La doble moral de la Iglesia venezolana en la política

El Sacudón del de 4 de febrero de 1992 visualizó el colapso del Estado venezolano

Compilador Germán Saltrón Negretti

Transcribo algunas de las conclusiones del Encuentro de la Sociedad Civil organizado por la Universidad Católica Andrés Bello, bajo el patrocinio de la Conferencia Episcopal Venezolana, representada por Monseñor Mario Moronta Obispo Auxiliar de Caracas y Secretario General de la Conferencia Episcopal, para comparar la doble moral de la Iglesia venezolana en la política durante los gobiernos de la IV República y actualmente en contra de la Revolución Bolivariana.

"Después del 4 de febrero de 1992, a nivel nacional y regional, los Obispos de Venezuela nos fuimos reuniendo con los sectores más variados del país. Fueron encuentros para dialogar y compartir. Algunos de ellos sirvieron para drenar tensiones y la totalidad nos sirvió para comprobar tres cosas: a) La gente quería y quiere mayores espacios para participar, hablar, oír y comprometerse; b) La gente quiere cambios pero sin violencia de ninguna clase; c) La gente quiere ejercer su protagonismo, aprender a hacerlo y orientarlo de manera positiva.

Muchos de sus planteamientos, de sus justos reclamos y angustias las hicimos llegar a las autoridades. Esa experiencia que nos enriqueció y nos ayudó a aprender mucho en función de nuestro servicio al pueblo, nos llevó a ofrecer lo que poseemos:(¿Dónde está tu hermano? Caracas 11.VII.1992). Desde esta perspectiva y en el marco del llamado a la reconciliación y solidaridad que hiciéramos en enero pasado, surgió la posibilidad de este encuentro de la Sociedad Civil como un aporte para la recuperación del país.

(...) Tenemos en nuestras manos un tremendo desafío. Mientras hay quienes ven con indeferencia la suerte del país, o quienes se ahogan en manifestaciones coyunturales de la crisis, la mayoría del pueblo venezolano está demostrando que sí quiere cambios de verdad pero sin apelar al recurso de la violencia.

El encuentro arrojó las primeras conclusiones y la onda contagiante de esperanza que, sin duda, provocará, es respuesta a lo que en julio de 1992 los Obispos de Venezuela afirmábamos: "Hay cauces para la esperanza; no los cerremos". (...) En rueda de prensa Monseñor Moronta explicó la intención y espíritu del encuentro. Recogemos aquí el texto de la convocatoria. 1. "El Episcopado venezolano en los últimos años ha abordado sistemáticamente aspectos de la situación nacional que venían deteriorándose gravemente. Los trágicos acontecimientos del 27 de febrero de 1989, del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992, en buena parte reflejan el agotamiento de la manera actual de hacer política, economía y de todo aquello que tiene que ver con una convivencia digna y justa para los venezolanos. Es necesario un RENACER MORAL, dotado del instrumento de la alta capacidad profesional y técnica y de nuevas actitudes ciudadanas.

Así este renacer moral y espiritual será capaz de asumir y de transformar las diversas áreas de la vida nacional. Nuestra última exhortación del 12 de enero de este año lleva el nombre de RECONCILIACION Y SOLIDARIDAD, pues consideramos que esas dos actitudes espirituales expresan el espíritu necesario para construir una nueva Venezuela.2.- Los obispos venezolanos somos cuidadosos en no asumir posiciones partidistas, ni arrogarnos competencias técnicas que están fuera de nuestra específica misión. Por eso siempre exhortamos a todos los venezolanos que aporten sus específicas competencias y preparación técnica para producir soluciones"

(...) Introducción de Luís Ugalde, S.J. "A continuación presentamos los consensos y disensos que un cualificado equipo con un exigente trabajo intelectual ha encontrado en las ponencias, comentarios, trabajos libres e intervenciones en las mesas, presentados en este Encuentro Nacional de la Sociedad Civil. El esfuerzo final de la síntesis que vamos a presentar es obra y responsabilidad de los Coordinadores de cada área. Es un valiosísimo material al servicio de quienes lo quieran utilizar, pero no se trata de un documento oficial de la Conferencia Episcopal, ni de la Universidad Católica Andrés Bello, aunque se agradece este esfuerzo extraordinario a los Coordinadores.

