La amnistía que premia el ruido y castiga el silencio
Es evidente que lo aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional no sufrirá grandes modificaciones para la segunda vuelta. El texto parece estar escrito sobre piedra. Sin embargo, al analizar el Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, surge una verdad incómoda: es una ley diseñada por y para los extremos.
Un premio a la violencia
La ley otorga una amnistía general a favor de quienes hayan cometido delitos políticos en contextos de alta conflictividad, desde el golpe de 2002 hasta los sucesos de julio de 2024. En la práctica, esto se traduce en un "¡Bravo!" para los actores violentos que, tras llevar al país al límite, ahora reciben un borrón y cuenta nueva. Es la amnistía para el choque, el sabotaje y el extremismo.
El olvido de los pacifistas
Pero, ¿dónde queda el ciudadano que no quemó una calle?
El mayor pecado de este proyecto es que no beneficia a las víctimas de la persecución silenciosa: el ostracismo. Me refiero a la disidencia no extremista, aquella que ha sido neutralizada políticamente por el Estado mediante inhabilitaciones administrativas injustas, el secuestro de siglas partidistas y bloqueos migratorios. Es lo que denomino “Muerte Cívica” en un libro que estoy culminando sobre el Ostracismo de Izquierda en Venezuela.
Para estos venezolanos, el Estado ha actuado como un violador de derechos humanos con fines de aniquilación política, pero al no haber "delito" que perdonar, la ley no les ofrece una solución clara. Si tu persecución no fue violenta, pareces no tener dolientes en este texto legal.
La trampa de la ambigüedad
El proyecto excluye los "delitos contra el patrimonio público". Esta es la gran ambigüedad: dado que muchas inhabilitaciones de la Contraloría (CGR) se disfrazan de "corrupción" para neutralizar a opositores, el Artículo 7 podría ser la excusa perfecta para mantener a los pacifistas fuera del juego, mientras se amnistía a quienes participaron en asaltos, incendios y generadores de muertes y heridos.
Hacia una verdadera justicia: Mi propuesta
Como bien han señalado otras voces críticas, una amnistía real no puede ser un traje a la medida para un "grupito de amigos" o para figuras con nombres y apellidos. Debe incluir el cese de las "vías de hecho" de organismos como el SAIME, el SAREN y la Contraloría General de la República, que ejecutan estrategias de neutralización política mediante inhabilitaciones express.
Incluso, desde el Tribunal Supremo de Justicia se han atrevido a sentenciar y prohibir a abogados ejercer su profesión y privarlos del sustento económico porque solicitaron transparencia electoral, como es el caso de la Dra. María Alejandra Díaz, hoy en el exilio por persecución política.
Propongo formalmente que se incluya en la segunda discusión un Parágrafo Único que ordene el restablecimiento inmediato de los derechos civiles y profesionales de quienes han sido objeto de estas medidas administrativas sin juicio previo. La amnistía debe devolver pasaportes, desbloquear registros y habilitar políticamente a la disidencia moderada. Si la "piedad judicial" es real, debe empezar por devolverles la vida civil a los pacíficos, no solo la libertad a los procesados.
Si no se incluyen estos derechos, esta ley no será para la "convivencia", sino un pacto de élites que deja a la sensatez en el exilio o en la sombra.
Decía Séneca que “perdonar a los malos es herir a los buenos”. La Ley de los Rodríguez Gómez parece haber olvidado esta máxima, prefiriendo el aplauso al violento y condenando al olvido —y al ostracismo— a quienes siempre apostaron por la paz.
Un mensaje que dejo para la reflexión:
Legislar para el “bravo” al violento y el desprecio al pacífico es la firma de una ley de élites. Una amnistía que no rescata del ostracismo a los que se mantuvieron dentro de la ley, termina siendo, irónicamente, el castigo final para los que siempre creyeron en la paz.
