La reciente promulgación de la Ley de Amnistía ha desnudado, una vez más, la profunda brecha entre quienes apuestan por la autodeterminación y aquellos que han convertido el conflicto en una mercancía financiada desde el exterior.
Mientras el Estado venezolano, bajo la facultad soberana de sus instituciones, busca mecanismos de pacificación, surge un fenómeno digno de análisis jurídico y sociológico: la resistencia al perdón por parte de los mismos sectores que dicen defender la libertad.
Los detractores de la medida argumentan con ligereza que "no es un asunto de perdón, sino jurídico". Esta es una falacia técnica. En el Derecho Internacional, la amnistía es, por definición, una herramienta política con efectos jurídicos que busca el bien superior de la paz social.
Quienes intentan judicializar el proceso de reconciliación lo hacen para mantener vivo el estatus de "perseguidos", una etiqueta necesaria para sostener las estructuras de financiamiento en el extranjero. El odio político necesita la perpetuidad del conflicto; sin el conflicto, el militante del odio pierde su razón de ser y, sobre todo, su presupuesto.
La Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha sido enfática al señalar la dicotomía actual: mientras la oposición interna (la que vive la realidad del país) empieza a ver en esta ley una ruta de normalización, los operadores políticos que pernoctan en hoteles de lujo en Washington, Madrid o Miami, la rechazan de plano.
Esta desconfianza no es orgánica; es inducida. Para los grupos que operan bajo el paraguas de la geopolítica anti-soberana, la paz en Venezuela es un mal negocio. La Ley de Amnistía les quita el argumento de la "dictadura" y los obliga a enfrentar el escenario electoral y democrático, un terreno donde el odio no suele cosechar mayorías.
La advertencia de la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez sobre planes desestabilizadores organizados desde el exterior no debe tomarse a la ligera. Desde la perspectiva del Derecho Internacional Público, cualquier intento de actores externos por interrumpir un proceso de reconciliación nacional constituye una injerencia directa en los asuntos internos de la República.
"Las autoridades impedirán que intereses de grupos se impongan sobre la voluntad de paz de la población". Esta sentencia resume el espíritu de la defensa de la soberanía. La Ley de Amnistía no es una señal de debilidad, sino un ejercicio de poder soberano.
Es el Estado decidiendo el cierre de un ciclo de violencia para abrir uno de estabilidad, a pesar de los laboratorios de guerra psicológica que operan desde el Norte Global. El militante del odio político odia la amnistía porque esta ley es el antídoto contra su veneno.
La reconciliación nacional es el fracaso definitivo de la política de asfixia imperial. Venezuela avanza hacia una paz con justicia, donde el derecho no sea una maza para golpear al pueblo, sino un escudo para proteger la tranquilidad de todas y todos.