(...) La sociedad civil venezolana sabe lo que no quiere. No hay que explicar más, pues lo sufre cada día. La Sociedad Civil sabe lo que necesita, pues del padecimiento cotidiano en esta sociedad de miseria en la opulencia, surge con claridad el necesario y deseado horizonte de bienestar compartido. La Sociedad Civil para salir de la maldición no deseada y llegar con éxito a la tierra deseada, donde el trabajo produzca dignidad y vida necesita un PROYECTO, un nuevo proyecto histórico que sustituya a los ya muertos y caducos. Un proyecto en torno al cual se pueda identificar las esperanzas, unir las voluntades y orientar los esfuerzos creativos bajo nuevos liderazgos. El PROYECTO debe ser claro en sus objetivos morales y en los procedimientos para hacerlos viables.

Con un marco común a los consensos y disensos que en las áreas trabajadas van a presentar a continuación los Coordinadores, quiero expresar algunas ideas y principios que me atrevo a calificar como unánimemente sentidos por la variada multitud que integra la sociedad civil y que estaban presentes en este Encuentro, desde la convocatoria misma.

1.- RENACIMIENTO MORAL DEL QUE HACER PÙBLICO.

El país exige un nuevo sentido de lo público que permita recuperar esta dimensión de la vida venezolana, de ese inmenso saqueo al que ha sido sometido por lo menos, en los últimos veinte años. Los venezolanos no queremos la liquidación de lo público, ni su entrega en subasta al mejor postor. Queremos, sí, que se devuelva a lo público su carácter de expresión de voluntad común de construir una sociedad digna y justa para todos.

2.- SERVICIO EFICIENTE EN LA GESTIÒN PÙBLICA

El venezolano no tolera más que "servicios públicos" sea sinónimo de mala calidad, empleo clientelar e ineficacia que aumenta los costos mientras se deteriora el servicio. Exige que los cargos sean ocupados en razón de la capacidad de las personas y no por el carnet del partido.

3.- NUEVA RESPONSABILIDAD CIUDADANA FRENTE A LO PÙBLICO.

Los venezolanos, hoy sabemos mejor que ayer que el ámbito público y el Estado son instrumentos de la sociedad para producir el bienestar común. Por eso aceptamos la tarea de asumir lo público con nueva responsabilidad, contribuir a su buen funcionamiento con nueva conciencia y nuevos aportes que serán más exigentes que en el pasado. Todo esto exige una vigilancia más eficaz frente al desempeño de funcionarios públicos y gobernantes y la destitución y castigo eficaz de los corruptos y de los ineficientes.

4.- LA SOCIEDAD CIVIL entiende en la actual coyuntura venezolana la urgente necesidad de restablecer los equilibrios macroeconómicos, controlando factores como la inflación empobrecedora, el déficit fiscal, el déficit en la balanza de pagos o la insostenible inflación de la actividad financiera que ahoga irremediablemente la economía real productora de los bienes y servicios que el país mas necesita.

Al mismo tiempo reclama total claridad en la relación entre las medidas económicas y su carácter instrumental para producir una verdadera recuperación de los ingresos reales de la población. La relación entre desarrollo económico y social no puede ser dejada a la suerte. El carácter instrumental de la economía y del capital debe ser tan claro y transparente como el carácter instrumental del Estado y de los partidos políticos.

