertida por el Estado.
"Por las razones que se exponen, la Sala no concederá a Venezuela dicha autorización en el presente caso. La Sala ya ha recibido todas las informaciones relevantes que había establecido y previsto en su Orden sobre la Conducción del Procedimiento, incluido el Informe VPRS (Sección de Víctimas)", concluyó la CPI.
Añadió que "las alegaciones de Venezuela son de naturaleza amplia y no identifican de manera persuasiva ningún aspecto específico del Informe de la VPRS que requiera una respuesta por parte de Venezuela".
Además, dijo que "el Informe de la VPRS transmite las opiniones y preocupaciones de las víctimas potenciales. En esta fase, ninguna víctima ha sido admitida a participar en el procedimiento, por lo que el nivel de respuesta previsto por Venezuela no se justifica en la fase actual".
"En estas circunstancias, la Sala no considera necesario recibir ninguna información adicional de Venezuela ni de ningún otro participante en este procedimiento", consideró.
Por último, sentenció que "habiendo recibido todos los escritos pertinentes, la Sala procederá a analizar la solicitud de reanudación de la investigación y a tomar una decisión al respecto”.