5.- Finalmente, la SOCIEDAD CIVIL sabe que nada de esto es posible sin una verdadera revolución educativa que lleve a esta sociedad anestesiada por la renta petrolera, cómplice de corrupciones y despilfarros a otra más organizada, con mayor capacidad productiva, con mayor espíritu de contribución y de vigilancia pública.

(...) EN EL AREA SOCIAL. Coordinador Luís Pedro España N. "Todas ellas partieron del diagnostico evidente según el cual la calidad de vida del venezolano ha descendido tendencialmente en los últimos 12 años a niveles alarmantes, los cuales se expresan en un aumento de la pobreza en el país en poco menos del doble entre 1978 y 1989. Situación ésta que requiere de un replanteamiento de lo que ha sido la política social, la disminución del ingreso y los roles públicos y privados en la prestación de servicios sociales y públicos.

(...) Resulta un consenso total la percepción de las deficiencias y omisiones del Estado en el desempeño de los roles sociales que tradicionalmente ha venido prestando desde la fundación del sistema democrático. Se advierte un Estado derrochador de los recursos destinados a la atención de los asuntos sociales. El Estado cada vez brinda menos servicios y los que otorga son de muy baja calidad.

(...) Cualquiera sea la perspectiva desde la cual se advierten las deficiencias del Estado, se coincide en la necesidad de reformar al Estado. La descentralización, como tipo de organización que permite acercar las necesidades y los problemas a quienes son responsables de darle respuesta, se presenta como una de las soluciones de consenso impulsado la transformación del Estado centralizador prevaleciente en Venezuela. La descentralización, entonces, se presenta como una de las formas de incrementar el nivel de la eficiencia del Estado, independientemente de la posición doctrinaria de la cual se parta.

(...) Privatización: otra forma de incrementar la eficiencia del Estado lo constituye el proceso de privatización en tanto éste pudiera representar una focalización de las acciones del Estado en las áreas sociales en lugar de las productivas. Así pues, resulta crucial deslastrar al Estado de "funciones sociales y redistributivas" que se ejecutan desde funciones que debieran ser exclusivamente productivas, ya que los patrones de gasto público existentes, y que pretenden justificarse por sus pretendidos beneficios distributivos, tienen fuertes componentes de regresividad en su impacto.

Todo el segmento de "empresas del Estado" debería privatizarse, eliminándose así el "pernicioso principio redistributivo" que tiene lugar en ellas a favor de sus empleados, obreros y burocracias, el cual se "paga" a costa del resto de la sociedad en forma de las pérdidas de dichas empresas que año a año debe cubrir el gobierno central.

El neoliberalismo puro.

(...) Consensos generales. La atención de los problemas sociales por parte de la sociedad civil es reconocida como un ámbito para la participación comunitaria y la autogestión. A pesar de los matices diversos en cuanto al sentido último de la participación, existe consenso en relación al estímulo a la participación democrática que se desprende de los intentos de las comunidades en resolver sus problemas locales. En este sentido, es percibida favorablemente la transferencia de recursos desde el Estado hacia organizaciones locales, regionales y nacionales que ejecutan programas de servicio social en áreas de promoción, educación-formación, recreación, salud, etc. Aprobado por la revolución bolivariana.

(...) Una Propuesta de Cambio para el Sistema Educativo Formal. De la larga lista que podría confeccionarse sobre los problemas que tiene el sistema educativo venezolano, todos ellos podrían sintetizarse en los siguientes cinco puntos:

1.- Severos problemas de cobertura e incapacidad de retención de la población escolar.2-Disminución de la calidad en la formación impartida.3.- Infuncionalidad administrativa.4.-Quiebra financiera del gasto público educativo.5.- Conflictividad laboral y estudiantil.6.-Ausencia de responsabilidad pública. Aprobado por la revolución bolivariana.

EN EL ÀREA POLÌTICA. Coordinador ARMANDO GABALDÒN.

LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA A LA DEMOCRACIA DE PARTICIPACIÒN. Existe amplio consenso en el agotamiento del modelo de democracia puramente representativa consagrada en la Constitución de 1961, y en el cual la participación del ciudadano se reduce casi exclusivamente al acto quinquenal del sufragio, a la escogencia de representantes y autoridades nacionales, regionales y locales, las cuales una vez electas monopolizan la facultad de escoger las orientaciones políticas a seguir en el manejo del Estado. En ejecución por la revolución bolivariana.

Situación que genera no sólo una ruptura del concepto democrático de representación, sino también una evidente falta de control de los gobernados sobre los gobernantes, lo cual es causa de ineficiencia en la gestión de los asuntos públicos, así como de la corrupción.

Se observa que a lo largo de estos treinta y cinco años de vida democrática, el sistema electoral y de partidos, al no haber sido objeto por parte de la dirigencia política de las necesarias reformas que impone el desarrollo político de la sociedad venezolana, se ha convertido paulatinamente en un sistema cerrado, oligárquico y por lo tanto poco participativo, donde en definitiva se ha roto la correa de transmisión entre el pueblo y el poder que eran los partidos. Estos, al cerrarse como instrumentos de participación política, aparecen como centros únicos de poder, desplazando y excluyendo a la propia sociedad civil. Sus dirigentes se han vertidos en directivos de la burocracia partidista, la cual cerrándose a los principios más elementales de democracia interna no aparecen representar ya ni los intereses de las propias bases partidistas. Así, la democracia ha terminado por convertirse en una especie de partidocracia; los partidos de instrumentos esenciales para la democracia, han terminado convirtiéndose en un fin en sí mismo.

Se propone que el pueblo como titular de la soberanía, pueda ejercerla no sólo indirectamente, a través de sus representantes electos; sino también directamente, a través de los diversos mecanismos de la democracia participativa, sin pretender sustituir a los gobernantes y representantes en general, por un impensable e impracticable gobierno asambleísta o del pueblo en sesión permanente. En ejecución por la revolución bolivariana.

(...) JUSTICIA Y SEGURIDAD PÙBLICA. Coordinador ARTURO SOSA A. "Una lección indudable de este Encuentro es lo extendido de la sensación de que el actual modelo sociopolítico venezolano no sólo ha perdido legitimidad, sino que se nos ha quedado chiquito.

(...) Nos encontramos, sin embargo, ante una paradoja: mientras la legitimidad del modelo de partidos se desmorona muy rápidamente junto con las bases de la economía rentista, la ruptura con la cultura política heredada y el fortalecimiento de las organizaciones sociales como "sociedad civil", es decir, con capacidad de responsabilizarse de lo público, de superar la gestión de los intereses particulares de los miembros o sectores sociales que agrupan, es lento y disparejo.

(...) Más aún, la sociedad civil parece vivir todavía su propia "ilusión de armonía". La impresión que se saca de escuchar las muchas y variadas intervenciones que se dieron en el marco del Encuentro... es que sólo se percibe como "conflictiva", la relación entre "sociedad civil" y Estado o entre "sociedad civil" y partidos políticos cogollizados.

No existe suficiente conciencia de que la responsabilidad política de la sociedad civil no significa la posibilidad de que todos los grupos y sectores que la forman colmen todos sus deseos. Sigue muy difundida la idea de que el problema consiste en que el Estado despilfarra los recursos y los políticos roban, de manera que si los puestos del Estado son ocupados por buenos administradores y la política la hace gente honesta, sobrarían recursos para satisfacer todas las demandas de la sociedad civil.

En la realidad, no es así. Aún suponiendo que se cumpla el deseo de un Estado excelentemente administrado y de que la honestidad sea la principal característica de los servidores públicos, los recursos sociales son limitados, no alcanzan para todo. (...) En la actual sociedad venezolana existe una creciente sensación de inseguridad e indefensión, lo cual hace que los temas relativos a la seguridad personal y pública, la administración de justicia, los cuerpos de policía, el sistema penitenciario y todo lo relativo a la puesta en vigencia de un efectivo Estado de Derecho generen gran interés. Estas recomendaciones están en plena ejecución por la revolución bolivariana pero reconocemos que todavía existen algunas deficiencias.

EL MALANDRO: NI HEROE NI VILLANO

Para todos los sectores sociales que no viven en barrios y para los organismos policiales del Estado el "malandro" es la encarnación viva de la violencia y la amenaza a la seguridad pública. Para algunos los barrios no son otra cosa que "guaridas de malandros" de los cuales hay que mantenerse alejados y, en lo posible, impedir que circulen por sus zonas de residencia o trabajo.

El "malandro" es un muchacho muy joven, evidentemente mestizo, viste deportivamente, habla un dialecto cambiante, va muy bien armado y dispuesto a lo que venga: "como vaya viniendo vamos viendo". Mientras más jóvenes son más propensos a asociarse en "bandas" con otros adolescentes para protegerse y conseguir lo que quieren.

En el barrio, el "malandro" es el hijo de la señora Juana o Ramona, compañero de juegos de los demás muchachos, a veces atraca pero también ayuda. Es el que trae dinero para la casa en la que los adultos están desempleados a lo que ganan no alcanza para nada. Las muchachas más bonitas o más ambiciosas del barrio se enorgullecen de ser sus novias.

Los demás muchachos, especialmente los menores, los admiran tanto como a los personajes de la televisión. Es percibido como el "hombre exitoso". Gracias a su audacia, las armas y las drogas pueden ofrecer a sus novias, sus familias y a sí mismos lo que la sociedad, a cuyo "margen" viven, consideran signos de éxito, imposibles de obtener para ellos de ninguna otra manera.

Una expresión típica son los grandes y medianos traficantes de drogas convirtiéndose en portadores de generosas posibilidades de "ascenso social" para los jóvenes, especialmente de los barrios, quienes no tienen otro camino de alcanzar las aspiraciones que su socialización les ha inculcado.

En este círculo tienen un papel destacado los cuerpos policiales. Participan igualmente en los negocios de la drogas, usan sus armas como instrumento para beneficio personal, asumen conductas permanentemente violentas, especialmente contra los habitantes de los barrios. Se parecen tanto a los "malandros" en su actuación que lo consagran y legitiman. Hasta hacen que los habitantes de los barrios prefieran a los "malandros" conocidos que a los policías por conocer.

Paradójicamente los agentes policiales son también "gente de barrio", con los mismos deseos de "éxito" que los demás jóvenes y adultos que terminan saltando los impedimentos legales, como los otros, para alcanzar sus ideales. Pero el asunto no se acaba allí. Fuera de los barrios, la corrupción generalizada en las instituciones públicas y aceptada como modo normal de relaciones "de negocios" también privados, hace que el robo y el pillaje a cualquier nivel, el modo social normal de acceso a los bienes y servicios disponibles. Atemorizar, chantajear, agredir, aprovecharse de la posición que se ocupa, robar y matar, terminan convirtiéndose en un ejercicio normal de las relaciones humanas y sociales, usado por igual por "malandros", policías, dirigentes políticos y élites empresariales y en camino del éxito social.

Aquí estamos en el centro del problema. En nuestra sociedad existe una creciente violencia discursiva que invita agresivamente a alcanzar el "éxito", medido en dinero y poder, y ofrece el imaginario y los estímulos adecuados para intentar saltarse impedimentos estructurales tan reales como solidamente asentados.

Esta sociedad excluye violentamente de sus beneficios y de la posibilidad de alcanzar sus ideales a una creciente mayoría de sus integrantes. Mientras esta sociedad invite permanentemente a todos al consumismo, al hedonismo y al desarrollo de sus recursos en modo individualista, crecen los márgenes de pobreza y se alejan para las mayorías las posibilidades de alcanzar esos arquetipos. En este sentido es que hablamos de una sociedad estructuralmente viciada, incapaz de producir la seguridad de sus integrantes ni la justicia en sus relaciones. Fundada en una "cultura de la muerte" que nos envuelve a todos y nos desintegra como personas y cuerpo social.

TRANSFORMAR LA "CULTURA DE LA MUERTE"

De allí que tengamos que caer en la cuenta de que la solución de fondo exige cambiar los fundamentos, estructuras y motivaciones del actual modelo de sociedad. La gravedad de los problemas exige que nos engañemos pensando que puede detenerse el crecimiento de la violencia social, mejorar los niveles de seguridad pública y organizar un sistema judicial garante de un mínimo de justicia sin afectar la constitución estructural de la sociedad en que vivimos, de la base de la producción y distribución de sus recursos, de su régimen político y del imaginario colectivo que modela las conductas de los diversos sectores sociales.

(...) ROMPER LA LÒGICA DE LOS VIOLENTOS.

Dentro de ese cambio estructural de mentalidad se inscribe la necesidad de romper la lógica de los métodos violentos, que lleva a intentar la seguridad y justicia por métodos contraproducentes. Por parte de los cuerpos policiales se vienen proponiendo como soluciones: dejar que los "malandros" de los barrios "se maten entre ellos" y "operativos" periódicos de represión masiva sobre los barrios, y de vez en cuando sobre toda la ciudad.

Reconocer que la primera trae como consecuencia la muerte de personas inocentes, muchas veces niños y ancianos, pero ese es, en esa lógica, el "costo" inevitable. Igualmente, reconocen que las redadas masivas son muy poco efectivas en términos de captura de delincuentes y de mejorar la seguridad pública, afectan a las personas honradas y trabajadoras, pero se continúan haciendo quizás para reforzar los miedos de la gente y mantener la falacia de un combate contra la delincuencia, contra la violencia, con sus mismos métodos.

(...) En las urbanizaciones en las que residen los sectores de mayores recursos, la "autodefensa vecinal" se convierte en costear servicios de protección de compañías privadas de vigilancia. Esta modalidad es una clara expresión del "individualismo" integrante de la "cultura de la muerte", cuya lógica lleva a que cada quien busque solucionar los problemas privadamente y de acuerdo a sus recursos, con lo que queda de manifiesto nuevamente la raíz estructural del problema de la injusticia.

En esa lógica de los violentos se ha llegado a que se extienda el tomarse la justicia por su propia mano, púes la experiencia enseña que la ley no es eficazmente administrada para sancionar a los trasgresores. No hacer nada sería resignarse a la prevalencia del mal y perder toda esperanza. Hacer algo, sin embargo, es una nueva manera de aumentar la violencia incontrolada que puede hacerse incontrolable. A contrapelo de una profunda tradición humanitaria venezolana, ha venido ganando terreno en los últimos meses la petición de aprobar la "pena de muerte". Aunque esta solución ha fracasado en los países donde existe desde hace siglos.

(...) Muchas veces la magnitud y complejidad de este problema nos abruma de tal manera que termina paralizándonos. Si nos hundimos en ese tipo de actitud más bien contribuimos a posponer la solución. De esa manera se renuncia expresamente a preguntarse las razones de fondo del crecimiento de la violencia y de la inoperatividad de los mecanismos públicos de justicia y seguridad. (...) Al Estado le corresponde cumplir con su responsabilidad: asegurar la justa redistribución de los recursos sociales, especialmente a través de una eficiente red de servicios públicos a la que accedan todos los integrantes de la sociedad, especialmente los sectores empobrecidos. Está demostrado fehacientemente que a medida que crece la pobreza aumenta la criminalidad. Sin embargo, mucho se puede avanzar mientras se reponen los cimientos del conjunto social. La policía debe profesionalizarse junto con un aceptable sueldo, para que mejore y pueda minimizarse lo represivo y se especializa la "inteligencia" las buenas relaciones con la población y el castigo eficaz de los delincuentes.

En este mismo orden de ideas es necesario desarmar a la población. No podemos seguir permitiendo que los habitantes de las ciudades, pobres y ricos, estén armados para una guerra fratricida. En este sentido hay que comenzar por crear conciencia de que la (...) Por la enorme incidencia que tiene el tráfico de drogas en el aumento de la violencia cotidiana y en el uso de las armas, es urgente desmantelar su red de distribución.

Una labor de inteligencia policial, apoyada en la presión social de los vecinos, puede desmantelar esa red si se cuenta con la decisión política y la ética social capaz de penalizar judicialmente a quienes se dedican a esa actividad ilícita y antihumana. Se debe aplicar con más rigor cuando están implicados los policías, jueces, funcionarios del Estado o padrinos políticos de cualquier nivel, alcahuetes de un cáncer que devora los núcleos vitales de la convivencia social. (...) Asumir la responsabilidad ciudadana para enfrentar la violencia exige conjurar el miedo y nos lleva buscar solucionar cada uno por separado su propia seguridad, para construir la tranquilidad y la paz que deseamos con un "nosotros" solidario. Responsabilizarse como ciudadanos por la paz, es también tratar de redimir a los violentos e integrarlos a la convivencia. Aunque esto último suene a música celestial, es parte de la lucha integral a favor de la paz y en contra de la violencia, partiendo de la base que no habrá paz sin justicia social.

No debemos olvidar que la educación es un instrumento clave e inagotable para alcanzar una sociedad justa, para que viva en paz. Educar para una convivencia cuya responsabilidad es compartida es una tarea urgente si de verdad queremos poner las bases culturales de una sociedad humana. Nuestro sistema educativo en lugar de solidificarse se ha ido debilitando. Nuestros maestros y profesores ya no son modelos de sabiduría, ni son socialmente estimulados en su difícil acción, que, además, deben realizar en malas condiciones físicas y recibiendo una indigna remuneración. Nuestras familias no cumplen cabalmente el papel de promover los valores de la comunicación entre sus miembros y la participación en las decisiones que las afectan. (...) Todos y cada uno tenemos una responsabilidad (...)

La Administración de Justicia. El Poder Judicial ha sido fagocitado por el totalitarismo pragmático de los partidos políticos, particularmente a través de los mecanismos para la selección de jueces y de magistrados, hasta de la Corte Suprema. A esta dependencia estructural, hay que añadir que se haya sometido a un sistema generalizado de prácticas de presión, incluso a través de los mismos medios de Comunicación Social, que lo convierten frecuentemente en instrumento del poder de las élites políticas y económicas.

La creación del sistema judicial, concentrado y vertical, concebido como monopolio del Estado y reservado al Poder Nacional, facilita esta instrumentación. La Corte Suprema funciona como tribunal cotidiano plural, en vez de como Tribunal Supremo, en menoscabo de la jurisdicción de los tribunales de primera y segunda instancia, acrecentando así la centralización. Al tiempo que ocurren tales deficiencias en la constitución del Poder Judicial, éste no tiene los recursos suficientes para operar. Al sistema penitenciario se critica especialmente por su corrupción y por su incapacidad para cumplir la función de tratamiento del delincuente con vistas a su reinserción. Ese tratamiento es tan urgente como un trato humano a los presos, que en las actuales situaciones de reclusión se ven degradados en su dignidad como personas, por hacinamiento, el ocio y la violencia interna en los penales.

Respecto a las fuerzas de seguridad pública, el consenso es muy grande. Se acusa la desviación de las fuerzas policiales de su función de prevención criminal, hacia el mantenimiento del orden en manifestaciones, el operativo de represión generalizada y las funciones de escolta.

A esta mala situación se agrega la corrupción en los cuerpos de seguridad del Estado, generalizada en algunos, en parte explicable por la baja calidad de vida de sus integrantes. Esa corrupción va más allá del "matraqueo"; se extiende hasta la participación de algunos funcionarios en el contrabando, en el tráfico de armas y de drogas. Todo ello tiene sentido dentro del actual esquema de militarización de todas las fuerzas de seguridad, que genera un tratamiento a la población dentro del esquema amigo- enemigo, violento y generador de violencia, inspirado en la doctrina de Seguridad Nacional". Actualmente, muchos de estos problemas de seguridad pública y tratamiento de la delincuencia, han sido disminuidos por la Revolución Bolivariana pero reconocemos que todavía falta mucho por hacer. .

Este Encuentro Nacional de la Sociedad Civil se celebró desde el lunes 10 de mayo de 1994, hasta el 15 de mayo, en la Universidad Católica Andrés Bello. Los ponentes: Emeterio Gómez, Eduardo J. Ortiz, Gustavo García.

REPUNTE DE LA ECONOMÌA VENEZOLANA

Debemos recordar que veníamos de diecisiete años continuos de descenso en el poder adquisitivo de los venezolanos, desde los años 80 hasta la llegada de Chávez. Con el precio del barril petrolero de 10,60 dólares por barril, producto de una equivocada política petrolera, basada en el sobreproducción en detrimento de los precios. El déficit fiscal se ubicaba en febrero de 1999, por encima del 7% del PIB. Un desempleo del 17% y las tasas activas por encima del 75%, con una contracción de la economía. La situación económica, social, ideológica, moral y política estaba en crisis, el 75 por ciento de la población estaba subalimentado y el 64 por ciento percibía ingresos que lo ubicaban en niveles de pobreza crítica. El 78 por ciento de las familias devengaba remuneraciones por debajo de los márgenes de subsistencia.

En el año 2000 se estableció un nuevo modelo de desarrollo económico. "Hacer converger la mano invisible del mercado con la visible del Estado, en un espacio donde exista tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario". Se logró la reactivación económica con un descenso de la inflación, la creación de riqueza y nuevos empleos y la reconstrucción de las zonas afectadas por el peor desastre natural de la historia del país, en los estados Vargas, Miranda, Falcón, Zulia y Táchira. Se puso en marcha el Plan Bolívar 2000, con la participación del componente militar y la ciudadanía, para atender a la población en estado de pobreza extrema, mejorando la educación, salud y vivienda. Se alcanzaron acuerdos internacionales en el seno de la OPEP para reducir la producción y logró aumentar el precio del petróleo. Se inició una política exterior independiente.

Las estadísticas del BCV del 2001, indican que la economía había crecido 2,7%, con respecto al año 2000, lo cual demuestra una disminución en caída del crecimiento económico de los últimos doce años. El crecimiento positivo de 2001, incidió en la disminución del desempleo, del 14,5% para abril a 13,3% para junio. En el sector construcción disminuyo del 24,8% a 7,6% para junio.

German Saltrón Negretti deja constancia que debido a estos logros políticos, económicos y sociales, el gobierno de EE.UU y la oposición venezolana adelantaron una conspiración contra el presidente Chávez, e insurgieron con el golpe de Estado del 11 de abril de 2002. Lograron controlar el poder por dos días con las desastrosas consecuencias económicas para el país. El gobierno del Presidente Nicolás Maduro Moros y la mayoría de los bolivarianos que lo acompañamos reconocemos que no hemos logrado superar todos los problemas que tiene la República Bolivariana de Venezuela, pero hemos logrados cumplir cinco metas del milenio de Naciones Unidas del año 2000 y estamos en la escala de desarrollo humano alto según el informe de derechos humanos del año 2014 de Naciones Unidas. En la IV República estabámos en desarrollo bajo.



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German Saltrón Negretti

Defensor de los Derechos Humanos.

 germansaltronpersonal@gmail.com

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